Red Íncola pide más medios para integrar a los migrantes en sus tres primeros años
El centro prestó apoyo jurídico, educativo y ofreció asistencia en la búsqueda de vivienda a 1.517 personas en 2018, de ellos 711 acudieron nuevos
Iván Ladino, Cristina Tsompanidou, Félix Revilla y Eduardo Menchaca.-ICAL
«No somos nadie durante tres años», esta frase lapidaria es con la que Félix Revilla, presidente de la Red Íncola, tiene que hacer frente a la labor que desempeña al frente del centro Integral Inmigración, que solo el pasado año atendió a 1.517 personas, de las cuales 711 acudieron por primera vez. La realidad tras esta afirmación, en la que Revilla cita a un compañero camerunés, es que durante este periodo de tiempo los migrantes están en una situación de precariedad y exclusión total de los principales servicios, salvo la Sanidad, hasta que pueden acceder a los servicios básicos. Por ello el colectivo apremió al futuro Gobierno de Castilla y León para dotar de más medidas, cambios en los tiempos y legislaciones para agilizar los trámites y reducir el peligro de exclusión. Las funciones principales durante 2018 de Íncola se han centrado en la atención jurídica, el apoyo a los escolares, la asistencia laboral y la ayuda al acceso de la vivienda.
En la memoria presentada ayer, señalaron que se mantienen aproximadamente los mismos usuarios respecto a 2017. De las 1517 personas atendidas, fueron 220 niños y jóvenes con incorporación a clases de apoyo en el CEIP Fray Luis de León. Además, concedieron 45 becas de 600 euros financiadas en parte con la venta de lápices de color de carne; una iniciativa que busca mostrar la diversidad frente al color monocromático.
El apoyo a la inserción laboral ha logrado ayudar a 276 personas, mientras que otras 1.073 han podido asistir a programas de formación y empleo. El objetivo de este plan es facilitar el acceso a un empleo digno mediante la orientación, intermediación laboral y apoyo en la contratación. Desde la ONG criticaron las trabas existentes al obtener permisos necesarios para trabajar. Estos procedimientos lastran la integración y promueven la exclusión social de las familias, desde los padres que no encuentran un empleo digno hasta los menores, que sufren la precariedad en el ámbito educativo.
Eduardo Menchaca, coordinador de la entidad, se encargó de desglosar la integración social haciendo una diferenciación de las personas en exclusión moderada y severa, objeto de trabajo de Red Íncola: «Si la sociedad estuviese conformada por 1.000 personas, 484 de ellas estarían plenamente integradas. Sin embargo, 432 estarían en situación de integración precaria; otras 96, en exclusión moderada y 88 en exclusión precaria», agregó.
Los ponentes incidieron en que realizan labores que deberían atender desde las administraciones. En Educación instaron a la Consejería a ayudar de forma específica a los niños. «Mejorar esta situación también es de justicia social», incidió Revilla.
El acceso a la vivienda es otras de las necesidades más acuciantes para los migrantes y los refugiados. Muchos de ellos se tienen que enfrentar a negativas por parte de caseros, precios elevados, alquileres 2,5 veces más caros y viviendas en condiciones muy malas, como relata Iván Ladino, beneficiario del programa de vivienda. Red Íncola insta a las administraciones a adquirir más viviendas sociales para poder ofrecer mayores garantías.
En cuanto a los países de procedencia de los migrantes, Menchaca desveló el incremento de personas procedentes de países de Latinoamérica, en especial, de Venezuela, Colombia y otros países del centro y sur del continente.
La ONG también desarrolló un programa destinado a 736 mujeres destinadas al empoderamiento y al acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad. Se impartieron clase de español y alfabetización a 70 alumnas.