El Gobierno contempla 13 años para culminar la Ciudad de la Justicia de Valladolid

1. Así quedará la Ciudad de la Justicia

2. Así están repartidas ahora las 8 sedes judiciales

Hay obras de nunca acabar y otras de nunca empezar . Es un lugar común decir aquello de que la Justicia es lenta, ya no digamos cuando se trata de construir una Ciudad de la Justicia. Parafraseando a Dickens en una de sus diatribas contra el enquistamiento de los tribunales, podríamos decir que hay periodistas que escribieron líneas y líneas sobre el Campus de la Justicia de Valladolid y ya se han jubilado ; presidentes de la Audiencia que hablaban con ilusión del proyecto y han colgado las puñetas; jueces y abogados que pensaron que disfrutarían de aquella idea de juntar sedes y ya no colocarán su toga en una pared de esa construcción. Hasta hubo partidos políticos que no habían ni nacido, se pronunciaron sobre el asunto y han desaparecido sin que el campus judicial sea una realidad. Y no va a serlo a corto o medio plazo: habrá que esperar casi tres lustros más.  El Gobierno contempla 13 años para culminar el Campus de la Justicia de Valladolid al extender su finalización hasta 2036 , tal y como consta en el documento de nueve folios de la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia que rige las condiciones de este proyecto al que ha tenido acceso El Mundo de Valladolid.

Este plazo retrasa aún más el último aportado por el Ministerio a finales del año pasado en un acto en la capital vallisoletana. El 20 de diciembre de 2022, apenas dos meses después del enfado del sector judicial y de todos los grupos políticos municipales, incluidos reproches públicos del entonces alcalde, Óscar Puente, por la irrisoria partida económica destinada a este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno firmó un protocolo con el Ayuntamiento en el que ocultó el horizonte real y lo fijó en 2031 . Cinco años menos de lo que ahora prevé. 

Hagamos reconstrucción de lo no construido. Hasta el Consistorio vallisoletano se trasladó la subsecretaria de Justicia, María Sánchez, que, acompañada de la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, firmó con el alcalde y el teniente de alcalde, Puente y Saravia, el protocolo en el que se comprometía a aportar 80 millones de euros para construir el Campus Judicial y que estuviera listo en 2031. A cambio, el Ayuntamiento garantizaba la cesión de las parcelas.

El documento oficial del Ministerio de Pilar Llop al que ha tenido acceso este diario refleja cómo se trata de un proyecto aún en pañales. Describe número de juzgados, cuáles irán agrupados en la nueva sede y fija inversión y plazos. Mantiene los 80 millones anunciados, pero varía la fecha de finalización.

La nueva sede en el entorno de San Pablo se construirá, como ya es sabido, en la parcela del antiguo Colegio El Salvador que el Ayuntamiento adquirió y en parte de la del aparcamiento del Edificio Rondilla, antiguo Río Hortega. Ambas sumarán una superficie conjunta de 31.560 metros cuadrados. La ejecución se llevará a cabo en dos fases. La primera supondrá un desembolso de 50 millones y se centrará en la parcela de El Salvador. 

Justicia estima que los trabajos en esta parte se prolongarán hasta 2030, mientras que, de cumplirse las previsiones, en la parcela del hasta ahora parking sanitario las máquinas entrarían en 2030 para estar lista seis años después y conllevaría un desembolso de 30 millones. La inversión detallada de la construcción en ambas parcelas supone que la redacción del proyecto y otros trámites requieran tres millones de euros, la obra otros 69,5 millones y el amueblamiento y la mudanza tengan un coste de 3.787.200 euros. A esto hay que sumar otro elemento fundamental para que en esa futura agrupación de sedes judiciales el funcionamiento sea fluido y no se congestione la ciudad: la creación de un aparcamiento subterráneo por un importe de 3,5 millones de euros. 

Una vez finalizada la tan esperada Ciudad de la Justicia, algunas sedes judiciales cambiarían su ubicación aunque otras no. Las nuevas instalaciones, bautizadas como Plaza de la Justicia, acogerían los juzgados de lo Contencioso Administrativo del 1 al 4; el juzgado y la Fiscalía de Menores, los de Primera Instancia números 1 al 15, el de lo Mercantil número 1, la sección clínica y los juzgados de lo Social números 1 a 4.

Se mantendría el inmueble de Angustias, número 21 con la Audiencia, la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía provincial y una delegación de la Fiscalía autonómica. 

