Los sueldos y gastos políticos suponen siete millones al año a las Cortes de Castilla y León

Las elecciones autonómicas del 26M se juegan también en clave económica. De los resultados electorales obtenidos dependen, y mucho, los ingresos de los partidos que se sienten en el hemiciclo del Parlamento de Castilla y León de cara a los próximos cuatro años. Por ello, no es de extrañar que sus calculadoras hayan echado humo durante toda la campaña electoral mientras trataban de convencer al último indeciso.

Son conscientes de la suculenta porción del pastel que les puede corresponder si los ciudadanos les dan su confianza. Se juegan las subvenciones anuales que recibe cada grupo parlamentario y saber también cuántos procuradores con dedicación exclusiva podrá liberar cada uno y, por ende, conocer el número de parlamentarios ‘rasos’ que cobrarán solo cuando asisten a plenos y comisiones, más el kilometraje.

Y todo eso se traduce en dinero. Solo en el último año completo las Cortes regionales abonaron algo más de siete millones de euros en concepto de subvención a los partidos o al pago de salarios y dietas a sus procuradores.

La Ley prevé que los grupos con representación parlamentaria perciban dos tipos de subvenciones al mes –una parte fija y una parte variable en función del número de parlamentarios conseguidos– para sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento. Por este concepto recibieron en un año un montante que supera los 3,5 millones de euros.

A esto hay que sumar los casi 2,4 millones destinados a pagar las retribuciones y dietas de los 26 procuradores que tienen dedicación exclusiva por acuerdo de las Cortes. Y, por último, los 1,2 millones dirigidos a compensar con dietas la asistencia a pleno o comisión del resto de procuradores que no están liberados, a razón de 220 euros por cada una de las sesiones a las que asistan.

Según los datos reflejados en el portal de Transparencia de las Cortes, esas cuantías significan que a lo largo de toda la legislatura las Cortes desembolsaron aproximadamente 28 millones de euros –o lo que es lo mismo 4.658 millones de pesetas– al pago de los grupos y de sus parlamentarios.

El reparto en euros resulta, por tanto, tentador para los partidos. Así, los cuatro grupos con representación en el hemiciclo -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos- recibieron una subvención fija de 3.500 euros al mes, mientras que IU y UPL, integrados en el Grupo Mixto al no conseguir más que un procurador cada formación, se repartieron los 1.400 euros fijos estipulados. En total, los cinco grupos contaron con 15.400 euros al mes (184.824 euros al año) fijos.

Esta es, sin embargo, la parte más exigua de sus ingresos. La que tiene un mayor impacto en las arcas de los distintos partidos y está condicionada al número de parlamentarios que salga de las urnas es la parte variable. A más procuradores, más ingresos.

La Mesa de las Cortes fijó en 3.300 euros mensuales durante toda la legislatura (39.600 euros anuales) lo que cada grupo se lleva por parlamentario conseguido. Si multiplicamos esa cuantía por cada uno de los 84 procuradores que ha tenido las Cortes en la legislatura que acaba de expirar, hace un global de 279.729 euros cada mes, o lo que es lo mismo 3,3 millones de euros anuales.

La suma de ambas subvenciones ha hecho que el Partido Popular, la formación más votada en los comicios de 2015 y que, de esta forma, sentó en el hemiciclo a más procuradores bajo sus siglas (42 en total), lograra el mayor montante económico. Ingresó 1,7 millones de euros anuales. Fueron casi 700.000 euros más de los que arañó el PSOE por sus 25 escaños logrados.

El grupo Podemos, con sus 10 escaños, percibió 441.600 de euros el pasado año, mientras que Ciudadanos, con cinco procuradores, recibió 241.800 euros. El Grupo Mixto, en cambio, se repartió al año entre las dos formaciones que lo conforman 96.720 euros.

Una simple división de cada una de estas cifras por el número de escaños logrados demuestran que proporcionalmente los grupos menos nutridos de representantes rascan más ingresos por procurador que los más grandes: de los 40.000 euros por escaño al año del Partido Popular a los 48.360 euros de Ciudadanos y el Grupo Mixto.

Al margen de lo que deparen las elecciones autónomicas del 26M para cada uno de los contendientes, lo que ya es un hecho es que el juego parlamentario que se iniciará tras la constitución del nuevo Parlamento partirá ya con una rebaja no solo en número de representantes; también con un tijeretazo económico para los distintos grupos resultantes.

La pérdida de tres escaños –de 84 a 81–, fruto de la sangría poblacional que sufre la Comunidad, implicará de primeras que el conjunto de los grupos vean mermados sus ingresos en 119.880 euros. Aunque la subvención variable se mantendrá en los 15.400 euros, la parte variable, salvo que acuerden una modificación al alza en años sucesivos, no rebasará los 270.000 euros, es decir 10.000 euros al mes menos.

SALARIOS

Mientras que las cuantías destinadas a cada grupo se han mantenido constantes toda la legislatura, las retribuciones de los procuradores con dedicación exclusiva sí han sufrido vaivenes desde 2015. Incluso el número de procuradores liberados con nombres y apellidos también ha cambiado en este tiempo: entre 24 y los 26 finales.

Con el último acuerdo de la Mesa del 25 de enero, los seis miembros de la Mesa y 18 procuradores ganan una retribución de 73.211 euros anuales (la más elevada de toda la legislatura). No hay ya distinción entre lo que cobra la Presidencia de las Cortes, de lo que ingresa el vicepresidente, el portavoz de cada grupo o el portavoz adjunto; algo que sí ocurría hasta agosto de 2017. Se daba la paradoja de que la entonces presidenta de las Cortes, al tener asimilado su sueldo al del presidente de la Junta, contaba con menores ingresos que un portavoz. Solo hay dos casos, ambos en el PSOE, con un salario anual de 59.648 euros. Son procuradores liberados sin cargo.

Pero no son sus únicos ingresos. Al sueldo de los miembros de la Mesa y los cinco portavoces se le añaden otros 21.600 euros bajo el epígrafe indemnización por gastos. Se rebaja hasta los 17.280 euros en el caso de los portavoces adjuntos. De esta forma, los emolumentos que le resultan a un alto cargo de las Cortes supera los 94.800 euros anuales.