URBANISMO
La nueva Ley de Movilidad torpedea el soterramiento de Valladolid: Ayuntamiento y Junta asumirían el 70% del coste
El texto aprobado por el Congreso establece que Renfe y Adif abonarían como máximo el 30% de la operación, mientras que aportarían el 50% si se continúa con la integración
Apertura del túnel de labradores en una foto de archivo.
Erre que erre del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: no quiere soterramiento en su ciudad, en Valladolid, y sí que continúe la integración a la que le obligaron sus socios de Valladolid Toma La Palabra (VTLP) para hacerle alcalde. La nueva Ley de Movilidad, aprobada este miércoles por el Congreso in extremis, es un nuevo torpedo a la línea de flotación del proyecto de eliminar la vía del ferrocarril en superficie y terminar así con la brecha que divide la ciudad desde que, hace 161 años, fuera inaugurada la línea Madrid-Irún en 1864.
Y es que el texto apunta que si se llegara a ejecutar el soterramiento el Estado solo aportaría, como máximo, el 30% del presupuesto, mientras el 70% correría a cargo de la Junta y del Ayuntamiento. Eso sí, el texto de la ley fue aprobada en Consejo de Ministros en febrero de 2024 y, por el procedimiento de urgencia, ha tardado un año y ocho meses en ser aprobada en la Cámara baja. El texto podría durar lo que dure el Gobierno. Son plazos infinitesimales para un proyecto como el soterramiento de Valladolid. La pregunta es, ¿seguirá vigente esa ley cuando arranquen los primeros proyectos técnicos?.
Los últimos cálculos sobre el importe de la operación apuntan a un coste de unos 650 millones de euros, con la nueva ley aprobada por el Consejo de Ministros, el Gobierno aportaría, como máximo, 195 millones, mientras al Ayuntamiento le correspondería poner los 455 restantes, diez millones más, por ejemplo, que el presupuesto municipal del Consistorio vallisoletano para 2025.
Resulta llamativo, a la vista de la trayectoria del ministro de Transportes, que si en vez de por un soterramiento, los ayuntamientos optan por una integración como la que le obligaron a llevar a cabo los concejales de VTLP en su época como regidor vallisoletano, ya no es un 30, sino un 50% lo que podría financiar el Gobierno central. Es una manera de impulsar las integraciones sobre los soterramientos, por mucho que sean estos últimos los que eliminen de forma más definitiva las brechas de los cascos urbanos.
Es más, si los ayuntamiento optan por lo que el texto llama 'integración' —es decir, mantener los túneles para los viandantes, pasos superiores e inferiores—, Adif podrá 'asumir la ejecución de estas actuaciones y aportar un porcentaje máximo para su financiación del 50%'. Esto abarca la 'ejecución de pasos superiores y/o inferiores a lo largo de una traza ferroviaria y actuaciones de tratamiento de bordes, en los márgenes de la infraestructura ferroviaria, tales como tratamiento vegetal, taludes, creación de zonas verdes, pantallas y mantenimiento de la traza en superficie'. Es decir: todo son facilidades para la integración.
Sin embargo, si a los vecinos de un determinado ayuntamiento se les ocurre optar por el soterramiento, la opción que no le convence a Puente, 'los administradores de infraestructuras ferroviarias no asumirán la financiación de las obras de urbanización, conexiones locales o territoriales con la ciudad o territorio circundante o infraestructuras de transporte cuya administración no sea de su competencia'.
El Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León hicieron este lunes frente común contra la intención de Puente de liquidar la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), y anunciaron que trasladarán la batalla al terreno judicial. La advertencia la lanzó el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras un tenso Consejo de Administración que concluyó sin acuerdos: «En los tribunales nos veremos cuando proceda», remarcó.
El choque se produjo después de que el Ministerio, a través de Adif, manifestara su intención de convocar la Junta General de la sociedad con el único propósito de iniciar su liquidación, pese a que Adif y Renfe no cuentan con votos suficientes como para dar ese paso, pues tienen el 50% de las acciones cuando es necesaria una mayoría cualificada del 75%.
Se trata de una decisión que, tanto para el consejero como para el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, carece de todo fundamento. «¿Cuál es la causa jurídica de disolución y cuáles son los hechos que la justifican? No se nos ha dado respuesta», reprochó Suárez-Quiñones, quien denunció que Puente acudió a la reunión con el «único objetivo» de desmantelar la sociedad, a pesar de que esta «mantiene obras en marcha y un objeto social útil para Valladolid».
Desde que Puente asumió la cartera de Transportes, después de que los vecinos de Valladolid lo descartaran como alcalde en las urnas, se ha posicionado totalmente en contra de soterramiento de la vía del ferrocarril en la ciudad, pese al gran apoyo social con que cuenta el proyecto. Ahora, las incógnitas de futuro son si el ministro contará con tiempo suficiente como para hacer una oposición efectiva a la aspiración de los vallisoletanos —dados los amplios plazos de cada paso que se da en las administraciones públicas—, o si un eventual cambio de Gobierno 'encarrilará' de nuevo el reto de borrar la brecha de los carriles.