Diario de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid estrena un canal interno para denunciar infracciones y casos de corrupción

El  informante tendrán medidas de protección para evitar represalias y una comisión de integridad, presidida por el secretario, analizará la irregularidad denunciada

Francisco Blanco y Silvia Tomillo presentan el sistema interno de información.

Francisco Blanco y Silvia Tomillo presentan el sistema interno de información.E. M.

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Valladolid

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Un sistema interno de información permitirá a los trabajadores del Ayuntamiento de Valladolid denunciar las infracciones, irregularidades o presuntos casos de corrupción que detecten dentro del consistorio. La medida ya la aplican  otras administraciones públicas y  deriva de la Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España, que obliga a todas las empresas y entidades públicas con con más 50 trabajadores a habilitar un canal de denuncias para recibir información sobre irregularidades normativas o casos de corrupción que se produzcan. La ley tiene por objeto regular un marco adecuado de protección para los informantes  y evitar que puedan sufrir represalias por sus testimonios.

    Al presentar ayer esta nueva herramienta para el funcionamiento interno municipal, el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, explicó que el objetivo es «denunciar cualquier actuación que no se ajuste a las normas» y así «dar una mejor gobernanza».

El sistema interno de información, así se denomina, es un instrumento recogido en la legislación española, que a su vez deriva de una directiva de la Unión Europea, para combatir la corrupción. En el Ayuntamiento de Valladolid hay dos casos evidentes que encajarían entre las irregularidades denunciables a través de ese sistema: el denominado caso PGOU, que acabó con la condena de tres altos cargos municipales por la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2003, y el caso Samaniego, que terminó con la condena, en este caso del ex jefe de Mantenimiento del consistorio, por la adjudicación de obras menores entre 2001 y 2014 a empresas de su círculo familiar. Son dos ejemplos de irregularidades, en este caso delitos, que se produjeron dentro del consistorio y cuyos autores, condenados, formaban parte del personal de la casa. Es decir, el tipo de situaciones que serían denunciables con la herramienta disponible ahora.

El canal interno  funciona desde hace una semana y aunque ya se recibió alguna notificación en ningún caso se ajustaban al uso para el que está previsto y las informaciones se derivaron a otros servicios como el 010.  Las denuncias podrán presentarlas cualquier empleado municipal, pero también personas que hayan estado en contacto con la administración local, caso de los  proveedores, y observen alguna irregularidad.

El denunciante que acceda al canal interno podrá transmitir la información de forma escrita, verbal  e incluso anónima, pero en el caso de identificarse gozará de las garantías de confidencialidad y protección ante posibles represalias recogidas en la Ley 2/2023.  Es esta ley la que sustenta el canal interno de denuncias puesto en marcha por el Ayuntamiento y que, en palabras de la concejala delegada especial de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo, servirá para «fortalecer las estructuras municipales».

El sistema es accesible desde la página principal de la web municipal, a través del icono ‘Canal Interno de Información’, donde se ofrece además una completa guía para facilitar  su uso, además de ofrecer garantías de confidencialidad y protección del informante.

El denunciado, por su parte, tendrá garantizada la preservación de su identidad, la presunción de inocencia y dispondrá del derecho a recibir información sobre las irregularidades que se le atribuyen y a ser escuchado.

 La información recibida pasará a ser analizada por un órgano denominado Comisión de Integridad, que estará presidido por el secretario general del Ayuntamiento y del que formarán parte también una serie de funcionarios municipales. Esta comisión deberá decidir si archiva el asunto o si lo remite al Ministerio Fiscal o a la autoridad competente para continuar con las actuaciones.

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