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El TSJ arremete contra Puente por la sentencia del fotorrojo municipal

Acusa al alcalde de vulnerar el principio constitucional de separación de poderes y de invocar a la seguridad vial por poner multas ilegales / El regidor reitera su derecho a ejercer una opinión crítica sobre un fallo «aislado

- ICAL.

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Estibaliz Lera

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Y la sentencia del fotorrojo volvió a escena . En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tachó ayer de «inaceptables» las declaraciones del alcalde Valladolid, Óscar Puente , sobre la anulación por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de una multa de 200 euros y cuatro puntos impuesta a una conductora vallisoletana por un radar municipal.

«La crítica de toda resolución judicial es legítima, pero la descalificación personal del juez que la dicta no lo es bajo ningún concepto », subrayó el órgano judicial en un comunicativo remitido a este periódico para, más tarde, acusar al regidor de vulnerar el principio constitucional de la separación de poderes. «No puede invocar a la seguridad vial para justificar la imposición de multas al margen de la legalidad», criticó el TSJ.

En este sentido, lamentó las alusiones personales a la esposa del magistrado , «que solo descalifican a quienes las realizan». Cabe recordar que el primer edil vallisoletano ironizó con que en la próxima entrevista que conceda Francisco Javier Zataraín y Valdemoro explique si tiene algo que ver en su actuación que a su mujer le hayan sancionado en tres ocasiones por este tipo de dispositivo, «tal y como él mismo reconoció a los letrados del Ayuntamiento durante la vista», subrayó Puente el pasado jueves.

En este punto, fuentes cercanas al caso aseguraron que el magistrado tras finalizar el juicio pronunció ante el abogado municipal, el abogado de la conductora, el secretario judicial y el oficial que se encarga de la megafonía en la Sala la siguiente frase: « Si conoceré yo el caso que a mi mujer ya le han puesto tres multas de estas ».

Además, el TSJ consideró que la expresión: «No me la pienso comer», pronunciada por el regidor supone «una directa vulneración del principio constitucional de separación de poderes» . Por ello, le recuerda que el artículo 118 de la Constitución establece que «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. La imposibilidad de recurrir una sentencia no es excusa para proferir exabruptos ni descalificaciones personales a una autoridad judicial y menos aún a cualquier miembro de su familia».

El tribunal castellano y leonés también rechazó las críticas del alcalde de Valladolid hacia el magistrado por encontrarse en comisión de servicio para cubrir la baja del titular del Juzgado y destacó: «Esta supone un aumento del trabajo del juez y conlleva un esfuerzo que es remunerado, como no puede ser de otra forma, pero no de manera completa».

Otro punto en el que incidió el TSJ fue en que lo único que afecta a los vallisoletanos de la resolución de esta sentencia es la «actuación contraria a derecho de su propia administración» y recalcó que las razones por las que el fallo anula la sanción son «claras» y ninguna ha sido «desvirtuada» por las «desafortunadas» declaraciones de Óscar Puente.

Por todo ello, advirtió a la ciudadanía que los jueces y tribunales de Castilla y León y, en especial los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, «seguirán velando por el respeto a la Constitución Española y al resto de la legalidad vigente, siempre que se lo soliciten».

«REACCIÓN DESAFORADA»

El regidor no se quedó atrás y ayer por la tarde contestó al alto tribunal de Castilla y León. Apuntó que lo único que ha hecho es ejercer su derecho a opinar sobre una sentencia. «Es una reacción desaforada de la Sala –continuó– respecto a su opinión frente al silencio que ha mantenido este mismo órgano judicial ante los casos de descalificaciones de sentencias procedentes de otros ámbitos de la política, como desde la Junta de Castilla y León».

Puente precisó en un comunicado que en ningún momento ha realizado descalificaciones de tipo personal a ningún magistrado y menos aún «exabruptos» a los que alude el TSJ. «El único que ha utilizado este tipo de expresiones es el propio Tribunal Superior de Justicia en el comunicado y el juez que emitió la sentencia incluyendo incluso juicios de valor». En consecuencia, el alcalde de Valladolid reiteró su legitimidad a valorar una sentencia, que se considera «aislada».

Es más, recordó que los otros juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, tal y como se expuso en el juicio que dio lugar a este fallo, avalan las sanciones que el Ayuntamiento de Valladolid impone mediante este dispositivo en el que se capta con una imagen cómo el vehículo se salta un semáforo en rojo.

Por esta razón , el regidor socialista insistió en que la resolución de este juez única y exclusivamente afecta a ese supuesto y, en consecuencia, no sienta ningún tipo de jurisprudencia.

«SORPRENDENTE»

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, calificó ayer de «sorprendente» la sentencia , a la vez que anunció que colaborará con el Ayuntamiento en su análisis jurídico.

Izquierdo, que realizó estas declaraciones durante la presentación de una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad en las carreteras de la Comunidad , argumentó que estas cámaras son un sistema de seguridad para los peatones y tratan de evitar que alguien pueda saltarse un semáforo en rojo, informa Ical. «Más allá de la sentencia, lo importante es que los ciudadanos se conciencien de que los semáforos, además de para ordenar el tráfico, están instalados para prevenir accidentes, especialmente atropellos», argumentó.

En la misma línea se pronunció la coordinadora de la Dirección General del Tráfico (DGT) en la Comunidad, Inmaculada Matías . Aunque reconoció que no ha tenido acceso a la resolución, afirmó que más allá de este polémico fallo judicial, lo fundamental es la responsabilidad que tienen los ciudadanos de cumplir con las normas de tráfico y más en un caso como este. «Saltarse un semáforo en rojo es un infracción grave y puede provocar atropellos y fallecidos», puntualizó.

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