La obra de los 63 pisos de alquiler social en Valladolid comienza este mes con 6,3 M€ de inversión
El viejo cuartel de Puente Colgante inicia el macroproyecto de rehabilitación tras la adjudicación de los trabajos a la empresa ‘Gómez Crespo’ con una rebaja del 13% sobre el importe de licitación
Seis años después de la marcha de las últimas familias que ocupaban la casa cuartel de la Guardia Civil de Puente Colgante, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, propietaria del inmueble, da el pistoletazo de salida a las obras de transformación del acuartelamiento para convertirlo, por medio de una compleja y delicada actuación, en 63 viviendas con destino al alquiler social de jóvenes con bajos recursos.
El largo proceso burocrático ha entrado en vía de ejecución de los trabajos tras la adjudicación en días pasados del contrato de obras a la empresa orensana ‘Obras y Servicios Gómez Crespo’, una compañía que ha desbancado en la carrera a gigantes de la construcción como Ferrovial, Geoxa y Acciona, según recoge el expediente de contratación al que ha tenido acceso DIARIO DE VALLADOLID.
La constructora gallega se ha hecho con el contrato con una oferta de 6.294.712 euros de presupuesto (Iva incluido), lo que supone una rebaja del 13% sobre el importe de licitación, que era de 7.235.301, Iva incluido. El plazo de ejecución de obras es de 20 meses con comienzo en el presente mes de junio, según informaron fuentes de la Consejería de Fomento, por lo que el término de las obras en el apartado puramente de edificación estaría acabado en enero de 2023.
Una fecha a la que habría que añadir un plazo para el mobiliario y equipamientos y otro más para certificaciones de obra y permisos de habitabilidad. En resumen, un lapso que podría retrasar la entrega de llaves hasta pasado el verano de 2023, según los cálculos más optimistas. La bases del contrato establecen que ‘Obras y Servicios Gómez Crespo’ recibirá el importe de 6,3 millones en dos anualidades. En 2021 percibirá 2.696.975 euros y en 2022, 3.597.737 euros. Si se cumple el procedimiento administrativo, a partir del 8 de junio se podrá formalizar el contrato de obras y se iniciarán las obras.
Refuerzo de estructuras
Fomento ha adjudicado asimismo la dirección de la obra a la UTE formada por las empresas ‘Aparejo Oficina Técnica S.L’. y ‘García Rodríguez Alcoba Oficina de Arquitectura S.L.P., por un importe de 217.800 euros Iva incluido, con un baja del 32,28% respecto al presupuesto base de licitación.
Las obras de rehabilitación persiguen recuperar un edificio con el fin de incrementar el número de viviendas del parque público de alquiler a un precio asequible, con las calidades de un edificio de nueva construcción, de consumo casi nulo y totalmente accesible. Para ello, el proyecto contempla actuaciones como refuerzo del sistema estructural, en pilares, vigas y viguetas de acero, y del sistema de cimentación de hormigón.
Otro gran objetivo es la mejora de la envolvente con la mira puesta en alumbrar un edificio de consumo casi nulo, con el reto de mantener los muros exteriores y huecos de fachadas actuales. La idea es mimetizarse con el entorno y obtener una imagen muy similar a la existente en concordancia con los edificios próximos de los que forma conjunto. Para ello, según explicaron fuentes de la Consejería de Juan Carlos Suárez-Quiñones. aplicará un sistema ‘Sate’, carpinterías de aluminio lacado de color blanco, y cubrición de fibrocemento en cubierta por morteros de corcho.
Calderas de biomasa
El ADN ‘pionero’ del edificio ‘Puente Colgante’, se hace extensible a su fuente de calor. Las nuevas instalaciones contarán con un sistema térmico de calderas centralizadas de biomasa, para la calefacción y agua caliente sanitaria, y ventilaciones individuales mecánicas.
Otro punto fuerte de reconversión del vetusto cuartel es la reorganización de los portales y escaleras para dotar de la máxima accesibilidad a las viviendas y zonas comunes, con ascensores y rampas, todo ello sin descuidar nuevas distribuciones interiores de las viviendas, más funcionales y adaptadas a las nuevas necesidades de las familias. De las 63 viviendas, cuatro de ellas serán accesibles.
En el patio interior, que hasta su fin como cuartel estaba muy desangelado, desplegarán espacios ajardinados y de recreo, aparcamiento de bicicletas, y zona de reserva de contenedores de basuras y compostaje. De las 63 viviendas, 32 se calificarán como de alquiler social, por lo que albergarán a unidades familiares con ingresos totales de menos de 9.000 euros al año, mientras que 31 de ellas se catalogarán como viviendas de alquiler protegido para aquellas unidades con ingresos totales que oscilen entre 7.500 y 22.500 euros anuales. El edificio, en forma de ‘U’, está delimitado por las calles Puente Colgante, avenida Reyes Católicos y Juan Sebastián Elcano y contará con ocho portales. La superficie construida existente es de 8.019 metros cuadrados. La renta oscilará entre 150 y 400 euros al mes, según la superficie
A fecha de enero de 2020, la Junta atesoraba suelo urbano con uso residencial para levantar más de 5.133 viviendas de protección pública en 14 municipios de la Comunidad, tanto en el medio rural como en el entorno de las grandes ciudades de la Comunidad.
El proyecto de la Junta es crear 63 viviendas de alquiler con trastero, aunque no están previstas plazas de garaje. De ellas, 48 disponen de tres dormitorios, salón, cocina, tendedero, baño y aseo. Las viviendas de esta tipología tienen en su mayoría una superficie útil media de entre 86-88 metros cuadrados.
Discapacidad
Las quince viviendas restantes disponen de dos dormitorios, salón, cocina, tendedero y baño. Cuatro de ellas son accesibles para personas con discapacidad. Las superficies útiles oscilan entre los 59,16 metros de la más pequeña hasta los 80,37 metros de las más amplias, que corresponde a las viviendas accesibles.
El precio de los alquileres oscilará entre 150 y 400 euros al mes, en función de la superficie de las viviendas. El pliego recalca que las viviendas irán destinadas a público juvenil y por ello tendrán que tener presente lo que demanda la población a la que va dirigida. El proyecto contó, al menos en 2018, con el compromiso del Gobierno central de financiar una parte de la obra de rehabilitación, según lo anunció la secretaria general de Vivienda del Ministerio, Helena Beunza.