MOVILIDAD
Valladolid mantiene inmovilizados 134 patinetes sospechosos de estar trucados
Los vehículos de movilidad personal que no cuenten con la certificación de la DGT solo podrán usarse hasta el 22 de enero de 2027
El Grupo Itevelesa realizará inspecciones técnicas a los incautados por la Policía Local

Patinetes en el depósito municipal de vehículos de Valladolid.
Llegaron a las ciudades en silencio, tímidos, pero poco a poco fueron tomando velocidad y comenzaron a hacerse notar. Las normativas no estaban preparadas y, al mismo tiempo, este nuevo medio de transporte ganaba cada vez más adeptos. Con la pandemia, el ritmo se ralentizó, pero ahora la burbuja que se quedó a medio gas resurgió de sus cenizas. Un despegue que sigue mirando a la ley a la espera de nuevas direcciones, como la obligatoriedad de casco, los seguros de responsabilidad civil, la matrícula o la inspección técnica de vehículos. ¿De qué estamos hablando? De los patinetes eléctricos o vehículos de movilidad personal (VMP).
En Valladolid trabajan para fomentar la convivencia entre usuarios, peatones y resto de conductores. Por esta razón, el próximo 11 de marzo, según adelantó el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, se firmará el convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Grupo Itevelesa para mejorar la seguridad vial y protección del medio ambiente. «No se trata de perseguir a los patinetes», insistió.
La idea es que la Policía Local pueda enviar a los vehículos «sospechosos» de estar trucados a las estaciones de ITV para someterlos a revisión. Si se comprueba el trucaje terminará en sanción. Es importante recordar que los agentes pueden inmovilizar patinetes siempre que exista «causa y justificación». De hecho, en 2024, en el depósito municipal situado en El Peral había 134, según datos del departamento de Alberto Cuadrado, quien incidió en que el convenio busca establecer «una forma de control». Asimismo, se registraron 85 siniestros con alguno de estos vehículos involucrados.
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Adrián Valbuena, encargado de pedidos web y pedidos de franquicias de SABWAY, explicó que existen mecanismos para que la velocidad real del patinete no salga en la pantalla y aparezca como máximo la permitida: 25 kilómetros hora. «Puede trucarse en la propia pantalla o a través de un mando limitador», detalló antes de comentar que los vehículos de movilidad personal dependiendo de la gama pueden correr hasta los 100-120 kilómetros por hora. «Estos últimos se usan para circuitos y competiciones».
La normativa cambió el 22 de enero de 2024 con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Dirección General de Tráfico (DGT). En ella se incluye una moratoria de tres años para los patinetes adquiridos hasta el 21 de enero de 2024. Podrán circular legalmente hasta el 22 de enero de 2027. Pasada esa fecha, solo podrán hacerlo los vehículos de movilidad personal dotados de la correspondiente homologación.
Esta ley también incluye que a partir de 25 kilómetros por hora el motor dejará de impulsar al patinete. Además, tiene que disponer de sistemas de antimanipulación, tanto para la velocidad como para la potencia, y un indicador de información visible, en el que conste la velocidad a la que se circula y el nivel de batería.
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A esto se suman los catadióptricos frontales y laterales; dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5metros/s2; las ruedas deben ser de superficie rugosa con un diámetro mínimo de 203,2 milímetros de modo que permita la adherencia al terreno; un dispositivo de advertencia acústica (timbre), y un sistema de estabilización en aparcamiento: pata de cabra lateral o caballete central.
La DGT informó el pasado mes de junio que el Gobierno aprobó un proyecto de ley que obligará a los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal a tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil. De momento, la ley no indica cuándo será obligatorio pero todo apunta a que entrará en vigor antes de 2026.
Ordenanza
El Ayuntamiento está trabajando en la Ordenanza Municipal Reguladora del uso de la bicicleta y de la movilidad por carriles especiales de tráfico rodado, como los carriles bici o los ciclocarriles, que, según avanzó el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quieren llevar al pleno que se celebrará a finales de marzo. En ella, tal y como confirmó, incluirán directrices que afectan a los vehículos de movilidad personal.
De momento, han lanzado una consulta pública que ha recibido varias sugerencias de Ecologistas en Acción, un particular y la Asamblea Ciclista de Valladolid. Una de las peticiones es incluir en el reglamento nuevos tipos de bicicletas, denominadas de carga 'longtail'. Se trata de bicicletas de carga alargadas –la zona de portaequipajes es más grande que una normal– que se encuentran homologadas para poder llevar dos sillitas o asientos de niños acoplados en la parte trasera siempre respetando la carga del vehículo.
La Asamblea Ciclista de Valladolid, por su parte, solicita la inclusión en la ordenanza de varias propuestas como "la circulación de bicicletas por calles de prioridad peatonal, salvo que se prohíba explícitamente en vías concretas, por ejemplo, Santiago en horario comercial". Eso sí, puntualizan en el escrito que la circulación deberá realizarse respetando la velocidad permitida y siempre que no existan aglomeraciones.
Otro punto que plantean es el transporte de pasajeros, siempre que la bicicleta esté homologada para dicho propósito. De igual forma, señalan que "de acuerdo con la nueva normativa de la DGT se permitirá la circulación de bicicletas en ambos sentidos en calles peatonales, residenciales, de plataforma única, un solo carril y una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora, salvo que de manera explícita se indique lo contrario", según figura en la documentación remitida al Ayuntamiento.
El broche a las propuestas de la Asamblea Ciclista de Valladolid lo pone el cambio de la definición de bicicleta para incluir a los patinetes eléctricos, siempre que estén homologados y limitados a 25 kilómetros por hora.
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tumbó la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento, lo que obliga a aprobar una nueva cuanto antes.