«Queda mucho camino para eliminar las barreras sociales de la discapacidad»

Francisco Sardón, presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) es un hombre inquieto, lleno de ideas e iniciativas y que trabaja con convicción para conseguir la plena integración social y laboral del colectivo del que forma parte.

Pregunta.– ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años en la eliminación de las barreras mentales de la sociedad respecto a la discapacidad?

Respuesta.– Aquí es donde menos se ha avanzado. Es verdad que en el aspecto físico sí, debido a que existen una normativa, pero en cuanto a las barreras sociales, todavía queda mucho camino por recorrer. La Administración pública y el propio ciudadano tienen que entender que estamos en una sociedad diversa, en la que hay personas con discapacidad. No se puede avanzar de forma paralela.Solo se entiende el progreso de una sociedad cuando es integradora.

P.– ¿Esto como se traduce en la práctica?

R.– Vemos que seguimos teniendo un déficit en el modo de entender este modelo, ya que todavía surgen casos de niños con discapacidades a los que se les dificulta, por ejemplo, estar en un campamento, y hay padres que no entienden que sus hijos compartan espacios con niños con discapacidad. Esto nos indica que todavía tenemos que acabar de entender que no existen ni servicios, ni modelos, ni derechos, unos para personas con discapacidad y otros para el resto de los ciudadanos. En la eliminación de las barreras mentales todavía queda mucho por hacer.

P.– ¿Para lograrlo, el cambio del lenguaje es importante?

R.– Vamos a una terminología que se adapte a los tiempos, a la visión que queremos proyectar sobre las personas con discapacidad. Por eso hemos visto cómo en los últimos años se aplican términos menos peyorativos, más integradores y positivos. Antes oíamos hablar de minusválido, anormal, subnormal... Ahora, la palabra más consensuada es personas con discapacidad, o diversidad funcional. La terminología es fundamental para que los ciudadanos se refieran a nosotros como colectivo.

P.– La supresión de las barreras arquitectónicas sigue como asignatura pendiente?

R.– Sí. Aunque se ha avanzado porque hay una normativa que las administraciones públicas tienen que ir cumpliendo.

P.– Y que incumplen.

R.– Hay algo que nos molesta particularmente, porque parece que haya leyes de primera y de segunda. Hasta donde yo sé, todas son de la misma categoría. En diciembre de 2017, se cumplió la moratoria de diez años que dio el Gobierno para aplicar la Ley de Accesibilidad aprobada diez años antes. A julio de 2019, lamentablemente, tenemos que seguir diciendo que la mayoría de las administraciones públicas está fuera de la ley. Esto lleva a la reflexión sobre cuántas personas y cuántas familias no van a poder vivir en una sociedad que las integre a través de la accesibilidad. Eso es algo que discrimina de forma clara. Si hoy hiciéramos un cuestionario sobre los elementos que más les discriminan, el de la falta de accesibilidad sigue siendo el primero de la lista. A nosotros nos gustaría estar hablando de otras cuestiones.

P.– ¿Van a insistir para que se cumpla la ley?

R.– De momento, haremos una campaña para que el ciudadano, con el respaldo de nuestra entidad y del Tercer Sector, se atreva a denunciar situaciones de discriminación por la falta de accesibilidad. Estamos convencidos, porque así nos lo dicen los colectivos que representamos, que tenemos que decir ‘basta ya’. Si no, parece que nos hemos acostumbrado que se incumpla y que no pase nada. Tenemos que demostrar que sí que pasa, que hay personas que hoy por hoy no pueden acceder al trabajo, al colegio, a la universidad, a actividades del día a día en igualdad de condiciones. Si muchas personas no se sienten integradas es por esta falta de accesibilidad. Además esto tiene un sobrecoste, porque no se puede utilizar el transporte público, o es más gravoso alojarse en un hotel o alquilar un piso.

P.– ¿Existen más barreras en el ámbito rural que en el urbano?

R.– Sin duda alguna. En el ámbito rural el problema se acentúa mucho más. Para las personas con discapacidad en el ámbito rural, que va a ser nuestro centro de atención para los próximos años, donde vamos a focalizar todos nuestros esfuerzos, las situaciones de discriminación se acentúan mucho más. Apenas tienen transporte público, el privado es muy caro, hasta es dificultoso deambular por el pueblo. Cuando preguntas a personas con discapacidad te dicen que quieren vivir en sus pueblos, porque en un pueblo hay más solidaridad vecinal. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se ven abocados a ingresar en residencias por estos problemas de accesibilidad.

P.– Usted defiende que los niños con discapacidad deben tener la libertad de elegir el centro en el que estudiar. ¿Hasta qué punto se cumple este principio en la Comunidad?

