La reforma del edificio de Hacienda en Valladolid se eleva a 19 millones tras otro imprevisto

El edificio de la antigua sede de Hacienda de la plaza Madrid sufre más achaques de los que reconocían los informes iniciales y tendrá que someterse a más intervenciones de las previstas, con el correspondiente sobrecoste que eso supone para las arcas autonómicas, aunque parece que el contratiempo no afectará al traslado de funcionarios de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que serán los nuevos inquilinos, según adelantó este periódico.

Ya en el primer trimestre del pasado año la Junta de Castilla y León –propietaria del vetusto inmueble– tuvo que añadir 2,8 millones de euros a los 14 millones por los que se habían adjudicado las obras de rehabilitación, para afrontar problemas en la cimentación, y ahora tendrá que inyectar otra partida de 1,9 millones para reforzar las arcadas del patio y renovar las líneas eléctricas de media tensión.

Estas dos modificaciones suponen que el desembolso total de la reforma del céntrico edificio ubicado entre las calles Dos de Mayo y Muro se eleva ya a los 18,8 millones, es decir, prácticamente cinco millones más de lo consignado cuando comenzaron estos trabajos destinados a modernizar unas dependencias que llevaban cerradas desde 2014, cuando la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Valladolid cambió de ubicación y el Estado traspasó la propiedad al Gobierno Autonómico.

Después de ocho años yermo, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León contrató a la empresa San José por 14 millones de euros para la restauración, con el objetivo de aprovechar el espacio para uso administrativo, pero finalmente, y si no hay más cambios al alza, la cifra se elevará un 34%.

Además, no hay que obviar que el incremento presupuestario asociado a los nuevos problemas detectados no sólo tiene implicación económica en las obras en sí, sino también en la redacción del propio proyecto y la dirección y de obras, de la que se encarga la UTE formada por Ábalo Arquitectura e Ingeniería y por Cabanillas Arquitectos. Aunque el contrato para este proyecto se rubricó (allá por 2020) por 361.292 euros, el primer modificado se tradujo en un ‘extra’ de 58.443 euros y el segundo –en el que están inmersos–, de 26.176 euros. Así que ya roza los 446.000 euros, un 24% más.

Más allá de la repercusión económica, el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo prevé que los plazos de ejecución también se puedan dilatar otros cuatro meses, lo que implicaría que las obras, en vez de concluir en septiembre de este 2025, se alargarían hasta enero del próximo año. Se trata de la nueva ‘fecha oficial’ que hay sobre la mesa, pero la empresa que se está encargando de los trabajos de ejecución es optimista y sí considera que puedan terminar tras el verano.

Aunque sí sea, hay que recordar que, si se hubiera cumplido el calendario inicial, la rehabilitación de este emblemático inmueble de 7.200 metros cuadrados tenía que haber finalizado en marzo de este año. Es decir, a estas alturas ya tenía que estar listo para su nueva vida. Pero con el primer modificado –el correspondiente con refuerzos en los cimientos y la estructura–, se amplió el margen seis meses y se pasó de los 30 meses de obras que calcularon al principio, a los 36.

El segundo modificado, insistieron desde la Consejería de Economía y Hacienda, no parece que se vaya a traducir en una dilación, según les han trasladado los responsables de la constructora, pero sí ha trastocado los ritmos de trabajo, pues se añaden tareas que no se habían contemplado. Según explicaron desde el departamento de Fernández Carriedo, tienen que renovar todas las acometidas de media tensión del edificio y modificar las proporciones de las arcadas del patio, conforme a criterios técnicos.

«Es una actuación que resulta necesaria e imprescindible para proseguir con las obras ya iniciadas de rehabilitación integral del edificio administrativo para su posterior puesta en uso», expresa la documentación que acompaña a este expediente.

No parece, en todo caso, que el retraso vaya a afectar al traslado de los nuevos ocupantes que devolverán a la vida este edificio diseñado por el arquitecto Manuel Cuadrillero Sáez, y erigido en 1930, que cuenta con cuatro plantas sobre rasante y un semisótano, y dispone de un patio central a doble altura.

Una vez concluyan las obras de reforma y se equipe el interior, hasta allí se mudarán los funcionarios de la Gerencia de Servicios Sociales, según confirmó la consejera del área y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, después de que este periódico publicara que el inmueble se había cedido a Familia, hasta que se construya la sede proyectada en Arturo Eyries.

Puesto que la edificación de la plaza Madrid que se está rehabilitando no tiene espacio suficiente para dar cobijo a todos los empleados públicos de Familia –su capacidad se estima en 300 personas– la consejera aclaró que únicamente se mudará la plantilla asociada a la Gerencia de Servicios Sociales, que ahora está en una sede alquilada en Francisco Suárez, pero el traslado no afectará a los que trabajan en la calle Mieses.

La previsión de Blanco es que el cambio se realice a lo largo de 2026, una vez tengan comprado el mobiliario –sillas, mesas, estanterías, armarios, lámparas y demás enseres–. A la espera de saber cuál será el gasto final en este concepto, la inversión estimada en la licitación es de 900.000 euros.