El juzgado concede 20 días a Adif para que aporte el expediente de la nueva estación de trenes de Valladolid

El Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 10 ha movido ficha este miércoles en la pugna entre el Ayuntamiento de Valladolid y Adif, dando un plazo de 20 días improrrogables al gestor ferroviario para que remita el expediente administrativo completo del proyecto de remodelación de la nueva estación de trenes. Esta resolución judicial llega, curiosamente, en paralelo a la apertura de los sobres con las propuestas económicas de las grandes constructoras que pujan por ejecutar la infraestructura.

La batalla legal iniciada por el Consistorio vallisoletano contra la transformación de la terminal de Campo Grande sube así un peldaño. Fue el pasado 2 de mayo cuando los servicios jurídicos municipales formalizaron la impugnación, un movimiento ya anunciado que busca frenar una intervención que consideran irregular desde su concepción. 

El núcleo del recurso se asienta en la presunta ilegalidad del acto administrativo que dio luz verde al 'Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande'. Una de las quejas más sonoras del Ayuntamiento es la falta de transparencia que, según apuntan, ha rodeado la aprobación por parte del Consejo de Administración de Adif. Aseguran desde el Consistorio no haber recibido notificación formal alguna, desconociendo la fecha exacta del acuerdo y el órgano preciso que lo tomó, pese a sus reiteradas peticiones de información.

Esta ausencia de comunicación, dicen, contrasta con la diligencia municipal, que ya en noviembre y diciembre de 2024 había emitido informes, tanto técnicos como jurídicos, con un claro tinte desfavorable hacia el proyecto tal y como les fue presentado. En aquellos documentos, se instaba expresamente a Adif a notificar cualquier resolución definitiva para que el municipio pudiera "ejercer la defensa de sus derechos e intereses". Dicha notificación, insisten, nunca llegó. La única señal pública de la decisión de Adif fue la publicación, el 5 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), del anuncio de licitación para las obras, donde se apuntaba al Consejo de Administración de Adif Alta Velocidad como la entidad que adjudicaba.

Para armar su ofensiva judicial, el Ayuntamiento ha acompañado el recurso con un paquete de documentos. Sobresale el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 29 de abril, que daba el permiso necesario para emprender acciones legales. A este se suman la mencionada publicación del BOE y, de especial relevancia, un informe jurídico externo que actúa como columna vertebral de la argumentación municipal.

Este dictamen, firmado por Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid, catedrático de Derecho Administrativo y letrado de un despacho madrileño, asevera que hay "fundadas razones" para cuestionar la legalidad del proyecto ante los tribunales. La crítica fundamental se centra en la inexistencia de un instrumento de planeamiento urbanístico que se considera imprescindible: un 'Plan Especial de Ordenación'. 

Al formalizar el recurso, el Ayuntamiento solicitó al Juzgado que requiriera a Adif, como entidad demandada, la remisión íntegra del expediente administrativo. Solo con esa documentación completa podrá el Consistorio articular su demanda de forma detallada. A pesar de no haber recibido notificación directa del acto impugnado, la corporación municipal actuó con "razones de prudencia", interponiendo su recurso dentro del plazo legal de dos meses, contado desde la publicación en el BOE, es decir, entre el 5 de marzo y el 5 de mayo.