CSIF exige explicaciones y actas de la promoción de la Policía Municipal de Valladolid tras la denuncia de irregularidades

CSIF solicitó esta semana la documentación del expediente de los procesos selectivos para la provisión, mediante promoción interna, de plazas de inspector/a y subinspector/a de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Valladolid así como sus documentos electrónicos asociados, incluidas las actas firmadas del tribunal calificador, anexos, hojas de valoración, convocatorias y antecedentes formalmente incorporados al procedimiento.

El sindicato considera “inadmisible” que se hayan aplicado criterios diferentes en procesos con bases sustancialmente idénticas y que el cambio de criterio del tribunal calificador se haya fundamentado en una sentencia del Tribunal Supremo que no ha podido ser localizada, informa Ical.

Según la información “minuciosamente analizada” por la organización, “las irregularidades en ambos procesos se han sucedido una tras otra”. CSIF señala en un comunicado que toma esta iniciativa tras la denuncia pública de varios aspirantes y la petición expresa, por parte de los afectados, de explicaciones.

El proceso, apuntan, se inició acorde a lo establecido en en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público para este tipo de procesos, incluido el hecho de que el tribunal calificador aplicara inicialmente de manera estricta el límite máximo de 25 folios establecido en las bases para la presentación de la memoria profesional, excluyendo del ejercicio oral a cinco aspirantes en el proceso de subinspector por haber superado dicha extensión. Sin embargo, comenzó a tambalearse la legalidad al día siguiente, cuando se aplicó un criterio diferente en el caso de las plaza de inspector, cuyas bases son sustancialmente idénticas, permitiendo realizar la prueba oral a aspirantes que habían superado el límite de extensión establecido en las bases.

Para continuar con la “alteración voluntaria e intencionada del procedimiento”, detallan, posteriormente, se volvió a convocar a las personas inicialmente excluidas del proceso de subinspector, concediéndoles una nueva oportunidad para realizar una prueba que el resto de los aspirantes ya había efectuado y obviando la causa de la exclusión inicial -que no cumplían el requisito de las bases de la convocatoria, la extensión de la memoria profesional-.

Para CSIF, esta sucesión de decisiones “contradictorias e irregulares” resulta difícilmente compatible con la legalidad del proceso, la igualdad de trato y la imparcialidad, puesto no ha existido una aplicación uniforme de las bases. Además, el cambio de criterio se habría producido cuando ya era conocida la identidad de las personas afectadas, circunstancia que incrementa la preocupación y hace imprescindible una explicación pública, completa y documentada.

La gravedad de los hechos, explican, aumenta después de conocerse que la Resolución del Órgano de Selección de 4 de agosto de 2026 habría fundamentado el cambio de criterio en una supuesta sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2022, correspondiente al recurso de casación número 1823/2019. Tras las comprobaciones efectuadas por CSIF, no se ha podido localizar ninguna resolución que coincida con esos datos y que guarde relación con procesos selectivos, memorias profesionales o límites de extensión de los ejercicios.

“De confirmarse que una resolución administrativa ha sido motivada mediante la cita de una sentencia inexistente, incorrecta o ajena al asunto resuelto, estaríamos ante unos hechos de extraordinaria gravedad que no pueden reducirse a un simple error material ni quedar sin una investigación exhaustiva”, apuntan y exigen al Ayuntamiento de Valladolid la apertura inmediata de una investigación interna, rigurosa e independiente sobre todas las actuaciones realizadas por el tribunal calificador en ambos procesos selectivos, especialmente de los acuerdos adoptados y del cambio radical respecto al límite máximo de extensión de las memorias.

“La revisión de todas las actas es clave para esclarecer el motivo de esta sucesión de disparates” advierte CSIF y exige la depuración de todas las responsabilidades que pudieran corresponder y una explicación pública y transparente “que permita recuperar la confianza de los aspirantes, de la plantilla de la Policía Municipal y del conjunto de los empleados públicos del Ayuntamiento” además de no descartar acudir a los tribunales.