Los sindicatos alertan del «colapso» en los juzgados con el nuevo tribunal de Instancia de Valladolid

Era previsible, pero el resultado del nuevo sistema de ‘eficiencia judicial’, que aireó a los cuatro vientos el ministro socialista Félix Bolaños, está siendo letal para el funcionamiento de la Justicia en Valladolid.

El Tribunal de Instancia fue creado para imprimir «eficiencia» a la Administración de Justicia, pero el resultado, de momento, al menos en el caso de Valladolid y en otros partidos judiciales de Castilla y León, es que solo ha traído caos e indignación al personal de Justicia, por falta de medios e información de los nuevos cometidos, improvisación y fallos en los programas informáticos.

El delegado de CSIF Justicia Valladolid, Juan José Banciella, denuncia, de entrada, la «falta de coordinación» para implementar un cambio organizativo tan complejo. «Está siendo una implantación caótica. El sistema hace aguas por todas partes y que conste que la Gerencia Territorial está haciendo lo que puede con sus medios. Ya advertimos al Ministerio que esto iba a ser muy precipitado y que se precisaba de una prórroga de seis meses, y los peores augurios se están cumpliendo», aseguró Banciella.

«Partíamos ya de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el el partido judicial de Valladolid que está infradotada, ya que son necesarios, al menos, tres jueces más de primera instancia en Valladolid, otro de Instrucción y la implantación de guardias de 24 horas», censuró.

«Para todo Valladolid, con toda la dispersión existente en varias sedes de Angustias, San Blas, Rosarillo, San José y Nicolás Salmerón, solo hay dos personas de atención al público ¡¡y están en una planta alta del edificio de Nicolás Salmerón!!», se quejó, irónico, el delegado de CSIF.

Otros puntos de denuncia son la ausencia de información al usuario y a los profesionales como abogados y procuradores. «La gente no sabe dónde ir porque está acostumbrada a la antigua estructura de juzgados. Hay compañeros indignados porque se sienten como muebles. Se les ha movido dos veces y está prevista una tercera. Hay salas abarrotadas de personas. Hemos pedido a la unidad de coordinación de riesgos laborales que parase los movimientos hasta que no diese traslado de las evaluaciones de riesgo y la respuesta del Ministerio ha sido el silencio», se quejó.

Todo ello sin olvidar que no hay reconfiguración de las impresoras, no existe un nuevo directorio de teléfonos, los programas informáticos fallan y los equipos de trabajo, que deben estar juntos, se reparten en distintas plantas.

«Hay funcionarios que no tienen la equipación completa para trabajar, equipos de trabajo separados, hay juzgados con trabajadores de espaldas a la pared, sillas sin ruedas. En Nicolás Salmerón se ha instalado un sistema de iluminación que deslumbra», se quejó.

Sin planificación

CCOO Valladolid también mostró ayer a este diario su profunda crítica a la entrada en servicio con calzador del Tribunal de Instancia de Valladolid. En concreto, denunció el «colapso organizativo y la falta de planificación estructural en los juzgados de Valladolid tras la implantación de la Ley de Eficiencia Organizativa».

A su juicio, se trata de una norma «impuesta sin planificación previa, sin un estudio serio de las necesidades reales de la Administración de Justicia y sin dotación presupuestaria suficiente».

A su juicio, el Ministerio no solo ha ignorado estas conclusiones, «sino que ha optado por una política de reorganización interna a coste cero, basada en la redistribución de personal sobrecargado, sin reforzar plantillas, sin crear nuevos órganos judiciales y sin atender las necesidades específicas de cada territorio».

Comisiones Obreras recalca que las incidencias más graves se están registrando ahora mismo en la reubicación de los funcionarios en sus nuevos puestos, que en una ciudad como Valladolid, con la dispersión de sedes judiciales existente, hace que la situación sea todavía más compleja que en otra ciudades.

CCOO Justicia Valladolid denuncia que la redistribución del personal y de las cargas de trabajo se han llevado a cabo «sin un estudio previo serio por el Ministerio», sin datos objetivos y sin escuchar las reclamaciones de los representantes sindicales.

A su juicio, el caos organizativo en Valladolid se agrava por la falta de medios materiales y de comunicación «Hay teléfonos que no funcionan, otros no se atienden, y eldirectorio telefónico y de correos electrónicos del Ministerio de Justicia no ha sido actualizado. El resultado es que, si antes era difícil para la ciudadanía y los profesionales obtener información sobre sus asuntos, ahora el sistema se ha convertido en un auténtico laberinto, sin responsables claros ni canales eficaces de comunicación.

A ello se suma la inexistencia de formación presencial para el personal afectado por los cambios organizativos. El Ministerio ha retirado a la persona encargada de impartir dicha formación y no ha designado sustitución alguna, dejando a las trabajadoras y trabajadores sin apoyo ni instrucciones claras para desempeñar sus nuevas funciones.

En el ámbito informático, la dotación existente resulta claramente insuficiente. Estos profesionales aún no han podido atender las necesidades reales de los juzgados, mientras persisten fallos en los programas informáticos que dificultan gravemente el trabajo diario.