Las 13 mujeres esclavizadas y obligadas a prostituirse en Valladolid llamaban a la madame "la Santa Muerte"

La Policía Nacional ha informado esta mañana de detalles terroríficos del control al que sometían los ocho detenidos por obligar a prostituirse a 13 mujeres en régimen de semiesclavitud en cinco pisos de la capital vallisoletana.

De los ocho arrestados en la llamada operación 'Cabila', seis son de nacionalidad paraguaya y dos peruana, y, tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad provisional con medidas cautelares. Todos ellos (la mayoría son mujeres) son pertenecientes a un clan familiar que lograba el sometimiento de las víctimas gracias a ritos de santería. Las mujeres liberadas son nueve paraguayas, dos argentinas, una argentina y una española, todas ellas con edades comprendidas entre los 19 y 26 años.

“En España nos puede sonar raro, pero las afectadas creen en estos rituales, por lo que la amenaza de practicar la santería contra ellas funcionaba”, explicó esta mañana en rueda de prensa Rocío Rodríguez García, inspectora del Grupo de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional.

La santería la ejercía la hija mayor de la matriarca del clan. “Las víctimas la tenían grabada en el móvil como la Santa Muerte. Le tenían bastante miedo e instalaba altares en todos los pisos con distintas ofrendas acerca de las figuras de la Santa Muerte con el objetivo de intimidarlas. Hay víctimas que al principio eran escépticas, pero acabaron creyendo en la amenaza de la santería”, indicó la inspectora Rodríguez, en una rueda de prensa que presidieron el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales y el jefe provincial del CNP, el comisario Javier Oterino.

El balance de la operación ‘Cabila’ es la desarticulación del clan con ocho personas detenidas como presuntos autores de los delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.

La investigación se inició a raíz de la toma de declaración a una víctima de Trata de Seres Humanos, que había sido captada por una mujer que la convenció para que accediera a ejercer la prostitución en su “casa de citas” en Valladolid, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad al encontrarse en España de forma irregular, sin posibilidad de obtener ingresos legítimos y con la necesidad de enviar dinero a su país de origen para mantener a sus familiares que vivían en la extrema pobreza y dependían de ella para subsistir.

La víctima, que desconocía totalmente el mundo de la prostitución, fue presionada para que accediera a ser trasladada de inmediato, y la misma captadora viajó con ella hasta Valladolid y la emplazó a ejercer la prostitución en uno de los pisos-club que controlaba su familia en esa ciudad. 

Dicha declaración dio inicio a una investigación que ha durado un año, habiendo sido empleadas por la Unidad actuante diversas técnicas operativas de investigación para lograr la total desarticulación de un entramado criminal de origen paraguayo y peruano, formado por los miembros de un clan familiar asentado en Valladolid que ha llegado a controlar hasta seis pisos que funcionaban como club en esta ciudad, en los que explotaba sexualmente a sus víctimas, muchas de las cuales habían sido captadas en otros puntos de España e incluso en sus países de origen. Además, en estos pisos se producía la venta de sustancias estupefacientes a los clientes de los servicios sexuales. 

La encargada de captar a las víctimas para su explotación sexual en los pisos era la matriarca del clan, la cual también era la responsable de gestionar su traslado hasta allí. Las víctimas recién captadas eran consideradas “de su propiedad” hasta que saldaban la deuda contraída por la financiación de su viaje hasta España o generaban suficientes ganancias para los investigados. Por ello, durante los primeros meses en que las víctimas se encontraban bajo el control del clan familiar, la matriarca las alojaba en un piso controlado por su nuera, quien actuaba como encargada de su explotación sexual, fijaba las tarifas de los servicios de prostitución, cobraba a los clientes y autorizaba a las víctimas sus breves salidas del domicilio para comprar víveres y productos de primera necesidad dado que tenía que darles su consentimiento para que pudieran salir del piso, permaneciendo el resto del tiempo hacinadas en la pequeña vivienda, en la que llegaban a pernoctar ocho mujeres repartidas en dos pequeños dormitorios con dos camas individuales cada uno. 

Una característica definitoria de estos entramados de origen paraguayo es que las víctimas son a menudo captadas entre las mujeres más jóvenes y vulnerables de las propias familias de los tratantes, tal y como ocurre en este caso, en el que la principal captadora llegó a proporcionar a la red criminal mujeres de su propia familia para que fueran explotadas sexualmente, todo ello para mayor lucro económico de los integrantes del grupo criminal. 

Obligadas a saldar la deuda 

Las víctimas obtenían solo un porcentaje por los servicios sexuales que realizaban, o en el caso de haber contraído una deuda con el clan familiar no obtenían nada hasta que esta deuda era saldada. Además, debían estar disponibles las veinticuatro horas, sin días de descanso, ni siquiera por enfermedad, y sin poder elegir a los clientes ni los servicios sexuales que debían realizar. Transcurrido un tiempo, el clan familiar trasladaba a las víctimas a otro domicilio, controlado esta vez por una de las hijas de la matriarca, que hacía las veces de encargada, restringiendo las salidas de las mujeres, cobrando a los clientes estableciendo los precios de los servicios de prostitución. 

En este segundo domicilio las mujeres de nuevo debían dormir hacinadas en literas, y el ejercicio de la prostitución tenía lugar en las mismas condiciones penosas y abusivas, si bien además eran monitorizadas las veinticuatro horas mediante un sistema de videovigilancia instalado por los investigados. Sin embargo, aunque la matriarca era quien captaba y conseguía a las víctimas, era su hija mayor quien se encargaba de la contabilidad de las ganancias del clan familiar, gestionaba la publicación de los anuncios de las víctimas en páginas web de servicios de prostitución, se coordinaba con las encargadas para controlar y coordinar el buen funcionamiento de los pisos y, en resumen, dirigía la acción criminal del clan. La hija mayor, cuyo número de teléfono tenían grabado las víctimas en el móvil bajo el nombre de Santa Muerte, utilizaba la santería para intimidarlas e infundirles temor, hallándose de hecho en la ejecución de las diligencias de Entrada y Registro practicadas en los pisos dos altares de santería. 

El encargado de proporcionar sustancias estupefacientes a los pisos era la pareja de la hija mayor, hallándose en los domicilios en el momento de la acción policial 14,23 gramos de cocaína distribuida en bolsitas de medio gramo, y 9,88 gramos de “tusi”, cocaína rosa, todo ello destinado a su venta a los “clientes” de servicios de prostitución. Los hijos varones del clan familiar y un amigo íntimo de la familia también colaboraban en la acción criminal, ya fuera controlando la explotación sexual de las víctimas en ausencia de las encargadas principales, colaborando en la publicación de los anuncios de servicios de prostitución o como “taxistas-controladores” de las víctimas en las salidas para atender a clientes que solicitaba servicios sexuales a domicilio.

En el caso del amigo íntimo de la familia, este además actuaba de cara visible ante los arrendadores de los pisos, que desconocían el destino que se iba a dar a sus viviendas, creyendo que allí residiría una pareja joven, y formalizaban con él los contratos de arrendamiento de los inmuebles. 

Este hombre, para procurarse la confianza de los arrendadores y simular que disponía de ingresos legítimos con los que abonar los alquileres, llegaba a proporcionarles documentos falsos. 

La investigación ha culminado con la desarticulación total del entramado criminal, habiendo practicado dos Entradas y Registros en los dos pisos-club que se encontraban activos en ese momento, y un total de ocho detenciones. El número de víctimas de trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución liberadas asciende a 13