Cuenta atrás para la vuelta a Goya 32

A punto de cumplirse nueve meses de la explosión de gas que se produjo en el número 32 de la calle Goya y dejó una mujer fallecida y 14 heridos, el bloque de viviendas siniestrado sigue a la espera de la rehabilitación que permita la vuelta de los residentes.

Rodeado por una valla, con la puerta de acceso cerrada con una cadena y una estructura metálica instalada para apuntalar las partes del primer piso más afectadas, el bloque está tal y como quedó tras retirar los escombros y asegurar la estructura. Desde la calle, en la parte derecha del edificio, se aprecia el enorme boquete provocado por la explosión. Eran en torno a las once de la noche del 1 de agosto de 2023 cuando la vivienda del primero C saltó por los aires. Una ventana apareció a 80 metros de distancia, lo que da una idea de la potencia de la deflagración.

En los pisos superiores y en los de la parte izquierda, los menos dañados, hay ventanas con los cristales rotos y algunas persianas están desencajadas. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el bloque de viviendas en el que, hasta el 1 de agosto del pasado año, residían 19 familias. La explosión rompió el discurrir normal de la vida en esta calle tranquila del barrio de La Farola, que ahora espera la vuelta de los vecinos del número 32.

La única víctima mortal, Teresa B., de 53 años, residente en el primero C, apareció muerta entre los escombros y otras 14 personas resultaron heridas, 10 de las cuales tuvieron que ser trasladadas al hospital. La investigación reveló que el contador de gas del primero C marcaba un consumo de 52 metros cúbicos de gas, cuando lo normal es 2,5.

En diciembre pasado, cinco meses después de la explosión , el juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid archivó el caso al no apreciar indicios penales y concluyó que la detonación fue accidental, aunque en sus conclusiones advertía de que la conducción de gas había sido manipulada y faltaba una soldadura en uno de los empalmes.

La tragedia dio paso a un proceso largo e incierto para los vecinos, que afronta en los próximos meses su fase decisiva. Antes, hubo que derribar los lienzos de forjado y los tabiques que estaban más dañados y asegurar la estructura, como paso previo para la futura rehabilitación.

Una vez cerrada la investigación judicial, se abrió el tiempo de espera para los afectados, la mayoría alojados ahora de forma provisional en pisos de alquiler que pagan las compañías de seguros, aunque la ayuda de las aseguradoras es por un año y terminará el próximo mes de agosto.

Pese al desconcierto inicial ante una situación imprevisible que, de la noche a la mañana, dio con ellos en la calle, la comunidad de propietarios se organizó y, a través del seguro colectivo, encargó el proyecto, que está a punto de salir del horno. Todo apunta a que las obras no tardarán mucho, pero no hay plazos. La rehabilitación empezará por restaurar los servicios comunes, el ascensor, el agua, la electricidad, y por las viviendas menos afectadas, con el objetivo de que los propietarios de los pisos que tienen diferentes grados de afectación, pero no presentan grandes daños, puedan regresar lo antes posible. La vuelta se retrasará bastante más para los propietarios de las viviendas que desaparecieron como consecuencia de la explosión y que habrá que construir casi desde cero.

Laura, hija de la mujer fallecida en la explosión, está entre los que más tardará en volver. La joven recuerda que la última reunión de los vecinos se celebró el pasado mes de febrero y añade que el proyecto de rehabilitación «tiene que estar a finales de este mes». Con el dolor todavía por la pérdida de su madre, Laura no está entre los desalojados que viven en alquiler. «En mi caso tenía una segunda vivienda», afirma, confiada en que los trabajos para rehabilitar el edificio empiecen cuanto antes.

Pese a que la vuelta a las viviendas será progresiva, en previsión de que algunos de los afectados tengan que alargar su estancia en pisos de alquiler, algo que se da por seguro para los que vivían en los pisos que habrá que reconstruir, Laura afirma que se han puesto en contacto con la Junta de Castilla y León para saber si pueden contar con alguna de las ayudas que ofrece la administración autonómica.

Pese a los intentos para contactar con algún representante de la comunidad vecinal que lleva el peso en los trámites realizados los últimos meses y conocer el sentir de los afectados no fue posible.

La explosión no solo obligó al desalojo del número 32, sino que obligó a cerrar la calle al tráfico, situación que se mantiene ocho meses después, aunque parece que por poco tiempo. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, afirma que estudian la próxima apertura de la calle a la circulación, aunque sin fecha.

La misma cautela muestra el edil sobre la vuelta de los vecinos. Zarandona recuerda que «los arquitectos no se atreven a dar plazos», pero añade que «obviamente las últimas viviendas en ponerse en servicio serán las del origen de la explosión y colindantes, que prácticamente han desaparecido».

Las secuelas de la explosión tardarán todavía en desaparecer, pero la vuelta a casa ayudará a retomar la normalidad en la vida de los afectados, truncada la noche de aquel 1 de agosto.