Urbanismo prepara la cuarta subasta de los chalés ‘okupados’ de Villa Paulita en Valladolid

Ha transcurrido algo más de un año desde que el Ayuntamiento de Valladolid diera carpetazo a la tercera subasta de Villa Paulita en el barrio de Parque Alameda y, después de todo este tiempo con el expediente ‘en barbecho’, el área de Urbanismo y Vivienda está ultimando un nuevo pliego con una rebaja económica, a fin de dar salida a los cuatro chalés que arrastran ya varios intentos fallidos de venta. Una tras otra, las convocatorias se han ido declarando desiertas por no haber recibido ninguna oferta.

Ahora, según avanzó el concejal responsable del departamento, Ignacio Zarandona, el equipo técnico está inmerso en la elaboración de un nuevo pliego «con unos cálculos más ajustados». Reconoció, en todo caso, que se trata de un procedimiento complicado, no sólo porque dos de las casas tengan un grado de protección –una a nivel ambiental y otra a nivel estructural–, sino porque la tasación a la baja tiene que estar plenamente justificada. Al tratarse de bienes que forman parte del patrimonio público, no pueden venderse por debajo del valor de su aprovechamiento.

Por eso, el edil remarcó la «dificultad» que entraña esta enajenación y añadió que hay «muchos técnicos de diversos departamentos» preparando un nuevo lanzamiento en el que se incluya el detalle de todos los condicionantes que puedan justificar la «máxima» rebaja permitida dentro del marco legal. Entre ellos, indicó Zarandona, el de su estado de conservación.

No hay que olvidar que los chalés de la calle Montes Torozos llevan vacíos desde que en 2020 se fueron los inquilinos que los habían ‘okupado’ de forma ilegal durante casi cuatro décadas y que, debido a su antigüedad, necesitan importantes reparaciones y tienen que adaptarse a las normativas vigentes.

Según la última valoración oficial efectuada por técnicos del Consistorio en 2023 –a finales de ese año es cuando se llevó a cabo la fallida tercera subasta–, los inmuebles (construidos entre 1962 y 1967) «presentan un significativo grado de deterioro en los revestimientos y acabados interiores» y, además, las instalaciones se consideran «irrecuperables» debido a su «obsolescencia». De ahí que consideren imprescindible realizar «importantes reformas», sobre todo para adecuarlos a las normativas actuales respecto a incendios, ahorro energético o accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

Precisamente el paso del tiempo fue uno de los argumentos esgrimidos en ese último informe del Ayuntamiento publicado en 2023 para avalar por qué se redujo ligeramente el precio de salida de la tercera subasta en comparación con las dos anteriores. En concreto, se rebajó el valor un 0,56% y, en vez de pedir 1,61 millones de euros, se disminuyó la puja hasta los 1,5 millones.

Como tampoco con esa cifra se consiguió captar el interés inmobiliario, y ha transcurrido algo más de un año sin que se hayan producido avances, en el próximo intento habrá otro abaratamiento. Eso sí, todavía hay que esperar a que los servicios municipales finalicen la valoración en la que están trabajando para despejar esa incógnita.

El concejal de Urbanismo tampoco se aventuró a poner fecha a la cuarta enajenación, ni desveló si habrá más modificaciones, como la efectuada en uno de los intentos fallidos, cuando se acordó la división del solar en tres fincas para facilitar su venta por separado. De momento el edil responsable del área sólo aclaró que volverán a sacar una oferta y que será a un precio más ajustado, dentro de lo que les permita la ley.

Una vez publiquen la subasta y finalice la tramitación administrativa se sabrá si el Ayuntamiento logra desprenderse de estas viviendas adquiridas en 1982, cuando Tomás Rodríguez Bolaños sujetaba el bastón de mando de la ciudad, y que nunca han tenido un uso público porque los inquilinos que las habitaban cuando se firmó la operación de compraventa decidieron continuar residiendo allí de forma ilegal.

Durante casi cuatro décadas los herederos de los antiguos dueños –José María Luelmo y Margarita Suárez–, que también eran familiares del interventor municipal Rafael Salgado, continuaron como ‘okupas’ y sortearon dos intentos de desalojo. El primero de ellos con Javier León de la Riva como alcalde y el segundo en la etapa de Óscar Puente, hasta que en 2020 las casas quedaron libres.

Ese mismo año se celebró la primera subasta, en 2022 se desarrolló la segunda y en 2023 la tercera, todas ellas con el mismo resultado baldío. Así que esta manzana de 6.000 metros cuadrados ubicada en un barrio residencial plenamente desarrollado al sur de la ciudad sigue esperando para salir del atolladero.

En la parcela donde se ubican los catalogados como chalés 1 y 2, el Ayuntamiento calcula que hay espacio para construir ocho o nueve pareados, puesto que las actuales edificaciones (una vivienda de 240 metros cuadrados y otra de 172) se pueden demoler. En la última subasta el precio mínimo para pujar por esta finca fue de casi 900.000 euros.

Los otros dos chalés, con precios de salida en torno a los 300.000 euros en cada caso, sí deben conservarse porque tienen diferentes grados de protección. En uno de ellos están protegidas las fachadas, la volumetría y los acabados exteriores, pero por dentro la vivienda de 332 metros cuadrados se puede subdividir. El otro, de 308 metros cuadrados, debe mantenerse como está.

A ver si en este caso es a la cuarta cuando va la vencida.