Penas de hasta 20 años de cárcel a un grupo por prostituir a mujeres con rituales de vudú en Valladolid y Salamanca

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado, en ratificación de sentencia, a cuatro nigerianos, dos mujeres y sus dos hermanos, a penas que suman los 45 años de prisión por engañar a cuatro jóvenes compatriotas para prostituirlas en Valladolid los fines de semana y en Salamanca el resto de días, bajo el dominio de rituales de vudú. También una de ellas fue obligada a trabajar en un club de alterne de Zamora.

Los condenados son la mujer J.O. (líder del grupo) y su hermano D.O. (uno de los supuestos ‘controladores’), así como a F.CH.I. (una de las ‘mamis’) y su hermano G.I. (otro ‘controlador’). La cabecilla del clan, que utilizaba rituales de vudú para coaccionar a sus compatriotas, ha sido condenada por tres delitos de trata de seres humanos relacionados con la prostitución a razón de seis años y medio de cárcel por cada uno de ellos, además de medio año por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que su pena asciende a 20 años en total.

Su hermano D.O. ve confirmada su sentencia de cinco años y medio de prisión por cada uno de los dos delitos de trata de seres humanos demostrados y seis meses más por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por lo que deberá cumplir un total de once años. Entre ambos, deben asumir más de 84.000 euros en concepto de distintas indemnizaciones a las víctimas por las secuelas físicas y psíquicas, en distinto grado, que presentan.

La segunda mujer F.CH.I. está considerada autora de un delito de trata de seres humanos con fines de prostitución por el que deberá cumplir seis años y medio de cárcel, a los que hay que añadir un años por el delito de falsedad. En último término, el hermano de ésta G.I., también condenado en la trama, es considerado responsable de un delito de trata por el que deberá asumir cinco años y medio de cárcel, y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que le espera medio año más. Las indemnizaciones correspondientes a ambos ascienden a cerca de 50.000 euros.

Testigos protegidas

Así lo refleja la sentencia 287/2026 del Supremo, a la que ha tenido acceso este diario, que confirma la que dictó la Audiencia de Salamanca en noviembre de 2022 (una resolución que absolvió a otros dos acusados) y luego ratificó íntegramente el TSJCyL, en octubre de 2023.

Los hechos arrancaron en 2016 cuando la Brigada de Extranjería de Salamanca y la Brigada Central contra la Trata de Seres humanos tuvieron conocimiento de la denuncia de la sobrina de una de las víctimas en la que expuso que varias mujeres nigerianas habían sido captadas para ser trasladadas a España y, una vez aquí, forzadas para su explotación sexual.

La Policía Nacional constató que, al menos tres ellas, que pasaron a ser declaradas testigos protegidas, fueron captadas por una mujer en Nigeria para su hermana, la jefa del clan J.O., con domicilio en Salamanca. Y el viaje a España lo hicieron acompañadas por el hermano de la anterior, el también condenado D.O.

Llegaron a España en patera

El traslado de estas mujeres fue realizado «en condiciones penosas», atravesando Nigeria, y Libia, después, viaje en patera por el mar, y llegada a las costas de Italia, para luego pasar a Francia, antes de llegar a España. Una vez en Salamanca, las atribuían una deuda, que debían de satisfacer mediante el ejercicio de la prostitución, amén de otra cantidad al mes como pago de alojamiento y comida. Así, los proxenetas señalaban las tarifas a cobrar a los clientes para ir detrayendo dicha deuda.

El Tribunal Supremo considera probado que las tres víctimas que testificaron en la sala llegaron a prostituirse, de lunes a viernes, en diversas calles de los extrarradios de la ciudad de Salamanca, en el barrio de Buenos Aires y Tejares, y los fines de semana los hacían en la ciudad de Valladolid, durante horarios muy amplios, sin poder negarse a atender a los clientes. Al final de cada jornada debían de entregar todo el dinero obtenido.

La denuncia de la sobrina de una de las víctimas dio pie a una investigación que concluyó a finales de diciembre del año 2017, cuando la Policía Nacional irrumpió en dos inmuebles de la calle Topacio y el paseo de la Estación de Salamanca y detuvo a los responsables, liberando a las víctimas.

La investigación policial se topó no solo con el desamparo absoluto de las víctimas, si no con un sistema de coacción basado en rituales a los que no eran ajenas las mujeres, por ser parte de su cultura. La sentencia del TS refleja que los cuatro acusados imponían presión, sumisión y doblegamiento de la voluntad de las mismas mediante el sometimiento de las prácticas rituales muy enraizadas en su país, cuales las del ‘vudú -yuyu’, a través de las cuales aquéllas obedecían sus instrucciones y mandatos (entre ellos el de no acudir a la Policía) ante el temor sentido de que, de no atenderlas, tanto ellas como los miembros de su familia podrían sufrir males en su salud física o mental o, incluso, la muerte.

Sacrificio de animales 

Prácticas rituales que se realizaban con mezcla de fluidos corporales, cabello o pelo, sangre, procedente del sacrificio de un animal como una gallina, con el juramento correspondiente de pagar una deuda, a las que se vieron sometidas en Nigeria, antes de su traslado a España.

Ya en Salamanca, en el domicilio de la líder del clan, ésta las conminó al ejercicio de la prostitución para su beneficio, para lo cual las fijó una supuesta «deuda» en torno a los 20.000 o 25.000 euros, según los casos, que debían de satisfacer y saldar mediante el ejercicio de la prostitución, amén de otra cantidad al mes como pago de alojamiento o comida, señalándoles las tarifas o precios a cobrar a los clientes o modo de vestirse.

Órdenes a las que no pudieron negarse, pese a no aceptar dicho ejercicio, «dada su pobreza y carencia de recursos y, sobremanera, por el temor a que por el ‘vudú-yuyu’ la amenaza sobre ellas o su familia pudiera ejecutarse, máxime cuando en algunos casos el ritual se renovó o volvió a repetirse en la vivienda de la líder en Salamanca, aparte de recibir amenazas de maltrato», señala el TS.