También continuará en funcionamiento el de enfrente, en el número 40 de Angustias, el de los juzgados, pero con variaciones, con menos inquilinos. Este edificio fue inaugurado en 1993 y ha ido quedándose pequeño a medida que pasaban los años. Una vez haya agrupación, acogerá sólo los de Instrucción del 1 al 6, los de lo Penal del 1 a 4, el de Violencia sobre la Mujer y el Registro Civil. 

De este modo, toda la actividad judicial de la ciudad se concentraría al fin en pocos metros, potenciando la actividad de esta zona estratégica de Valladolid, entre San Nicolás, La Rondilla y Universidad. 

En la actualidad, la dispersión de los inmuebles que albergan los diferentes órganos judiciales provoca que haya hasta 8 sedes diferentes en emplazamientos alejados, cuatro de ellas de titularidad pública y otras tantas en régimen de alquiler. El arrendamiento de todas asciende a 1,2 millones de euros anuales con IVA.

Según recoge el propio documento, dentro de los que son propiedad del Ministerio está en inmueble de Angustias, 21 , de casi 9.000 metros cuadrados, que acoge a la Audiencia provincial , la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía provincial y la delegación de la Fiscalía autonómica. Todo esto no variará en nada cuando el Campus esté en marcha.

El Gobierno también posee el edificio de los juzgados de Angustias, que incluyen ahora los de Primera Instancia número 3, 10 y 13; los de Instrucción del 1 al 6; los de lo Penal del 1 al 4, el de Violencia sobre la Mujer y el Registro Civil.  De titularidad pública son también los números 4,6,8 y 10 de la calle San José, donde se encuentran los juzgados de lo Contencioso Administrativo; y los dos edificios del Paseo del Hospital Militar 8 y 10 que acogen el Juzgado de Menores y la Fiscalía de Menores. 

Por contra, en régimen de alquiler están Nicolás Salmerón número 5, donde se encuentran los juzgados de Primera Instancia 1,2,4 a 9, 11,12,14 y 15 y el de lo Mercantil 1. El alquiler de este edificio que se extiende en 6.371 metros cuadrados supone 1.026.957 euros anuales. Más reducido en tamaño y en renta es el de Doctor Cazalla, en el que se ubica la Sección Clínica, por 44.612 euros al año. Los juzgados de lo Social que están en la plaza Rosarillo suponen un alquiler de más de 120.000 euros anuales y el Ministerio arrienda otro inmueble en la calle La Lira que está «pendiente de adecuación del espacio».

Esto son las cifras de casi 20 años en los que Valladolid lleva dándole vueltas a la agrupación de las sedes judiciales sin que se haya materializado la esperada Ciudad de la Justicia. Partidas pírricas o inexistentes en Presupuestos Generales del Estado, promesas que se quedan en mensaje electoralista, discusiones sobre si debía ir al centro o a Villa del Prado y, mientras, Valladolid con 38 juzgados que continúan sin contar con sus órganos judiciales en un mismo espacio. 

Cada vez que la corporación municipal –ya fuera con el popular Javier León de la Riva al frente o con el socialista Óscar Puente– avanzaba en la tramitación de una permuta o de una adquisición sobre los terrenos elegidos, el Ministerio de Justicia de turno , y los ha habido tanto del PP como del PSOE, daba carpetazo al asunto sin tener siquiera que pronunciarse: apenas reservaban inversión en las cuentas anuales y dejaban a Valladolid de nuevo compuesta y sin Campus judicial. 

Hay que remontarse hasta 2004 cuando la Diputación ofrecía un terreno en Villa del Prado, junto al barrio Girón, que convencía al Ayuntamiento del PP, pero el entonces ministro Fernández Bermejo descartó en 2007 su compra por el elevado precio. Y el resto, un rosario de generosa palabrería y minúsculo apoyo real. Más tarde, con el PSOE en la Alcaldía el equipo de gobierno optó por El Salvador por considerar la zona más apropiada. 

El informe del Ministerio expone en su cuarto folio que ya en esta ubicación, en la actual, «el punto crítico era la aprobación del proyecto de actuación que modificara el Plan General de Ordenación Urbana», y señala que «finalmente el Ayuntamiento optó por su adquisición onerosa». También indica que se han seguido dando pasos. Eso sí, por ahora, Valladolid seguirá esperando.