El TSJ denuncia el "parón" de la Ciudad de la Justicia de Valladolid y exige que se agilice

Anualidad del TSJ sobre balance judicial, reivindicación sistemática del Campus de la Justicia en Valladolid. Llevamos ya más de diez años, y la reclamación de la Ciudad de la Justicia que aglutine a todos los órganos dispersos en la ciudad de Valladolid y permita al Ministerio desprenderse del consiguiente gasto elevadísimo en alquileres, ha vuelto a brillar con trazos rojos en la memoria de 2023 que presentó el pasado martes el presidente del TSJCyL, José Luis Concepción.

En una obra que parece estar maldita, la situación de nulos avances en 15 años de proyecto, no solo no ha mejorado, sino que ha encontrado un nuevo atasco: la pelea entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio de Justicia tirándose los trastos para endosar al adversario la culpabilidad del inmovilismo.

La ‘fotografía’ del estado actual del futuro campus, es que ni el Consistorio ni el Ministerio admiten culpa alguna por el nulo avance del proyecto. En la memoria entregada a los medios el pasado martes, contiene un tímido atisbo de esperanza, pero esos buenos deseos ni siquiera están respaldados por la realidad actual.

El problema es que el informe de Javier Carranza, el presidente de la Audiencia Provincial (AP) de Valladolid (incorporado a la memoria), tiene fecha de 16 de febrero de 2024 y la realidad es que después de esos buenos deseos, las dos administraciones citadas no han desbloqueado nada.

Así escribía Carranza en febrero de este año, su visión ligeramente optimista con el mastodonte que no acaba de empezar a andar. En su carta celebra el «paso decisivo» que se dio en 2022 para la construcción del nuevo edificio judicial, al haber firmado el alcalde de Valladolid (entonces Óscar Puente) y la subsecretaria del Ministerio de Justicia un protocolo en el que el Ministerio comprometió 80 millones de euros para que el edificio se estrenase en 2031.

Reconoce sin embargo Carranza que las elecciones municipales de mayo de 2023, con cambio de gobierno municipal, y las generales de julio, con reorganizaciones ministeriales, y, después, «cierto desajuste burocrático en el Ayuntamiento» han provocado «un parón» en la marcha del proyecto.

Un año 2023 "perdido"

Todo ello ha llevado, a su juicio, a que se haya «perdido el año 2023» en el calendario que preveía el concurso de ideas, la aprobación del proyecto y la licitación de la obra durante el año 2023, y la realización de las obras desde el 2024 al 2027, en su primera y principal fase, y del 2027 hasta el 2029 en su segunda fase.

Y concluía Carranza dando un voto de confianza al desbloqueo. «Al parecer, el problema burocrático (no se había hecho por parte del Ayuntamiento comunicación oficial de la cesión de las parcelas al Ministerio) se ha corregido hace unas fechas. Esperemos que a partir de ahora el proyecto no encuentre más obstáculos»

La misiva del presidente de la APañade más: quiere estar presente desde el primer momento «impulsando el proyecto» e intentando que se atiendan las necesidades de los Juzgados en el diseño y construcción del edificio. Y lo expresa porque a ello se comprometió también la subsecretaria María Sánchez en el acto de la firma del protocolo.

Cesión sin formalizar 

Pero esta aparente balsa de aceite en febrero se convirtió en una charca de cocodrilos un mes y medio después cuando el Gobierno y el Ayuntamiento se acusaron mutuamente de bloquear el trámite burocrático de cesión de los terrenos necesarios para levantar el campus: el viejo colegio El Salvador y parte del aparcamiento del contiguo antiguo hospital Río Hortega. El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, denunció el pasado 4 de abril que el Ayuntamiento de Valladolid «está paralizando» el proyecto del campus.

«Tiene que formalizar la cesión al Ministerio para que se puedan desarrollar sus acciones. Se le demandó al Ayuntamiento en mayo una documentación que al día de la fecha no consta que se haya recibido. El 26 de febrero se volvió a demandar para que se formalice esa cesión», aseveró. 

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, muy molesto, replicó que la situación era opuesta a la descrita por el subdelegado. Es más, le acusó de «falta de interés» tras enviar el escrito urbanístico el 8 de marzo y no tener contestación. Un documento enviado al Ministerio que reflejaba el acuerdo para la cesión de los terrenos destinados al proyecto y que deja constancia del cambio del PGOU para que el Gobierno aprovechase los terrenos del colegio El Salvador y el aparcamiento situado al lado del hospital Río Hortega en su anterior demarcación.

«Me sorprende lo que dice», añadió Zarandona. «Este señor no me ha preguntado nada. El Gobierno no tiene interés, no hay voluntad en este proyecto. Les mandamos un escrito y a fecha de hoy (6 de abril) no hay respuesta. El Gobierno no ha destinado ni una partida para la redacción del proyecto. Nosotros hemos hecho todo, ellos ponen excusas», protestó el concejal.

Nuevo juzgado

En la presentación de la memoria 2023, Concepcción recoge las necesidades de Valladolid y solicita también al Ministerio la creación de una nueva plaza en la sección cuarta de lo Penal de la AP de Valladolid recordando que es la única que tiene tres magistrados, a diferencia de las otras secciones (una de Penal y dos de Civil) que poseen cuatro.

Y demandó un nuevo juzgado de Primera Instancia. El presidente de la AP vallisoletana lo razona recordando que los órganos de esta jurisdicción «vienen aumentado su carga de trabajo desde hace varios años, y en torno a un 15% en el año 2023. Todos ellos superan ampliamente el módulo de entrada máxima fijada por el CGPJ», expone Carranza.