R.– En Castilla y León se ha mejorado bastante, al menos sobre el concepto de que los padres tengan derecho a elegir el sistema educativo. Nosotros defendemos la posibilidad de que todos los padres puedan enviar a sus hijos a centros inclusivos. Este modelo es el que nos parece más integrador y el que va a permitir precisamente que todos los escolares aprendan que esta sociedad es diversa, y tenemos que caber todos en ella. Esto solo se aprende cuando desde pequeño convives y compartes inquietudes con compañeros que puedan tener algún problema de discapacidad. Pero, dicho esto, también somos conscientes de que hay niños con discapacidades muy severas que necesitan de un nivel de atención máximo, de otros servicios a mayores, y que eso se lo ofrecen los centros de educación especial. Somos conscientes de que hoy por hoy tienen que coexistir los dos modelos.

P.– Entonces, ¿cómo se entiende que Cermi nacional hablara de la supresión de los centros especiales?

R.– Creo que fue un malentendido. Lo que dice es que defiende los postulados de la Convención de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y, en ese sentido, un modelo inclusivo, no segregador. Pero ese es el horizonte, el modelo al que hay que aspirar, el camino a seguir. Eso se ha confundido con que hay que cerrar los centros de Educación Especial. Mientras el sistema educativo ordinario no preste todas las garantías que necesitan estas personas, tendrán que coexistir los dos modelos.

P.– Uno de los hándicap en materia educativa es la carencia de personal docente para la atención a la diversidad. ¿Piensan reivindicarlo ante la Consejería de Educación?

R.– Sí, claro. Por un lado, estamos trabajando con un canal de comunicación muy fluido con la Consejería, y demandamos permanentemente profesionales cada vez más formados y concienciados en la diversidad en el sistema educativo. Claro que tenemos que seguir dotando a los colegios de más profesionales con estos conocimientos. Es fundamental, porque la educación es la base. Y aquí hay estar convencido y considerar que no estamos hablando de un gasto, sino de una inversión. Además, lo que es insostenible, a nivel económico, es que estemos construyendo una sociedad en la que permanentemente del sistema educativo salen personas dependientes. Personas a las que hay que pagar por la prestación de servicios. ¿Por qué no construimos desde la educación un sistema en el que salgan personas que, con sus capacidades, puedan trabajar, puedan contribuir a la sociedad?

P.– Cuáles son las prioridades que va a plantear a la nueva consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades?

R.– Hay tres grandes cuestiones en las que es preciso avanzar con cierta inmediatez. Primero, construir un marco de diálogo civil, similar al del Diálogo Social, en el que el Tercer Sector participe de forma vinculante con todas las decisiones que tome la Junta sobre las personas con discapacidad y sus familias. En Castilla y León hay un Tercer Sector muy bien implantado, muy profesional, que conoce las necesidades de las personas, que está ocupando y prestando servicios en el medio rural. No tiene ningún sentido adoptar medidas sin contar con nosotros.

P.– O sea, que quieren que esté institucionalizado.

R.– Sí, al igual que el Diálogo Social.

P.– ¿Cuáles son las otras dos?

R.– Hay que dotar de estabilidad económica a las entidades sociales que colaboran con la Junta de Castilla y León. No podemos estar trabajando con la incertidumbre de este modelo de subvención que, al final de año, no sabemos si va a ser el mismo o no. Si el Gobierno regional tiene claro que quiere trabajar con nuestro sector, hay que dotarlo de un sistema que nos dé estabilidad. Tiene que haber un acuerdo parlamentario para que todas las fuerzas políticas fijen un marco normativo que asegure esa estabilidad. Y lo más importante: las personas. Hay que mejorar las cuantías económicas del sistema de Dependencia para que garantice poder disponer de servicios y que eso no le suponga a las personas dependientes estar pagando el 70%, 80% o 90% de sus ingresos en el modelo de copago.

P.– Castilla y León siempre ofrece los mejores resultados en atención a la Dependencia en los informes de los expertos. ¿Todo es tan perfecto?

R.– Hay que reconocer que la Consejería de Familia ha hecho un buen trabajo, principalmente porque se ha desarrollado todo el mapa de servicios y normativo en colaboración con el Tercer Sector. Esa ha sido la clave del éxito:poner en marcha políticas consensuadas. Tenemos una mentalidad de ser entidades colaboradoras y de que, entre todos, debemos ser lo más eficientes posible para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Para eso, debemos hacerlo en colaboración con la administración. Es verdad que se han logrado unos niveles muy altos, porque hay muy pocas personas que no estén acogidas al servicio que necesitan. Además, se está haciendo un esfuerzo importante para que los servicios puedan llegar al mundo rural, donde todavía hay personas que no acceden a prestaciones porque desconocen el modelo de dependencia. Ahora hay que dotar de más medios al sistema para que las personas no abonen tanto por el copago.

