Las ‘batas blancas’ luchan por las 35 horas

Querían recibir a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, con una reivindicación, pero no lo consiguieron. Los profesionales sanitarios sabían que la titular del departamento iría al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, sin embargo, se escapó por la puerta de atrás. No convocó a los medios de comunicación para «evitar», según aseguraron los sindicatos, un «escrache» como el que hace unos días se produjo en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Los carteles en manos de sus colegas reclamando la aplicación efectiva de la jornada ordinaria de 35 horas, aprobada por un Gobierno autonómico de su mismo color político, la acompañaron durante todo el recorrido. Ayer los más de 200 profesionales que se reunieron a primera hora de la mañana no pudieron replicar la escena. Eso sí, lucieron pancartas en las que figuraba «35 horas, ya» y corearon frases como «Verónica Casado, danos lo acordado».

La titular de Sanidad llegó pronto para ratificar al gerente del centro y explicar a la Junta Técnico Asistencial su hoja de ruta para la legislatura. Lo hizo y se fue. «Las 35 horas no estuvieron presentes en ninguna de las reuniones que mantuvo. La idea es que la negociación la lleven a cabo las mesas sectoriales, pero no se ha convocado ninguna», lamentaron los sindicatos.

Fuera del calendario de movilizaciones, los sanitarios exigieron recuperar este «derecho firmado». Y es que ayer fue el primer día de jornada laboral de 37,5 horas después de que representantes de la Junta rompieran el jueves pasado el pacto. Por ello, los funcionarios decidieron tomar las calles y seguir «peleando» por lo que les corresponde.

Mañana celebrarán concentraciones a las puertas de las delegaciones territoriales de la Junta para solicitar reuniones con los delegados. También habrá una manifestación autonómica el 17 de octubre, y un parón de dos horas y media en los centros de trabajo el 25 de octubre. El culmen a esas acciones llegará con una huelga general el próximo 6 de noviembre, que busca «paralizar» la administración.

Todo empezó a raíz de la crisis económica. No había dinero y los funcionarios tuvieron que ampliar dos horas y media su jornada laboral. En 2012, recordaron los sindicatos, se perdieron «muchos empleos». Había que apretarse el cinturón. Y los empleados públicos lo hicieron. En mayo, el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera firmó con CCOO, UGT y CSIF la recuperación de la jornada. Hubo elecciones y el nuevo Ejecutivo se desvinculó. En concreto, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, dejó caer en varias ocasiones que no se sienten vinculados al pacto de mayo.

Para volver a las 35 horas había que adaptar la normativa, así que los sindicatos querían prorrogar el horario de verano para que el Gobierno regional pudiera tener todo en regla. Se reunieron con algunos representantes políticos. Y estos pidieron 48 horas. Pasó el tiempo y se cumplió el peor presagio. Rompieron el pacto. Lo hicieron por tres motivos. En primer lugar, «económicos». A estos se suman que «no se pierda la capacidad de gestión de los servicios públicos» y que «ningún ciudadano se vea afectado». El cierre a las razones lo puso que el cumplimiento del acuerdo tiene que hacerse «con criterios de equidad para todos los empleados públicos».

La Junta considera que la recuperación de este derecho cuesta alrededor de 120 millones de euros, no obstante, indicaron las centrales sindicales, el anterior equipo de Gobierno lo estimó en 38. En la opinión de estos últimos, el coste de esta medida supondría «como máximo 50 millones de euros».

No sería la única comunidad autónoma que lo tiene. Los funcionarios de Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha gozan de una jornada diaria de siete horas, es decir, más de 600.000 de los 1,3 millones de trabajadores públicos autonómicos que hay en España.