MEDIO AMBIENTE
El polémico vertedero de un pueblo de Valladolid
Ecologistas acusa a la Junta de aprobar el vertedero "ilegal" en Santovenia del Pisuerga pese al informe urbanístico negativo del Ayuntamiento
La Junta de Castilla y León ha aprobado esta mañana en la reunión del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la declaración de impacto ambiental favorable para la ampliación de la capacidad del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga, en 125.000 metros cúbicos adicionales al millón de metros cúbicos de residuos ya vertidos, ampliación sólo pendiente de la aprobación de la autorización ambiental de la instalación.
La ampliación ha sido solicitada por Centro de Transferencias, S.A. (Cetransa) al no estar amparada por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental vigente del depósito de residuos. La mayor parte de los vocales del Consejo han votado a favor de la declaración de impacto ambiental favorable, obviando el informe urbanístico negativo del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga, por prohibir el artículo 145 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cetransa. ''Informe que es vinculante y determina el archivo de las actuaciones, pero el Consejo ha eludido dicho archivo'', según informa la nota de prensa remitida a los medios.
También se produjeron los votos en contra de de los vocales representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y colegios oficiales de arquitectos de Castilla y León. Ecologistas denunció, además, el inaceptable trato de favor de la Junta de Castilla y León a la empresa Cetransa y el grupo Urbaser, que ya se beneficiaron en 2001 de una ley ''ad hoc'', declarada inconstitucional una década más tarde para mantener la actividad del vertedero, tras la sentencia del Tribunal Supremo que en 2000 anuló sus licencias municipales.
Asimismo, Ecologistas en Acción recuerda la necesidad de sustituir el obsoleto Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado hace una década y advierte de los incidentes que el vertedero ha causado desde el inicio de su funcionamiento en 1993, tales como vertido de residuos prohibidos, la fuga de sustancias contaminantes, la irrupción de aguas subterráneas bajo el vaso del vertedero, la acumulación de agua en su interior, el asentamiento de la caballón de cierre de los residuos e incluso un incendio.