P.– Es partidario de la renta mínima individual para personas con discapacidad?

R.– Sí. Estoy de acuerdo en que exista. Uno problema que tenemos sigue siendo la dificultad para las personas con discapacidad de acceder a un empleo. Los índices de desempleabilidad indican que solo una de cada cuatro trabaja. Hay un dato clarificador: prácticamente el 43% de las personas con discapacidad en edad de trabajar ha abandonado la búsqueda de empleo por lo dificultoso que les resulta. Se han rendido después de luchar mucho. Parece razonable que, ante estas dificultades, puedan tener unos ingresos mínimos para vivir con dignidad. Porque, si no es así, los hacemos de forma permanente dependientes del entorno familiar.

P.– ¿Las administraciones y las empresas cumplen la obligación de contratar a un determinado número de personas dependientes?

R.– Hay de todo. Digamos que no existe un cumplimiento homogéneo de la ley. El empresario, al margen de las normas, tiene que contratar por convicción, no por obligación. Las normas están bien, hay que aplicar criterios de discriminación positiva, pero a la par hay que hacer campañas y estar cerca de la empresa privada para que se convenza de que, hoy por hoy, las personas con discapacidad en el ámbito laboral son igual de productivas que cualquier otra. Además hay otra fórmula que estamos explorando, como es que las empresas privadas tengan la posibilidad de trabajar con nuestros centros especiales de empleo.

P.– ¿A cuántas personas emplean estos centros?

R.– Están empleando a 5.000 personas en Castilla y León y han llegado a un nivel de profesional muy elevado y un nivel de prestación de servicios muy diverso. Las empresas, en lugar de ver estos centros como competencia desleal, tienen que entenderlos como una oportunidad. Deben abrirse a la posibilidad de colaborar con nuestros centros especiales en proyectos públicos o subcontratando.

P.– El Servicio integral de asistencia personal acaba de cumplir dos años con un millar de personas atendidas. ¿Se han marcado algún objetivo a medio plazo?

R.– Estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido en dos años. Para su puesta en marcha tuvimos el apoyo fundamental de la Junta. Tienen muy claro que es una herramienta muy poderosa para que se empodere y se facilite a las personas con discapacidad y sus familias esta integración en la sociedad. Sin embargo, es la prestación menos conocida, por lo que todavía hay mucha capacidad de mejora. En 2019 se ha convertido en la prestación del futuro, porque va encaminada a que las personas tengan un apoyo que les permita vivir de forma independiente y allí donde quieran. No estamos en contra de los modelos asistenciales, pero sí a favor de que las personas que quieran vivir solas o con su familia, en su entorno, puedan hacerlo. Eso lo permite la asistencia personal.

P.– ¿La han aplicado en los pueblos?

R.– Queremos darla a conocer en todos los pueblos y para eso vamos a necesitar el apoyo de la Consejería, porque estamos convencidos de que donde puede funcionar muy bien, y donde más personas interesadas existen es en el medio rural. Además, tiene el potencial de generar mucho empleo porque estamos apostando por un sistema de formación muy flexible, precisamente para que haya muchos interesados en ser asistentes personales. Esto convierte la asistencia personal en un generador de empleo importante.

P.– ¿Por qué rechazó ir en las listas municipales del PP de Valladolid?

R.– Pertenezco al mundo de lo social, del Tercer Sector, y aquí es donde me encuentro a gusto. Mi trabajo es ilusionante, soy una persona con discapacidad y me gusta estar entre los míos. En ese sentido, cuando surgió la oportunidad, la estuve valorando. Fue en un momento de mucho jaleo político y me ofrecieron unos compromisos que no se pudieron cumplir.

P.– ¿Qué compromisos?

R.– De dar el paso, el papel que entendía que debía tener era de cierto protagonismo, porque soy consciente de que tengo una función de representatividad de las personas con discapacidad. Lo que no quiero, bajo ningún concepto, es que una persona en silla de ruedas vaya en una lista porque está en silla de ruedas, sin tener unas competencias reales. No se puede jugar con esas cosas. Hay que ser cuidadoso con ese tipo de situaciones, porque no puedes estar intentando que el mundo empresarial nos contrate con convencimiento porque somos efectivos, y luego convertirnos en solo una imagen y no en alguien que tiene capacidad de toma de decisiones. Vi que eso podía ocurrir y di un paso atrás.