Los laborales forenses llevan a la ‘morgue’ a la Justicia: el miércoles realizan su primera huelga

Si la Administración de Justicia no tenía ya suficientes sobresaltos, tras las huelgas de letrados, jueces y fiscales (neutralizadas tras inyectar dinero) y la que permanece en plena ebullición con el personal de Justicia (tramitación, gestión y auxilio, más médicos forenses), este miércoles se suma al caos la primera de las huelgas anunciadas por el personal laboral de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF): trabajadores/as de equipos psicosociales y personal de autopsias, por decirlo de una forma abreviada.

En Valladolid son seis psicólogos, seis trabajadores sociales y dos educadores en los equipos que evalúan -por citar solo algunos ejemplos- la situación de una mujer maltratada, las medidas que debería imponer el juez a un menor infractor o la conveniencia de asignar la custodia de hijos a uno u otro cónyuge en un divorcio contencioso. Funciones que este miércoles 24 de mayo (con la excepción de lo que determinen los servicios mínimos) dejarán de realizar.

El calendario a corto plazo de jornadas de huelga general a tiempo completo de estos trabajadores/as que desempeñan su función fundamentalmente en las dependencias judiciales de la plaza del Rosarillo y de Doctor Cazalla (sede de la dirección de Valladolid del IMLCF) es reanudar las jornadas de huelga el 30 de mayo y el 1 de junio, y el 5, 6 y 7 de junio . Eso solo de momento y a la espera de la evolución de los sindicatos con los trabajadores.

Eva Carretero , portavoz de los laborales de los equipos psicosociales, celebró que los compañeros laborales del servicio de patología forense estén también convocados a la huelga por tratarse de una reivindicación que afecta a todos. A su juicio, el Ministerio de Justicia, al no dar respuesta a las reivindicaciones de los técnicos, está “abandonando” a los colectivos más vulnerables.

“El trabajo que desarrollan estos profesionales dentro del engranaje de la Justicia tiene una gran relevancia, pues son ellos quienes atienden a las víctimas más vulnerables y elaboran los informes periciales de un elevado y heterogéneo número de asuntos, tanto en la jurisdicción civil como en la penal, conflictos familiares, violencia de género, abusos sexuales y menores víctimas y autores de violencia, entre otros muchos”, afirma Carretero.

Para revertir la situación, reclaman un reconocimiento laboral ajustado a su especialización y a la alta responsabilidad que conlleva su trabajo.