Familia activa en Valladolid la mudanza a plaza Madrid para ahorrar 1,2 millones al año en alquiler

El movimiento de cajas ya ha comenzado en las dependencias de Francisco Suárez donde la Gerencia de Servicios Sociales, vinculada a la Consejería de Familia de Castilla y León, lleva viviendo en alquiler desde hace casi tres décadas. Fue en 1997 cuando se instalaron en esta antigua zona de fiesta conocida como ‘El Cuadro’ mediante el arrendamiento de varios locales y desde entonces llevan allí como inquilinos, aunque tienen ya la vista puesta en la mudanza a la plaza de Madrid para ocupar el recién remodelado edificio donde estuvo en su momento la Agencia Tributaria.

En enero ya está previsto que empiecen a migrar de forma paulatina algunos servicios de la Gerencia al céntrico inmueble situado entre las calles Dos de Mayo y Muro, con intención de que el traslado esté completo en verano, según confirmaron fuentes de la Consejería de Isabel Blanco. Será entonces cuando la Junta pueda ‘devolver el manojo de llaves’ a los dueños de los locales en los que están ahora.

En total han ocupado nueve espacios de diferentes propietarios en la calle Padre Francisco Suárez y aledaños –entre oficinas y garajes–, por los que el último ejercicio con cifras cerradas pagaron 1,2 millones de euros, según la información correspondiente con 2024. Esa cifra de 1,2 millones es lo que se van a ahorrar cuando se cambien al antiguo edificio de Hacienda, puesto que dejarán de pagar alquiler para asentarse en un inmueble en propiedad.

Por el momento han empezado a finiquitar algunos de los contratos que vencían por estas fechas. Es el caso de un local arrendado a Quadro Estudio y de otro propiedad de la sociedad Ibervalles Socimi, cuyas puertas ya se han cerrado. Respecto a los servicios que se prestaban en estos espacios recién clausurados, fuentes de Familia aclararon que no ha sido necesario ‘hacer hueco’ a funcionarios en los entornos que siguen en funcionamiento porque en un caso se trataba de un almacén y en el otro había un despacho de informática que se ha llevado a la calle Mieses, donde se ubican los servicios centrales de la Consejería.

Concluidos esos dos contratos de alquiler, quedan vigentes todavía otros siete: dos con Ibervalles, tres con la comunidad de propietarios del edificio ‘La Riberilla’, uno con Mercomedina y otro con COBAN-TEDMED. El sumatorio de los que ahora mismo continúan activos se cifra en 1.127.921,16 euros.

Llegada la hora de preparar la maleta parece buen momento para hacer balance del dinero que ha tenido que desembolsar la Junta de Castilla y León por la sede que han estado ocupando desde 1997 en Francisco Suárez pero el área de Isabel Blanco alegó que no han realizado ese cálculo y remitió la consulta a la información albergada en el apartado web de Datos Abiertos, donde no hay constancia de una fecha tan lejana.

Sin posibilidad de ofrecer un cómputo real, la única opción es recurrir a 'la cuenta de la vieja' y multiplicar los 1,2 millones de euros que pagaron en 2024 por los veintiocho años que llevan allí, lo que arroja un resultado cercano a los 34 millones. Lógicamente se trata de una aproximación inexacta, pues el IPC y el mercado inmobiliario han variado mucho en este tiempo –tanto, que los contratos iniciales se firmarían en pesetas–, pero sí permite poner de relieve el importante gasto que ha supuesto para las arcas públicas autonómicas el hospedaje en renta, mientras la construcción de una nueva sede en Arturo Eyries se ha quedado dos veces encallada en la fase de proyecto.

La primera vez que se anunció esta posibilidad, la previsión era que las obras salieran a licitación a principios de 2010 con el objetivo de que estuvieran culminadas en 2013. Pretendían agrupar todas las dependencias de Familia, es decir, las de Francisco Suárez y las de Mieses –que también las tienen en alquiler, con casi 700.000 euros anuales de desembolso según la última actualización–, en un único edificio cuyo coste estimaron en 28 millones de euros. Así, dejarían de ser la única Consejería que no tenía ‘casa propia’.

El anuncio quedó arrinconado y no se rescató hasta principios de 2023, cuando se contrató al mismo estudio de arquitectos que había diseñado el edificio original una década antes, a fin de que lo actualizara y redujera un tercio sus dimensiones, con un coste en esta ocasión de 30 millones de euros. La intención de la Junta parecía firme, pues en el expediente dejaban claro que querían empezar las obras en 2024 y terminarlas en 2027, pero por segunda vez han echado el freno y han aparcado sine die la construcción.

De hecho, a pesar de que la Junta de Castilla y León negara en varias ocasiones que los funcionarios de Familia se fueran a trasladar al edificio de la plaza Madrid porque no había espacio suficiente para todos, insistían, finalmente han cambiado de idea y el espacio lo ocupará la plantilla de la Gerencia.

En total, calculan que en torno a 280 empleados se irán al emblemático edificio donde estuvo la Agencia Tributaria una vez finalice la reforma y se amueble el interior. Desde enero hasta verano de 2026 se hará el traslado de forma escalonada y, cuando se complete, la Consejería dará por cumplido uno de sus objetivos, en el sentido de que al menos una parte de los servicios se prestarán desde una sede en propiedad.

Sin embargo, quedará pendiente el reto de acabar con la dispersión de sedes –pues funcionará una en plaza de Madrid y otra operará en calle Mieses– y el de ahorrar en alquileres. Son las razones que esgrimió la Junta cuando contrató la actualización del proyecto para erigir el edificio de Arturo Eyries, según razonan en la documentación.

Necesitaban construir «un edificio administrativo como futura sede de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y su organismo autónomo, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, en sustitución de las sedes actuales, que se ubican en dos edificios y varios locales ocupados en régimen de arrendamiento» porque «con el transcurso del tiempo», los «edificios arrendados» en Francisco Suárez y Mieses habían «dejado de ser idóneos para el uso administrativo» porque «sus espacios, además de resultar inadecuados, inapropiados y alejados entre sí», eran «insuficientes en cuanto a superficie» y no cumplían «los requisitos mínimos de ahorro y eficiencia energética».

En apenas dos años este argumentario ha dado un vuelco y ahora toca esperar, quién sabe cuánto, para ver si hay un tercer intento de erigir las dependencias de Arturo Eyries que permitan aglutinar a los aproximadamente 600 empleados de la Consejería.