Los okupas de la urbanización de Arroyo viven de la desidia de la Sareb

Los años pasan y la situación no mejora, pero lo peor de todo es que la solución tampoco se atisba, todavía se ve muy lejos, si es que llega. Los vecinos de la urbanización Arroyovereda llevan conviviendo desde 2021 con okupas y aún no ven el fin de este camino. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) abandona a los legítimos propietarios y no ofrece soluciones a los problemas de convivencia diarios que sufren. Ante esta situación de indefensión, los vecinos deciden actuar por su propia cuenta y se mantienen en contacto con abogados para preparar una denuncia contra la Sareb «más estudiada y minuciosa» que en anteriores ocasiones.

Los propios afectados, los propietarios legales de las viviendas de la calle Narciso Monturiol, lamentan como está tratando la situación la Sareb: «No hace nada, literalmente». En la misma línea, recuerdan que las viviendas son de la Sociedad «y no ponen remedios». De esta manera, los okupas de Arroyo de la Encomienda campan a sus anchas ante la desidia y la falta de actuación de la Sareb que no resuelve los conflictos diarios que provocan.

Más allá de los problemas de convivencia vecinal del día a día, también hay complicaciones que les afectan directamente al bolsillo. «Desde que está la Sareb (comenzaron como propietarios en 2023) las cuotas de la comunidad han subido un 30%», aseguran. De la misma manera, apuntan que el banco malo les aporta un pago mensual, «pero no especifica de qué es». Es decir, reciben una cantidad en la cuenta de la comunidad de vecinos, pero no se especifica a qué vivienda, trastero o plaza de garaje corresponde.

Pese a estos ingresos, afirman que mantiene deuda con la comunidad de propietarios: «No sabemos quién lo debe», indican al desconocer a qué corresponde cada cuota mensual. Una cifra que según su administrador supera los 30.000 euros, pero que tendrá una rápida solución: «Creo que van a pagar este mes», señala con confianza y positividad al ver cerca la solución a este problema económico en Arroyovereda. A mayores de la conflictividad que los vecinos denuncian, también ha supuesto un perjuicio para sus bolsillos porque deben gastar más dinero en reparaciones o en seguridad que otras urbanizaciones de similar tamaño de la zona.

Convivencia

Unos problemas en la convivencia diaria que se repiten continuamente y no hay que ir muy lejos para comprobarlo. Esta misma semana unos técnicos retiraron hasta 17 enganches ilegales de agua a estos okupas. Un trabajo que estuvo bajo la supervisión de dos patrullas de la Guardia Civil y cinco de la Policía Local para garantizar su trabajo, pero de poco sirvió: apenas tardaron tres horas en volver a conectarse al agua. Algunos propietarios señalan que cuando se enteraron que les habían cortado el agua, «bajaron al garaje con cubos para llenarlos». Si bien, los afectados señalan que «es la segunda vez que se produce un desenganche del agua». Pese a todo ello, los agentes trataron de identificar a los moradores de las viviendas que tenían el agua enganchada: «Inicialmente, los agentes lograron notificar la regularización a ocho de los ocupantes de los pisos enganchado de manera ilegal, mientras continúan las gestiones para hacerlo con el resto», explicó el Ayuntamiento en una nota de prensa el pasado martes, cuando se produjo la intervención.

Una desagradable situación en la que suceden cosas similares con otros suministros. Así, las calderas de gas de las viviendas okupadas «está sin pasar el gas», mientras que la del resto de vecinos sí. Un hecho que según confirman los vecinos afectados, temen que les pueda causar «algún susto».

Servicios como el pádel o la piscina están sin uso «para evitar conflictos» y ningún vecino (propietario u okupa) puede usar estas instalaciones. Otros ejemplos que ponen los residentes de inconvenientes diarios es el uso del garaje donde aseguran que los okupas «tienen un taller clandestino». Así, afirman que «arreglan motos» u otros vehículos ante la incapacidad de intervención de la Guardia Civil porque «es una zona privada»: «No pueden intervenir», lamentan. En esta línea explican que denunciaron que «había un coche averiado en el garaje perdiendo líquidos» que, a mayores del obstáculo que supone para que los propietarios saquen sus coches, «hacía que el aceite se colase por los desagües». «No sabemos si lo quitaron por la denuncia o porque el coche ya estaba reparado», concluyen.

Estado okupaciones

La Sareb, controlada en más de un 50% por el Estado, afirma que tiene «más de 25 denuncias presentadas por la vía civil y/o penal» para pedir el desalojo de estos vecinos que han accedido a la vivienda de manera ilegal. «La mayoría de estas denuncias se presentaron entre el verano y principios del otoño de 2023», indican fuentes de la Sareb. Sin embargo, no actúa en la conflictividad vecinal que se desarrolla día a día. Deja solos a los vecinos que se sienten indefensos y amenazados por estos okupas.

Desde el denominado ‘banco malo’ se han dado «cerca de 20 alquileres sociales firmados con familias que han acreditado vulnerabilidad y no conflictividad». Argumentan que, con la ley en la mano, para poder dar una vivienda en alquiler social se deben dar tres condiciones: acreditar la vulnerabilidad; colaborar con los servicios sociales, es decir, dejar que un trabajador acuda al domicilio, tener los suministros legales, etc.; y que no haya conflictividad.

La Sareb sostiene que se ha conseguido recuperar viviendas a las que se ha dotado de sistemas de seguridad: «Hemos recuperado 26 viviendas en las que hemos implementado medidas de seguridad para evitar futuras ocupaciones». A mayores, hay unas 10 viviendas en las que trabajan «en distintas fases porque se está evaluando la vulnerabilidad de las familias».

Es decir, unos trabajos que se desarrollan en el Juzgado y que ya no dependen de la Sociedad, también se dan distintos pasos para blindar viviendas de su propiedad y distintos análisis para determinar si hay familias vulnerables habitando. Pero no se realizan movimientos para mejorar el día a día de los legítimos propietarios que ven como se devalúa el precio de sus casas: «A pesar de ser los propietarios, no podemos ni acceder a las viviendas», reconocen.

Esta historia viene de lejos y la dificultad en la convivencia está lejos de quedarse atrás. Con este motivo, los propietarios recogieron firmas este verano para exigir soluciones a la Sareb, al Gobierno de España y a la Justicia. Una iniciativa vecinal que alcanzó las 5.000 rúbricas en un municipio que supera los 20.000 habitantes.

Unas rúbricas que han sido entregadas al Ayuntamiento, institución que ya se ha mostrado muy dura contra estos okupas. Su alcalde, Sarbelio Fernández les calificó de «delincuentes» y también criticó el programa de alquiler social con acompañamiento de la Sareb. De hecho, cuando la Sociedad señaló que comenzaba a dar algunas viviendas como alquiler social, el Consistorio se opuso contundentemente a esta medida al señalar que los «vulnerables» son los propietarios de las viviendas, no los okupas que accedieron a ellas de manera ilegal.