La CHD abre en el primer semestre más sanciones por vertidos que en todo 2018

No le quitan ojo al Duero. Son los agentes mediambientales de la CHD que velan por la salud de una cuenca fluvial que se extiende sobre una superficie de 77.482 kilómetros cuadrados en suelo castellano y leonés. Su vigilancia, junto a la prestada por los miembros del Seprona y con el apoyo de los agentes de la Junta, generó la apertura de 115 expedientes sancionadores por vertidos no autorizados en la Comunidad y 95 por riegos ilegales durante los primeros seis meses del año. En total, 210 expedientes.

Según los datos facilitados por la CHD, el organismo de cuenca solo en ese primer semestre incoó más sanciones por vertidos no adecuadamente depurados que en todo 2018. En concreto, abrió diligencias sobre 115 vertidos calificados de ilegales cuando a lo largo de todo el año anterior el número ascendió a 100.

Fuentes de la CHD explican que ese incremento no se explica por una subida de las prácticas ilegales, si no que se debe única y exclusivamente a que se «ha intensificado el control». «Este año se ha añadido un nuevo equipo, formado por tres personas, a las labores de inspección y toma de muestras, lo que ha redundado en un incremento del número de expedientes sancionadores», apuntan.

La gran mayor se debió al incumplimiento de alguna condición de autorización de vertido, la gran mayoría de «naturaleza urbana». De la totalidad de los expedientes abiertos por carecer de licencia para verter, la práctica totalidad –110 de los 115– lo fueron por infracciones calificadas como leves. Sólo cinco llevaron la etiqueta de menos graves. Ni una grave en los primeros seis meses del año, a diferencia de lo que ocurrió en 2018, cuando se produjo en la provincia de León un vertido calificado como grave del que la CHD rehusa dar más datos.

En todas las provincias castellanas y leonesas, además de en Ourense, se procedió entre enero y junio de este año a la apertura de algún tipo de expediente. Cantabria, sin embargo, quedó ‘limpia’ en el primer trimestre.

Segovia resultó ser con diferencia la provincia castellana y leonesa con un mayor número de sanciones interpuestas con 36, todas ellas de carácter leve. Le siguió León, con 19, y Ávila con 12. Salamanca y Valladolid compartieron once, cada una. Ocho se produjeron en Palencia, y seis en Burgos y en Soria, mientras que en Zamora se abrieron cinco expedientes sancionadores, por uno solo en Ourense.

El 95% de las sanciones se produjo por hechos calificados como leves, por lo que los infractores tuvieron que pagar una multa de hasta 10.000 euros, si bien, según fuentes de la CHD, las sanciones oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros. Exclusivamente en cinco casos, las sanciones se interpusieron por acciones consideradas menos graves, lo que les acarreó multas de entre 10.000 y 50.000 euros. Tres de ellas tuvieron lugar en Valladolid, por una en Ávila y otra en Zamora.

Junto a los vertidos, los riegos ilegales constituyen otro de los asuntos que más sanciones medioambiantales concita. A lo largo del primer semestre del año, el número de sanciones impuestas se elevó a 95.

Suponen el 30% de todas las que se produjeron durante todo 2018, si bien, como explican desde la CHD, el dato aún no resulta significativo. No lo es porque «la campaña de riego, que comienza el 1 de abril y concluye el 30 de septiembre, no está todavía computada en los datos facilitados a 30 de junio.

El 54% de las multas decretadas fueron por regar sin concesión desde aguas superficiales –52–. Las 43 restantes lo fueron por efectuar riego desde los aprovechamientos de agua subterráneas incumpliendo las concesiones, es decir, por regar más superficie de la autorizada o regar parcelas distintas a las autorizadas.

Exclusivamente en cuatro casos se consideró que la ilegalidad era constitutiva de una sanción menos grave. 91 fueron tipificadas como infracciones leves, que conllevaron sanciones de hasta 10.000 euros y, en «muchos casos» también la exigencia de una cuantía económica para indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico.

En el primer semestre, Palencia destacó con 27 sanciones, seguida de Burgos, 17, y León, con 14. En Valladolid, donde «las masas subterráneas están deterioradas», como confirma la CHD, hubo 13 sanciones, que se suman a las 80 que se produjeron durante todo 2018.

A esto hay que añadir que la CHD incoó un total de 505 expedientes por la presencia de pozos ilegales en los últimos cinco años, de los que el 40% se localizaron en la provincia de Valladolid, y tiene contabilizado 72.000 aprovechamientos de agua ilegales.

La CHD no facilita la información sobre a cuánto ascendió el dinero recaudado por el organismo de cuenca en concepto de las sanciones impuestas.