El fiscal pide siete años para un varón por producir y distribuir porno infantil
Otro acusado de abuso de menor y grabación de porno, pacta y evita el juicio en la Audiencia
Un policía nacional de Delitos Informáticos de Valladolid examina el ordenador de un implicado en otro caso.-E.M
La Audiencia de Valladolid arranca los primeros días de esta semana su actividad de juicios, con dos de índole sexual sobre menores: uno por pornografía infantil, que se celebrará esta mañana con la incertidumbre de si será o no a puerta cerrada, y otro previsto para mañana martes y el miércoles, sobre un abuso sexual a un menor de 16 años y obtención de material pornográfico, que no se celebrará finalmente al haber alcanzado la Fiscalía un acuerdo de conformidad con la defensa del acusado, J.L.C.
En el juicio previsto pare esta mañana, el fiscal pide siete años de cárcel para un vallisoletano que se sienta en el banquillo acusado de los delitos de producción, distribución y tenencia de material pornográfico. El caso del acusado, que responde a las iniciales S.I.G., encierra dos circunstancias que han motivado una tardanza de cinco años en la celebración del juicio, según explicaron fuentes del caso.
La primera es que no fue detenido en una primera oleada de arrestos en varios puntos desplegada por la Policía Nacional, cuerpo que realizó el atestado en noviembre de 2014, el mismo año de las diligencias previas. S.I.G. fue investigado meses más tarde por el Juzgado de Instrucción 2 (procedimiento abreviado 955/2018) por deducción de testimonio de lo declarado por otro implicado en la red (solo en Valladolid hubo dos investigados).
De esta forma, el juez decidió abrir una investigación por separado contra S.I.G. Las pesquisas se encontraron, sin embargo, con un atasco enorme en el gabinete de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, un ‘laboratorio’ que recibe encargos de toda España. En este caso, se solicitó el análisis de su disco duro para chequear todos los archivos existentes y otros posiblemente borrados y la conclusión es que almacenó una cantidad importante de imágenes pornográficas, según informaron las mismas fuentes.
Finalmente, el Juzgado dictó auto de imputación contra S.I.G. en julio de 2018 y hoy se celebrará la vista con la incertidumbre de si será o no puerta cerrada, aunque ninguna parte lo había solicitado el viernes.
Un caso similar al de hoy se juzgó hace ocho meses en la Audiencia de Valladolid. Empezó con una petición igual de siete años de cárcel y quedó resuelto con una conformidad de dos años y medio. Así, el tribunal vallisoletano condenó a 30 meses de cárcel al vallisoletano E.C.F. por delito de tenencia y difusión de pornografía infantil, tras su detención en junio de 2015 por la Policía Nacional en posesión de 2.700 archivos con fotos y vídeos de menores impúberes, en una de las más importantes operaciones de los últimos años contra este tipo de delitos en Castilla y León, informó Europa Press.
La sentencia de conformidad incluía, además, la inhabilitación del condenado para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad por un tiempo de cinco años, así como la medida de libertad vigilada durante tres años y la prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con menores, junto con la realización de un curso de educación sexual.
Aquel condenado, vecino de Rondilla y carente de antecedentes penales, fue detenido por instalar en sus ordenadores un programa de intercambio de archivos ‘Ares’, sistema para compartir archivos por el método ‘peer to peer’, con pleno conocimiento de su funcionamiento. Su detención se enmarcó en la operación dirigida por Instrucción 2 de Valladolid y que se inició en octubre de 2014 y desembocó en diez registros domiciliarios en Valladolid (4), Burgos (3) y uno en Segovia, Ávila y Salamanca.