Ultimátum de Puente a Carnero para seguir con la integración ferroviaria en Valladolid o disolver la SVAV

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha optado por intensificar la presión en el marco del conflicto por la integración ferroviaria de Valladolid. El orden del día para el próximo Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), convocado este lunes, tiene incluido como tercer punto el "análisis sobre la existencia de causa de disolución de la Sociedad", así como la posible citación a a una Junta General para proceder con ella. Dicha maniobra representa la formalización de un aviso que el departamento liderado por el exalcalde vallisoletano Óscar Puente ya había insinuado ante la parálisis que sufre el proyecto.

Esta convocatoria se produce en un clima de máxima tensión entre el Gobierno central y las administraciones local y autonómica, ambas dirigidas por el Partido Popular. El guion oficial de la reunión, al que ha tenido acceso este periódico, refleja sin ambigüedad las intenciones del Ministerio de Transportes como socio mayoritario. La disolución se plantea como una consecuencia directa del bloqueo que afecta a las obras estipuladas en el convenio de 2017, un acuerdo que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León quieren modificar con el fin de recuperar el proyecto de soterramiento.

El primer asunto en el orden del día será someter a debate y aprobación los expedientes de contratación relativos a los tres pasos de Ariza. En concreto, se trata de la conexión para vehículos entre la calle Hípica y Adolfo Suárez, además de dos enlaces peatonales y ciclistas en la avenida de Irún. La aprobación de estas obras se constituye, de hecho, en la condición que impone Transportes para no poner en marcha el procedimiento de disolución.

De forma simultánea, el segundo punto del día propone el desistimiento del contrato ya licitado para el paso peatonal y ciclista entre las calles Unión y Pelícano, destinado a acercar los barrios de Pajarillos y Vadillos. La propuesta incluye la "decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento". Esta acción paralizaría una de las actuaciones ya licitadas y a punto de ser adjudicadas, lo que refuerza la idea de un cese total de la actividad de la Sociedad si no se cumplen las exigencias del departamento de Puente. 

Para que la disolución se materialice, el camino es complejo. La decisión final corresponde a la Junta General, donde se necesita una mayoría cualificada del 75% de los votos. Esto significa que Adif y Renfe, que controlan el 50% del capital, no pueden imponer su voluntad en solitario. Necesitarían el apoyo del Ayuntamiento (25%) o de la Junta de Castilla y León (25%), un escenario improbable dada la frontal oposición de ambas instituciones a liquidar la Sociedad. 

Desde el Ayuntamiento y la Junta, la postura es de firmeza y una llamada al diálogo. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, manifestó el pasado viernes no tener "ningún temor" a la disolución de la SVAV y defendió que es posible "transitar desde la integración al soterramiento". Para ello, insistió en el uso de técnicas como los muros pantalla, que, según él, abaratan los costes y ya se han empleado con éxito en la zona del Pinar de Antequera. Es más, el regidor señaló que el soterramiento "es una cuestión de agenda ministerial y no una imposibilidad técnica o económica". 

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se expresó en la misma línea y sostuvo que la SVAV "está cumpliendo con los cometidos que le corresponden" y atribuyó la reprogramación de obras a la necesidad de evitar un "caos circulatorio" en la ciudad si los trabajos de los pasos de Ariza coincidiesen con la inminente remodelación de la nueva estación de Campo Grande. "No vemos motivos para ningún tipo de ruptura", sentenció.

Precisamente, la obra de la terminal, con una inversión de 216 millones de euros y un plazo de 43 meses, es uno de los principales argumentos técnicos de Adif contra el soterramiento. Un estudio del gestor de infraestructuras ferroviarias concluyó que la cimentación profunda de la nueva estación haría "inviable" una excavación futura para soterrar las vías, lo que obligaría a su demolición.

La propuesta de disolución también se enmarca en un contexto de incumplimiento financiero. El Consejo de Administración ya ha iniciado la vía judicial contra el Ayuntamiento de Valladolid por el impago de la cuota de 11,07 millones de euros correspondiente a 2024. El Consistorio intentó aplazar y prorratear dicho pago, una decisión que la Sociedad rechazó. Este impago es la base legal que el Ministerio de Transportes podría esgrimir para denunciar un incumplimiento del convenio de 2017 y, con ello, argumentar que la SVAV ha perdido su objeto social, causa legal para su extinción.

El proceso judicial podría prolongarse durante años, un tiempo en el que la actividad de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad quedaría congelada. Durante ese periodo, Adif podría completar sus proyectos estratégicos, como la nueva estación, la variante de mercancías y la duplicación de la vía, mientras la integración ferroviaria quedaría reducida a las obras ya ejecutadas. El futuro de la ciudad, con la incógnita de qué sucederá con los terrenos de los antiguos talleres de Renfe o la nueva estación de autobuses, depende ahora de un pulso político cuya próxima batalla se librará este lunes. La posible asistencia del ministro Óscar Puente, aún en el aire, podría añadir más tensión a un Consejo de Administración que se prevé decisivo.