La Junta pasó de decir que no había nada a pedir penas de cárcel

Sorprendente. Sólo así puede calificarse la actuación de la Junta de Castilla y León en todo lo que tiene que ver con la investigación del alquiler y posterior compra del edificio de usos múltiples de Arroyo de la Encomienda y los terrenos del parque empresarial de Portillo, que nunca llegó a realizarse.

El Ejecutivo autonómico pasó de afirmar que no había nada que investigar, que no había delito y que todo estaba en regla y de acuerdo a la ley, incluso en comisión en las Cortes de Castilla y León, lo que le llevó a pedir incluso por escrito que se apartarse a la Junta de la investigación, a acabar personándose en la causa como acusación y ahora pedir penas de cárcel para los imputados que suman hasta 20 años de cárcel, 15 de ellos para sus dos ex viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández.

Pero es que entre medias, la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, una vez que entregaron toda la documentación relativa a la contratación del mobiliario del edifico de Arroyo, anunció en 2016 la personación de la Junta, eso sí sólo para todo lo referente al mobiliario, acusando directamente a Rafael Delgado. Llegaron incluso a pedir una pieza separada sobre el mobiliario que se contrató a Unifica por más de 4 millones, pero el juez se lo negó. Fue entonces cuando se vio obligada a personarse en toda la causa, para acabar pidiendo 15 años de cárcel para dos de sus ex altos cargos.