Diario de Valladolid

El Ayuntamiento alega en su recurso por la anulación de carriles que sólo afecta a 23 calles

Defiende que el decreto es válido para aprobar las medidas, pero prepara una ordenanza para asegurarse

Photogenic/Miguel Ángel Santos. Paseo Isabel La Católica, donde se construyó el polémico carril bici

Photogenic/Miguel Ángel Santos. Paseo Isabel La Católica, donde se construyó el polémico carril bici

Publicado por
Fernando Martín
Valladolid

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El Ayuntamiento presentó ayer,  un día antes de vencer el plazo, el recurso contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid que anuló el decreto de junio de 2020   para la implantación de los carriles exclusivos para autobuses y taxis y los carriles bicis del paseo de Isabel la Católica y de la Avenida de Gijón. 

El juzgado estimó el recurso presentado en su día por el Grupo Municipal Popular y falló que los cambios en la movilidad implantados por el Ayuntamiento deben hacerse mediante ordenanza y no por decreto.

En el recurso presentado ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Ayuntamiento mantiene los argumentos que ya defendió ante el juzgado e insiste en que  el texto refundido de la Ley de Tráfico solo exige que se apruebe por ordenanza la regulación del tráfico, no la ordenación. Dicho de otro modo, los servicios jurídicos municipales sostienen que sólo han  de tramitarse por ordenanza aquellas disposiciones de tráfico que modifiquen de forma sustancial a  la circulación del municipio e impliquen obras, un caso que, según el Ayuntamiento, no puede aplicarse a los carriles para autobuses y taxis al afectar sólo a 23 de las 1.800 calles de la ciudad.

Como segundo argumento, señalan que en abril de 2021 se modificó el reglamento de tráfico para permitir que la implantación de carriles bici y bus se pudiese hacer por decreto del concejal. 

Para rubricar  su argumentación, en el recurso se recoge que el PP nunca aprobó una ordenanza e implantó carriles bici y bus mediante un decreto como el impugnado y por resoluciones administrativas. Frente a lo que sostiene el Ayuntamiento, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1  concluyó que los cambios  en la movilidad implantados sí que suponen «una afectación general a la regulación y ordenación del tráfico urbano en la ciudad».

En otro pasaje de la sentencia se abundaba en la misma idea al señalar que «en atención a la afectación» de la ordenación del tráfico que implican los cambios aplicados por el Ayuntamiento se exige que su regulación se realice mediante  una ordenanza. 

La presentación del recurso se produce en paralelo al proceso abierto por la concejalía de Espacio Urbano y Movilidad, dirigida por Luis Vélez, para aprobar una ordenanza que legalice los carriles anulados. Será una ordenanza elaborada ex profeso para regularizar los cambios declarados nulos por el juzgado, no para la ordenación general del tráfico en la ciudad, tal y como solicitó el Grupo Municipal Popular durante el último pleno municipal. 

El PP pidió también que el equipo de gobierno municipal renunciara a presentar el recurso, acatara la sentencia y volviera a la situación anterior a la implantación de los carriles. La propuesta fue respaldada por el resto de grupos de la oposición.

En un intento por dificultar una ordenanza que consideran perniciosa para la movilidad en la capital, el Grupo Popular del Ayuntamiento animó a los ciudadanos a presentar alegaciones a la iniciativa adoptada por el equipo de gobierno para legalizar los carriles anulados. El Partido Popular reitera que la ordenanza que ha anunciado el concejal responsable es «insuficiente porque no es para el tráfico en general, solo incluye los carriles bus-taxi y carriles bici cuestionados».

El concejal de Movilidad calcula que la nueva ordenanza puede estar antes del verano para así mantener las medidas implantadas en el caso de que la sentencia del Tribunal Superior ratifique la anulación del decreto.

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