Vox Valladolid denunciará en Bruselas el 'basurazo'

Irene Carvajal, portavoz de Vox y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, junto a otros ediles de Cartagena, Burriana, Torrelodones y Elche, denunciará este miércoles en Bruselas lo que califican como un "tasazo de basuras", impulsado por el pacto entre Partido Popular y PSOE. 

Esta medida supone "un nuevo ataque a los bolsillos de los españoles" al imponer una tasa por la gestión de residuos que, según denuncian, excede incluso las exigencias de las normativas europeas, según la nota de prensa enviada por la formación de Santiago Abascal a los medios de comunicación,

En la nota de prensa insisten en que “no se va a aceptar este ‘tasazo'” y anuncian que trabajarán tanto en los tribunales como desde los gobiernos municipales para reducir su efecto y, en última instancia, derogarlo.

Carvajal destaca que esta tasa es una imposición de la Unión Europea, lograda a través del consenso entre socialistas y populares europeos, y que el Gobierno de la Nación la ha incorporado en la normativa estatal mediante la Ley 7/2022. Esta ley, en su artículo 11, obliga a todos los municipios a establecer una tasa de basuras específica y diferenciada.

Desde el grupo municipal Vox en el equipo de gobierno de Valladolid, conscientes del impacto que esta medida puede tener en los ciudadanos, han trabajado para que la nueva ordenanza de la tasa de basuras tenga el menor perjuicio posible para los vallisoletanos. "Hemos partido de tres premisas fundamentales", afirmó Carvajal. En primer lugar, aseguró que la recaudación de la tasa debe cubrir únicamente el coste real y efectivo del servicio, sin ser excedentaria como ocurre en otras ciudades. En segundo lugar, la ordenanza debe contemplar exenciones y bonificaciones, especialmente para los colectivos más vulnerables, como las familias numerosas o aquellas con menores recursos. Por último, explica que, conforme al programa electoral de Vox, se ha solicitado un informe de intervención y se han reducido otros impuestos, como el IBI, la tasa por servicios municipales, el ICIO y la plusvalía, con el objetivo de rebajar paulatinamente la presión fiscal y evitar que la capacidad económica de los vallisoletanos se vea mermada.

Irene Carvajal también destaca las consecuencias negativas del ecologismo radical, que, según la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, no solo ha afectado al sureste y este de España con fenómenos como la DANA, sino que ha provocado la paralización de obras hidráulicas previstas en el Plan Nacional de 2001, así como la falta de mantenimiento en los cauces de ríos y riberas. Además, apunta que este tipo de políticas también tiene efectos perjudiciales en los bolsillos de los contribuyentes.

Un promedio de 70,87 euros

El 'basurazo', que afecta tanto a viviendas como a locales comerciales, entrará en vigor el año que viene. Los ciudadanos deberán abonar un promedio de 70,87 euros anuales. En el caso de una vivienda estándar de 70 metros cuadrados con cuatro residentes, el coste ascenderá a 78,10 euros. Este impuesto se destina a cubrir los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y responde, según aseguró el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero durante la presentación de la tramitación de la ordenanza fiscal de este tributo, a la obligación de adaptar la normativa local a las directivas europeas. El importe se estructura en una parte fija de 51,25 euros y otra variable basada en el tamaño del hogar y el número de empadronados. En el caso de los locales, las cifras varían según la actividad económica y la superficie, con cuotas que van desde 80,74 euros hasta 1.711,62 euros.

Vox denuncia que esta medida supone un claro ejemplo del "ansia recaudatoria" del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de ser el “alumno aventajado de las élites de Bruselas”. Según los concejales del partido de Abascal, esta tasa es un "nuevo golpe" a las economías de las familias y empresas españolas. 

Desde Vox aseguran que, en los municipios donde forman parte del gobierno local, la aplicación de esta normativa será lo menos lesiva posible, acompañándola de rebajas de otros impuestos. Asimismo, reiteran su compromiso de “buscar el último resquicio legal para paralizar esta imposición” y advierten que, si finalmente debe aplicarse, se implementarán medidas para paliar su impacto.

El partido de Abascal también recuerda su lucha contra otras normativas que consideran perjudiciales para los ciudadanos, como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según señalan, Vox ya logró frenar en los tribunales medidas derivadas del pacto entre PP y PSOE, y confían en poder hacer lo mismo con este "tasazo". “Como hicimos con las ZBE, no descansaremos hasta proteger a los vecinos de estas políticas arbitrarias y extractivas”, afirman.

Por otro lado, ponen de manifiesto la desconexión que, a su juicio, existe entre las élites de Bruselas y la realidad de los españoles. Acusan al Partido Popular de “seguir aplicando los delirios climáticos de la izquierda” al respaldar estas normativas que consideran injustas y lesivas para las economías más humildes. Vox defiende que su partido es el único que ha mostrado “oposición firme y rotunda” a estas políticas que califican de "fanatismo climático".

En el caso de Valladolid, la tasa de basuras incluye exenciones y bonificaciones para colectivos específicos, como familias numerosas, hogares con rentas bajas o viviendas que participen en programas de compostaje domiciliario. 

Estas medidas, sin embargo, son consideradas insuficientes por Vox, que insiste en la necesidad de buscar alternativas que no supongan una carga adicional para los ciudadanos. En este sentido, refuerzan su compromiso de seguir trabajando desde el Parlamento Europeo y los gobiernos municipales para defender a las familias, los autónomos y las pequeñas empresas frente a lo que consideran una "imposición injusta".