El ministro promete fondos para el Campus Judicial pero no avanza plazos
El titular de Justicia afirma que estará en un tiempo «razonable» y añade que el Gobierno trabajará «sin descanso» / Del Olmo acusa a Puente de no haber hecho «nada» en 6 años
Valladolid tendrá su Campus de la Justicia en el antiguo colegio de El Salvador, junto a la plaza de San Pablo, pero la incógnita es cuándo y nadie parece estar en disposición de contestar hoy a esa pregunta. Ni siquiera el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ayer visitó Valladolid para ratificar el apoyo del Gobierno al proyecto y a la nueva ubicación que decidió el equipo del alcalde, Óscar Puente, tras llegar al Ayuntamiento en 2015.
Transcurridos seis años desde entonces, Puente admitió ayer que el proceso para ubicar todas la sedes judiciales dispersas ahora por la ciudad en un único sitio se retrasa más de lo que cabría esperar, pero insistió en su idea de que se trata de un «proyecto estratégico» para Valladolid y lo relevante es que habrá un Campus Judicial, que estará en el centro y que permanecerá para las posteridad, de manera que «dentro de 50 años las sedes de los juzgados estén donde tienen que estar»
A punto de llegar al ecuador de su segundo mandato, Puente quiso dejar patente que, a pesar de los retrasos y las complicaciones, el proyecto está encarrilado y «poco importa» si es él u otro alcalde el que corta la cinta inaugural cuando se estrenen las nuevas instalaciones. En todo caso, para ser Puente el que lo inaugure en el próximo mandato tendrían que darse dos circunstancias: que se presente a las elecciones de 2023 - ya ha dicho que esa es su intención- y resulte reelegido y que la nueva sede esté lista en siete años, es decir en 2028, un plazo factible, pero que nadie asegura.
El ministro de Justicia se mostró muy cauto al ser preguntado por plazos, no ya de cuándo podría estar terminada la sede, sino del inicio de las obras. Campo consideró un «poco prematuro» aventurar fechas y añadió que sería «osado» por su parte hablar de plazos. Lo más concreto que dijo fue que estará en un tiempo «razonable», lo que se presta a interpretación, y que desde el Ministerio de Justicia trabajarán «sin descanso» para que la Ciudad de la Justicia de Valladolid sea una realidad cuanto antes.
«No es de recibo que una ciudad como Valladolid llegara a tener doce sedes judiciales», dijo Campo ante el presidente de la Audiencia Provincia, Javier Carranza, y la Fiscal Jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, asistentes al acto organizado en el Ayuntamiento con motivo de la visita del ministro
El titular de Justicia se comprometió a incluir partidas para el Campus en los presupuestos de 2022 y 2023 en función del avance del proyecto y sus necesidades y no dudó al señalar que la de ayer es un día «histórico» para Valladolid -Puente no quiso recurrir a la expresión por lo manido del término y lo dejó en un «día importante»- al dar un paso adelante para «alcanzar esa Justicia moderna que todos merecen y que hay que construir entre todos».
La visita del ministro a Valladolid para ratificar su compromiso con el proyecto se produce después de que el Ayuntamiento decidiera cambiar sus planes iniciales y comprar la sede del colegio del Salvador a sus dueños, la Sareb, en vez de realizar una permuta y entregar a cambio varias parcelas judiciales. El Ayuntamiento pagará a la Sareb 6,8 millones más IVA, una cantidad que saldrá de los 21 millones de remanentes de los últimos ejercicios, y pondrá a la venta las parcelas.
El acuerdo alcanzado con la Sareb recoge que la operación de compra del suelo debe estar escriturada antes del 30 de junio, momento a partir del cual, y así lo anunció el alcalde, el Ayuntamiento cederá la parcela al Ministerio de Justicia, que será el que ejecute las obras.
De entrada, habrá que elaborar un proyecto y decidir si se mantiene el edificio que ocupaba el antiguo colegio o se derriba, pero eso ya dependerá del ministerio.
«Ya no hay marcha atrás», dijo el alcalde y añadió que «se pone en marcha el contador para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad». Puente se mostró convencido de que «este ministro va a cumplir con el compromiso», pero por si acaso advirtió de que, como alcalde, será «exigente» para que cumpla con el compromiso.
El regidor reconoció que «se ha tardado» más de lo que le hubiera gustado y que se encontraron «con muchas dificultades» para la obtención del suelo hasta tener que cambiar la previsión inicial de una permuta por la compra directa del edificio por será «más rápido y eficaz».
Fue el 13 de noviembre del pasado año 2020 cuando el Ayuntamiento de Valladolid y la Sareb firmaron un convenio para la cesión del uso del antiguo colegio, asentado sobre una parcela de 5.165 metros cuadrados. Ese acuerdo permitía el acceso de los técnicos municipales al interior del inmueble para avanzar en la redacción del proyecto arquitectónico a través de estudios y mediciones.
El concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, explicó que «el problema siempre estuvo en la parcela de El Salvador» y añadió que «desde el principio se intentó llegar a un acuerdo con la propiedad» hasta que se ofreció la oportunidad de comprar el antiguo colegio.
Críticas del PP
Frente a la celebración de Puente y Saravia al despejarse el camino para que el proyecto avance y ver ratificado el compromiso del ministro de Justicia, a la presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, el anunció de la compra del edificio le sonó a «un conejo sacado de la chistera» por parte del alcalde.
Del Olmo lamentó que «después de seis años escuchando las bondades y beneficios de la permuta, ahora ya no es el modelo ideal» y recordó que el PP se opuso a la permuta y eso les valió, a ella y al concejal Alberto Gutiérrez, la reprimenda del concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda.
Tras señalar que en los seis años que lleva al frente del Ayuntamiento Puente «no ha hecho nada de nada con la Ciudad de la Justicia», Del Olmo reiteró que lo que demuestra es que «es un mal gestor».
La presidenta del Grupo Municipal Popular no se olvidó en sus críticas del ministro de Justicia, al que, en tono irónico, agradeció «los 50.000 euros» recogidos en los presupuestos de este año para la Ciudad de la Justicia, un dinero que daría «para pintar una de las calles desconchadas de Valladolid», en referencia a los problemas surgidos con las pinturas del pavimento en Menéndez Pelayo y Constitución, dos de las vías peatonalizadas por el Ayuntamiento.