El TS condena a 5 años a un pedófilo de Valladolid con 33.100 archivos de "extrema dureza"

El Tribunal Supremo, en un reciente auto, ha dejado sin efecto el recurso presentado por Julio G.R., un vallisoletano con domicilio en el barrio de las Delicias, para rebajar su pena de 5 años y un día de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por tenencia y distribución de pornografía infantil, alegando que la Guardia Civil tardó casi cinco años en acabar su informe, lo que interpreta como una atenuante a su favor por dilaciones indebidas en grado de «muy cualificadas». 

La Guardia Civil descubrió en el registro de su domicilio un total de 33.100 archivos de pornografía infantil, efectuado el 8 de noviembre de 2016, de los cuales 14.195 fueron peticionados y compartidos por otros usuarios. Los agentes calificaron las imágenes como «degradantes» y de «extrema dureza» , ya que en algunas se veían menores de dos y tres años violados analmente. 

El alto tribunal no resuelve propiamente el recurso que presentó Julio G.R., sino que acuerda que no procede la admisión del recurso de casación y todo ello, explica, porque el recurrente «se ha limitado a reiterar el contenido de la impugnación desarrollada en la apelación». 

Por ello, «la cuestión planteada carece de relevancia casacional, en la medida en que no alega ni plantea argumentos distintos de los ya esgrimidos con anterioridad que permitan a esta Sala advertir y apreciar cuáles son las razones que podrían dar lugar a un pronunciamiento que se apartara de las conclusiones obtenidas en las dos instancias previas a la casación», reza el auto en referencia a las sentencias de la Audiencia de Valladolid (julio de 2022), que le condenó a 6 años, y la posterior del TSJCyL, que rebajó la pena a cinco años y un día de cárcel. 

Detenido el  8 de noviembre de 2016 tras el registro en su domicilio de la calle Aaiún, Julio G.R., no se sentó en el banquillo de la Audiencia de Valladolid hasta junio de 2022. Casi seis años de espera que ahora ha tratado de utilizar para rebajar condena, ya que consideró «desproporcionado» el lapso de casi cinco años que tardó la Guardia Civil en concluir su informe pericial. Lo calificó de «objetivamente extraordinario» y, en consecuencia, generador de una atenuante «muy cualificada» de dilaciones indebidas. 

Apreciación que  ahora rechaza el Supremo en su reciente auto, en una postura coincidente con la que se pronunció el TSJCyL. Admite un retraso en la emisión del informe, pero añade que este resultaba «absolutamente necesario» para esclarecer el tipo de delito por la dificultad técnica a la que se enfrentaron los agentes en la elaboración de este tipo de informes y a la «ingente» cantidad de material que debieron analizar en el presente caso. 

Es más, recuerda que todos los pasos procesales complementarios se realizaron con diligencia. Así, resaltó que el procedimiento se había incoado a finales de septiembre de 2016 y que la elaboración del informe se había acordado ese mismo mes. También destacó que, recibido el informe pericial el día 2 de agosto de 2021, el juzgado dictó el auto de continuación por los trámites de procedimiento abreviado antes de que transcurriera un mes. 

Y abunda aún más en que a Julio G.R. no le corresponde una atenuante ‘muy cualificada’, ya que en las sentencias de casación se suele aplicar este grado máximo de retraso en las causas que se celebran en un período que supera los ocho años de demora, que no es el caso. 

«Nunca vi nada igual»

Durante el juicio que se celebró en la última semana de junio de 2022 en la Audiencia de Valladolid quedó patente el impacto que aún perduraba en los agentes que revisaron el material. El guardia civil que destripó los 33.100 archivos pedófilos declaró que su visionado fue «excepcionalmente duro». Aunque se dedicaba profesionalmente a combatir la pornografía infantil, reconoció que el material que guardaba este vecino de las Delicias superó toda su capacidad de asombro por la crueldad y perversión de las escenas, la mayoría rayanas a la perversión. 

«En mi carrera profesional no he visto nunca nada igual. Vídeos de bebés, de niños y niñas menores de seis años violados analmente… muy duro» , resumió el perito con titulación de ingeniero de Telecomunicaciones, que realizó el inventario del material: un chequeo extenuante a 21.000 gigas (21 Teras) repartidos en discos duros, CDs, DVDs y pendrives. 

Además, comprobaron que guardaba en sus ordenadores hasta tutoriales para realizar descargas con más rapidez y otro dato curioso: almacenó 21 teras (21.000 gigas) de descargas y todo el material estaba disperso, sin orden, (películas, documentales…), salvo el material porno de niños, que se encontraba perfectamente clasificado.

 En voz baja y sin quitarse la mascarilla, el acusado narró un pasado profesional como electricista, operario de la construcción y empleado de una panadería; negó que hubiese compartido los denigrantes vídeos y se presentó como una persona inadaptada socialmente, que fue víctima de traumas de infancia. 

Un historial, aseveró, que se acentuó al volver de Alemania y que agudizó su nula habilidad para trabar relaciones sociales en Valladolid. Así, citó que sufrió el acoso de su hermano mayor. En otro momento del juicio el psicólogo de la defensa reveló que el gran trastorno que le atormenta ocurrió en el colegio, de niño, cuando compañeros de clase le bajaron el pantalón y los calzoncillos y se quedó con los genitales expuestos.