Diario de Valladolid

Tras la huelga de letrados, llega la de 700 funcionarios de Justicia en Valladolid

Sin haber empezado a recuperar el retraso por el paro de los secretarios, el 17 de abril se queda en casa el 90% del personal de los juzgados

Protesta de funcionarios de Justicia de Valladolid en una imagen de archivo. E.M.

Protesta de funcionarios de Justicia de Valladolid en una imagen de archivo. E.M.

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Íñigo Arrúe
Valladolid

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Tormenta perfecta para el bloqueo absoluto en la Administración de Justicia en Valladolid y en Castilla y León, lo mismo que en el conjunto de España: un solo Cuerpo, el de letrados, únicamente satisfecho por una subida de sueldo de 430 euros al mes tras dos meses de huelga; el de jueces, con cara de pocos amigos por escuchar que tienen que ponerse las pilas para enjugar el retraso provocado por la huelga de letrados, y, al fin, el de funcionarios de Cuerpos Generales, que fuman en pipa por estar excluidos de la subida salarial.

El próximo 17 de abril está convocada la primera jornada de huelga de los Cuerpos Generales, con paros parciales de 10 a 13 horas, convocada por todos los sindicatos del sector Justicia -CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG, más los sindicatos de implantación territorial-. Un aperitivo de lo que vendrá a partir del 19 de abril y días posteriores, que será directamente una huelga general durante toda la jornada.

La convocan los sindicatos que representan a los funcionarios de los llamados Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, que son el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa; el de Tramitación Procesal y Administrativa y el de Auxilio Judicial. Para simplificar, todos los trabajadores públicos que no son ni letrados/as judiciales, ni jueces/juezas, ni fiscales, ni forenses. Son más del 90% de los funcionarios que trabajan en los juzgados y tribunales de España.

Si los 260 letrados de Justicia en Castilla y León (52 en Valladolid) acaban de demostrar los estragos que han causado con su huelga de dos meses, qué decir de lo que pueden provocar los 3.500 funcionarios de los Cuerpos Generales de Justicia en la Comunidad o los 700 en Valladolid.

Solo hay una posibilidad de que la huelga se desconvoque antes del 17 de abril: que el Ministerio de Justicia ordene una subida salarial a los 45.000 funcionarios de los Cuerpos Generales, algo que no a va pasar. El pasado 30 de marzo, los sindicatos ya conocieron el rechazo del departamento de Pilar Llop a su demanda de incremento de sueldo. 

En la denominada Zona Ministerio, en la que está incluida Castilla y León, son 9.000 los funcionarios convocados a la huelga. Es un territorio judicial que depende directamente del Ministerio por no tener las autonomías transferida esta cartera. Además de Castilla y León están incluidas en Zona Ministerio Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Ceuta y Melilla.

"Nula voluntad"

“La convocatoria de esta huelga se produce tras constatar la nula voluntad del Ministerio de Justicia, en la reunión mantenida el 30 de marzo con los sindicatos representativos, de presentar una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados; en línea con el acuerdo firmado con los letrados”, señalaron las centrales en un comunicado.

Los sindicatos instan al Ministerio a que presente una propuesta de incremento retributivo para todo el personal de la Administración de Justicia   en la línea marcada por el Acuerdo suscrito con el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), para iniciar, acto seguido, las negociaciones de las cuantías y conceptos de dichos incrementos retributivos y reconociendo, además, las funciones reales que se realizan en todos y cada uno de los puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia de todos los cuerpos.

Del mismo modo, urgen a que el departamento de Llop “garantice la paralización” de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa  hasta que no se alcance un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las organizaciones sindicales para la modificación del texto que se está debatiendo en las Cortes Generales.

“Es inconcebible que se diseñe un nuevo sistema de trabajo con profundos cambios organizativos, sin consultar a los trabajadores que van a estar directamente afectados”, indicaron fuentes sindicales del sector Justicia en Castilla y León.

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