El Ayuntamiento de Valladolid rebaja Villa Paulita un 17% en un nuevo intento de venta

A Villa Paulita no le salen pretendientes. Casi cinco años lleva el Ayuntamiento de Valladolid tratando de encontrar candidatos y nadie se decide a dar un paso al frente para darle una nueva vida. Desde que en septiembre de 2020 el Consistorio subastara por primera vez estos terrenos ubicados en Parque Alameda –donde se erigen unos chalés que permanecieron ‘okupados’ durante más de treinta años–, se han llevado a cabo tres intentos, todos ellos infructuosos, y ahora acaba de iniciarse el cuarto procedimiento con una rebaja de precio como reclamo para atraer compradores.

El descuento fijado ahora por el departamento de Urbanismo y Vivienda se concreta en un 17% menos y, frente a la cifra de 1,47 millones de euros que se estableció en octubre de 2023, ahora se aspira a recaudar 1,22 millones de euros para las arcas municipales, un pellizco menos porque el paso del tiempo ha pasado factura y penaliza.

Además de la antigüedad añadida, el departamento dirigido por el concejal Ignacio Zarandona considera que el aumento de los costes de la construcción de obra nueva repercute directamente en el valor del suelo, y en ese motivo asienta también la decisión de establecer un 'descuento' como 'gancho' para captar el interés empresarial.

La rebaja económica era, desde luego, la opción que barajaba el Ayuntamiento para dar salida a los cuatro chalés ubicados en la calle Montes Torozos, según adelantó este periódico a principios de año. Y así ha sido. Lejos, cabe recordar, de la petición inicial de 1,6 millones, cuando intentaron desprenderse por primera vez de estas propiedades. Pero, una tras otra, las convocatorias se han ido declarando desiertas y las viviendas continúan en un oasis de abandono en mitad de un entorno residencial.

De las tres parcelas que se subastan, la más grande suma 3.000 metros cuadrados de superficie y en ella se erigen dos chalés, que pueden demolerse puesto que no tienen ningún tipo de protección urbanística. Como no hay que conservar ninguna de las dos viviendas pareadas por el garaje que hay en la actualidad –una de 240 metros cuadrados y otra de 172–, los cálculos apuntan a que pueden demolerse y construirse en ese terreno en torno a nueve chalés. El nuevo precio de salida de este suelo son 721.368 euros.

Mientras, el segundo solar más caro tiene una superficie de 1.317 metros cuadrados y sale ahora a la venta por 272.212 euros. En este caso la vivienda que existe goza de una protección estructural y eso implica que deben mantenerse su «volumetría, tipología y elementos de la envolvente exterior». Es decir, el chalé de 350 metros cuadrados debe conservarse según está.

La última de las parcelas en orden de importancia teniendo en cuenta su precio suma 1.483 metros cuadrados y se subasta en esta ocasión por 226.003 euros. El chalé que hay construido está protegido a nivel ambiental y eso implica que debe mantenerse la configuración exterior, en referencia a fachada, volumetría y acabados exteriores. Más allá de la estética, si alguien lo adquiere puede dividir a su gusto la vivienda –de 313 metros cuadrados–.

El nuevo proceso de enajenación está abierto hasta el 16 de julio. Será entonces cuando se despeje la incógnita del futuro de estos terrenos, marcados por el episodio de ‘okupación’ que sufrieron a lo largo de tres décadas hasta que en 2020 los inquilinos dejaron las propiedades en las que estaban residiendo de forma ilegal.

Cabe recordar que fue en noviembre de 1982 cuando el equipo de Gobierno con Tomás Rodríguez Bolaños al frente compró la propiedad por 480 millones de pesetas (2,88 millones de euros) para su desarrollo urbanístico posterior. La propiedad pertenecía a José María Luelmo y a Margarita Suárez y, aunque los familiares que residían allí tenían en torno a un año de plazo para abandonar las viviendas –hasta el 31 de diciembre de 1983–, lo cierto es que continuaron allí hasta que se materializó el desalojo.

Los ‘okupas’, además de ser los herederos de aquellos antiguos propietarios, eran familiares de un funcionario del propio Ayuntamiento de Valladolid, del interventor Rafael Salgado.