Diario de Valladolid

REFORMA TEATRO LOPE DE VEGA

Cuatro imprevistos obligan a elevar el presupuesto del teatro Lope de Vega en 1,3 millones

La aparición de restos arqueológicos, deficiencias estructurales, imprevistos con el suelo y una nueva normativa sobre gases amplían el coste de las obras del teatro hasta los 14,7 millones de euros

Imagen de la rehabilitación de las obras del teatro Lope de Vega

Imagen de la rehabilitación de las obras del teatro Lope de VegaPHOTOGENIC

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Valladolid

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El Ayuntamiento de Valladolid tendrá que rascarse más los bolsillos para completar la reforma del teatro Lope de Vega. Durante la reforma que se lleva a cabo desde 2024 han surgido diversos imprevistos que han obligado a realizar un modificado en la obra por valor de 1,3 millones de euros que se deberán sumar a los 13,4 millones que adjudicó el consistorio a la UTE Obrascón Huarte Laín, S.A. - Cabero Edificaciones, S.A. En total, la cifra asciende a los 14,7 millones de euros.

El pasado 2 de febrero de 2026 el director facultativo del contrato presentó una solicitud para iniciar el expediente de modificación por la aparición de cuatro imprevistos en las obras de restauración del teatro más antiguo de la ciudad.

El primero de ellos es sobre la aparición de restos arqueológicos «no previstos». Durante los trabajos de excavación en la planta sótano en la zona de Veinte de Febrero, de la torre escénica y del módulo de camerinos aparecieron «restos arqueológicos de sustancial importancia, de alcance mayor al previsto en el proyecto». Unos restos que, como ya publicó este periódico, se tratan de las ruinas de un antiguo convento. Una aparición que obligó a que las labores de  seguimiento se realizaran según las instrucciones de la Autorización de la Comisión Territorial de Cultura de la Junta. Esta situación conlleva «un importante incremento en las labores de supervisión y seguimiento arqueológico» y más importante, los movimientos de tierra «se han de realizar de forma totalmente manual para respetar los restos arqueológicos encontrados». Nada de maquinaria pesada. A mayores, estos restos se deben sacar de ahí, documentarlos y clasificarlos para llevarlos al Museo de Valladolid.

El segundo problema que ha aparecido en la rehabilitación, tal y como se expone en el acuerdo de la Junta de Gobierno de este martes, es la «aparición de características del suelo diferentes a los previsto en el proyecto». El citado documento explica que durante la excavación «la cota del estrato (nivel de elevación de una capa) varía con respecto a las previsiones iniciales en algunos puntos».

Se detectó una «diferente configuración geofísica de los terrenos en la zona de camerinos y bajo el escenario, lo que obliga a modificar la cimentación prevista». Por ello se optó por realizar «pozos de cimentación bajo las zapatas corridas para alcanzar la cota de terreno firme».

A mayores, «la complejidad técnica de ejecución y las características del suelo» motivaron una reducción de la superficie del sótano. Se decidió concentrar los cuartos de instalaciones y almacenes en la zona de bajos camerinos y eliminar «parte de la superficie del sótano en la zona de Veinte de Febrero, donde la excavación podría comprometer la estabilidad de la fachada».

«Las características del terreno son distintas a las previstas en el proyecto original», detallan en el acuerdo de la Junta de Gobierno, y se determinó la «necesidad de modificar la forma de ejecución de la cimentación del edificio, respecto a la prevista inicialmente, a fin de garantizar la seguridad y estabilidad de la construcción».

En tercer lugar, aparecieron «deficiencias estructurales diferentes a lo previsto» en el proyecto inicial. Nuevo imprevisto que ha motivado cambios en la rehabilitación del histórico inmueble de la calle María de Molina que cerró sus puertas en el año 2000.

«Al avanzar en las labores de demolición se pone de manifiesto que la realidad estructural del edificio difiere en ciertos puntos respecto a las previsiones iniciales», detalla el documento de la Junta de Gobierno Local. Así, aseguran que «el edificio se encontraba al borde del colapso estructural en muchas de sus zonas, lo que obliga a replantar la forma de llevar a cabo la demolición». Sostienen que no es posible realizar la demolición en una sola fase y se deben intercalar las demoliciones parciales: «Cada demolición de forjado debe venir precedida por la consolidación y refuerzo de los muros inferiores que lo sustentan, evitando el colapso de estos muros», detallan sobre la solución técnica para solventar este imprevisto.

Otra «deficiencia» nace de los muros estructurales, cuando se picó el revestimiento de yeso se descubrió la «desconexión de los materiales empleados, existiendo zonas realizadas con ladrillos de adobe y detectándose grietas verticales en las zonas de ladrillo».

En el proyecto original se preveía «la reutilización de un gran número de cerchas y vigas de madera», pero tras analizarse «se detecta que no son aptas para ser reutilizadas con uso estructural» porque muchas «presentan patologías no recuperables» por lo que deben ser sustituidas.

El siguiente punto que ha provocado ese modificado es por una normativa europea. El Reglamento europeo sobre gases fluorados establece que desde el 1 de enero queda prohibida la instalación de nuevas celdas con SF6 (hexafluoruro de azufre) en tensiones menores o iguales a 24Kv con la única excepción de los pedidos emitidos antes del 11 de marzo de 2024. El proyecto de obras se firmó en noviembre de 2023, anterior a la fecha permitida y no contempla dicha circunstancia: «Resulta necesaria su modificación para adaptar la obra a la tecnología sin Hexafluoruros SF6». Si no se realiza esta última modificación, «las instalaciones no podrían ser puestas en funcionamiento», advierte el acuerdo.

«En todos los casos se trata de circunstancias sobrevenidas, que no pudieron ser tenidas en cuenta por la Administración en el momento de la licitación del contrato», defiende el Ayuntamiento y entiendo que los hechos que motivan la modificación «se han puesto de manifiesto con posterioridad al inicio de su ejecución» y que «no pudieron ser conocidas en el momento de licitar el expediente de contratación de las obras».

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