Mañueco señala que la supresión del Impuesto de Sucesiones ahorrará 200 millones a los contribuyentes
El candidato del PP a la Junta presenta 25 propuestas de un programa electoral "renovado"

Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación del programa.-ICAL
Mil propuestas para Castilla y León formuladas por el PP y que abarcan asuntos como el empleo, los servicios públicos y el equilibrio entre los medios rural y urbano. El presidente del PP Castilla y León y candidato 'popular' a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado esta mañana 25 de estas mil propuestas que integran su programa de 149 páginas. Un proyecto, ha asegurado, que es "renovador" y "de Gobierno", más que electoral. "Es una hoja de ruta para los próximos cuatro años", ha explicado Mañueco, siempre que el PP consiga ser la fuerza más votada. Algo que no parece estar muy claro, según las encuestas.
Entre otras medidas, el PP propone bonificar al 99,99% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares, sin importar la consanguinidad. Mañueco ha calificado este gravamen de "injusto" hacia el esfuerzo y trabajo de las familias que han ahorrado. El candidato a la Presidencia de la Junta ha cifrado aproximadamente lo que supondrá el fin de este impuesto de Sucesiones y Donaciones. Serán 200 millones de euros menos los que ingresaría la Junta de Castilla y León si este impuesto se dejara de cobrar, aunque, ha insistido, dependerá de los fallecimientos y de las cantidades que se hereden y se donen. Esta reducción de ingresos se verá compensada, según sus cálculos, únicamente con el crecimiento económico de la comunidad.
Los ingresos propios serán especialmente importantes en Castilla y León, dado que el PP plantea desarrollar una Nueva Estrategia de Empleo (800 millones) y quiere destinar, entre otros, 280 millones para empleo y emancipación de los jóvenes y 700 millones a una Nueva Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos.
También tiene previsto crear una Oficina de Captación y retorno del Talento y se ha comprometido a impulsar en sus primeras medidas la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios, algo que solo puede aplicar si se cumplen el objetivo de déficit, la deuda pública y la regla de gasto. El Ministerio de Hacienda no ha comunicado a las comunidades autónomas el cumplimiento de la regla de gasto por lo que, de momento, no es posible la recuperación de la jornada semanal.
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