Las oficinas ‘antiokupas’ de Junta y Ayuntamiento se cruzan de brazos ante el nuevo caso en Valladolid: «Solo podemos asesorar y si nos lo piden»

La Policía Municipal redoblará la vigilancia en el barrio de la Guardia Civil tras conocerse el último caso de ocupación de una de las viviendas. El inmueble afectado está justo enfrente del cuartel que Junta y Ayuntamiento acaban de rehabilitar para entregar sus pisos en alquiler social. Tras conocer el caso que desveló ayer lunes este periódico, el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, aseguró que este mismo martes dará instrucciones a la Policía Municipal para que comunique la situación a la Nacional y ambos cuerpos se coordinen para establecer «qué se puede hacer con este caso en concreto».

El concejal lamentó que, a pesar de que su grupo político (Vox) se posiciona «de forma contundente contra este tipo de ocupaciones», los procedimientos legales para conseguir un desalojo son complicados. «Una vez pasadas 24 horas de la ocupación y si no media un delito flagrante, todo tiene que resolverse por vía judicial», apuntó.

Fuentes de la Policía Municipal confirmaron que ya han previsto un dispositivo para incrementar la vigilancia en la zona: «Estamos muy pendientes», aseguran, si bien su cometido se limita a mantener la seguridad y realizar una labor de «observación» para comunicarla al Cuerpo Nacional de Policía. «Mientras no haya una orden judicial, no podemos desalojar», subrayan. Por su parte, la Policía Nacional confirmó que aún no se ha producido una denuncia por parte de los propietarios de esta última vivienda ocupada, en uno de los bajos de la Avenida Reyes Católicos, 27.

Mientras, las oficinas de información antiocupación puestas en marcha por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla yLeón no pueden hacer otra cosa que cruzarse de brazos ante el allanamiento de esta vivienda y de otras anteriores en el barrio de la Guardia Civil, por falta de competencias.

Oficinas ‘antiocupación’

Desde la Oficina de Información Antocupación ubicada en las instalaciones de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de Valladolid, aseguran que las consultas recibidas desde el inicio de la legislatura «son muy pocas, cuatro o cinco», y que lo único que pueden hacer es «asesorar y acompañar a los afectados sobre las vías que pueden tomar para recuperar su vivienda».

«Lo único que se puede hacer es acudir a la vía judicial», apunta uno de los responsables de la oficina, que reconoce que el público en general desconoce la existencia de este servicio, por lo que están «poniendo a punto una nueva página web para facilitar el acceso», avanza.

Por su parte José Miguel Montolio, asesor jurídico de la otra Oficina de Información Antiocupación –fruto del convenio entre la Junta y la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid, ubicada en las oficinas de esta última–, subraya los mismos extremos: «Nuestro cometido es dar información a todos los propietarios que nos lo soliciten, pero no tenemos ninguna otra atribución ante la ocupación», detalla. «Nuestro objeto social es defender los derechos de propiedad con los medios de que disponemos».

Por eso, la Cámara llegó a un acuerdo con la Junta «que no le cuesta ningún dinero a la Administración autonómica», aclara. Desde que empezó el servicio, el pasado mes de junio de 2023, han atendido «unos 40 o 50 casos», de personas que denunciaron la ocupación de sus viviendas, «aunque prácticamente la mitad se trataba de inquilinos que habían dejado de pagar, lo que ahora se llama ‘inquiocupación’, una palabra que no me parece adecuada». Montolio apunta que el desalojo de los ‘okupas’ es mucho más complicado desde la entrada en vigor de la última Ley de Vivienda, que «complica los procesos y alarga el desahucio, con cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil».

Donde más abundan las ocupaciones, apunta, es en las promociones que quedaron inacabadas durante la burbuja inmobiliaria, las que acabaron en manos del Sareb, como ocurrió en conocidas edificaciones de Arroyo de la Encomienda. «Ellos suelen preferir una vivienda en la que sepan que no hay un dueño que vaya a denunciarles», concluye.