Lino Rodríguez ingresa en Villanubla

Ocho meses después de la primera sentencia y tras una vorágine de recursos, apelaciones y petición de indulto, Lino Rodríguez ingresó ayer en prisión. Lo hizo a las 20.30 horas en el centro penitenciario de Valladolid, la prisión que había elegido, y un día después de que expirara el plazo que le marcó el titular del Juzgado de lo Penal, 4, José Luis Chamorro.

El ex presidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, consumió hasta el día de ayer su situación de libertad tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal 4 –fallo luego ratificado por la Audiencia Provincial– a dos años y ocho meses de prisión, multa de 1.567.007 euros y una indemnización a la Junta de 727.568 euros, más intereses, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otros dos de fraude en el cobro de subvenciones de la Junta de Castilla y León.

El juez entregó el 25 de marzo a Rodríguez el mandamiento para el ingreso en prisión, y ese plazo venció el unes. Entre medias, el abogado de Lino había presentado un recurso de reforma ante el Juzgado para que aceptase una prórroga de tres meses hasta que terminase de recoger la cosecha, petición que fue rechazada. Y la semana pasada presentó la apelación ante la Audiencia por esta desestimación.

«La apelación está presentada pero no tramitada», señaló ayer su abogado Jesús Verdugo por la mañana, sin querer hablar más, pero dejando traslucir que la batalla estaba perdida. Verdugo y Lino Rodríguez mantuvieron una larga reunión el lunes, preparatoria sin duda de la subida al centro penitenciario.

Fuentes judiciales consultadas ayer por este diario coincidieron en que la apelación para lograr la prórroga no paralizaría el proceso. «La petición de prórroga no tiene efectos de suspensión sobre el ingreso en la cárcel», señalaron. Con todo, sí precisaron que en ocasiones un juez puede optar esperar a la resolución de la apelación antes de dictar una orden de ingreso, algo que no ha ocurrido, ya que Lino Rodríguez entendió que ya estaba todo decidido. Su último mensaje a Verdugo fue que estaba «harto « de las preguntas de los periodistas y dio orden a su abogado para que no informase «de nada» a la prensa.

En realidad, la suerte del ex dirigente agrario hace tiempo que ya estaba echada. Aunque tanto Lino como Verdugo se han hecho acreedores al premio a la combatividad, lo cierto es que apelación tras apelación han perdido todos los recursos, sin limar ninguna circunstancia favorable de condena o de pago de multa.

Peor aún: el mensaje de los jueces siempre incidía en que su condena era irreversible por haber detraído dinero del erario público, algo que merece una respuesta ante la sociedad. Lo dijo el juez de lo Penal 4 José Luis Chamorro en un auto del 19 de diciembre de 2018, cuando rechazó la suspensión de la pena mientras el consejo de Ministros decidía si le concedía el indulto.

El magistrado expuso que cuando los delitos tiene que ver «con la afectación a lo público» y en particular a la defraudación a las arcas públicas, la sociedad «debe percibir una respuesta serena pero contundente de los órganos judiciales, de tal modo que no solo eso se perciba en la imposición de la pena, sino en su efectivo cumplimiento, de tal modo que esa actuación sirva de guía tanto en el propio actuar de los Tribunales, sino que los demás perciban que no solo los procesos se concluyen, sino que las penas se ejecutan».

Engordó costes

La sentencia que ha desembocado en el ingreso en prisión de Lino Rodríguez fue dictada el 5 de septiembre de 2018 por el Juzgado de lo Penal 4 sobre un caso que se remonta a 2009, cuando Rodríguez creó la sociedad limitada Campo de Peñafiel –filial de Asaja– para el envasado de patatas.

El presidente de la organización agraria se acogió a las ayudas de la Consejería de Agricultura, con fondos europeos, para desarrollar este proyecto, que cuantificó en 2 millones de euros. Para engordar los costes, el sindicalista agrario falsificó facturas a nombre de empresas reales, pero que no habían realizado los trabajos o servicios que la sociedad Campo de Peñafiel les atribuía.

Tras una larga investigación y el posterior juicio, la sentencia del titular del Juzgado Penal 4 estimó probado que Rodríguez, administrador único de la empresa patatera, se benefició de forma fraudulenta de una subvención de 783.503 euros, aunque no de otra de 252.592 euros que incluía el fiscal, ya que esta última no llegó a cobrarla.

En la vista oral también se sentó en el banquillo la mujer de Rodríguez, pero el fiscal retiró la acusación en sus conclusiones finales. No llegaron al juicio otros dos investigados en la fase de instrucción: el ex gerente Fernando Redondo y una técnica de Asaja.

Junto con la pena de cárcel, Lino Rodríguez fue condenado a devolver a la Junta el importe de la ayuda recibida, así como a una multa de 1.567.007 euros que se transformaría, en caso de insolvencia, en un día de cárcel por cada 5.000 euros impagados, con el máximo de un año de duración. A todo esto se sumó la imposibilidad de acceder a ayudas públicas y beneficios fiscales, o de la Seguridad Social, durante 4 años y medio. La Audiencia provincial ratificó en su integridad esta condena a finales de noviembre y el abogado de Rodríguez solicitó entonces en indulto y presentó recurso de amparo al Tribunal Constitucional al entender Lino que le falsificaron la firma y además el juez denegó la realización de una prueba caligráfica.

Otro proceso en curso

El de las facturas falsas no es el único caso procesal en el que está inmerso Lino. El Juzgado de Instrucción 5 abrió investigación, en un auto del pasado 18 de marzo contra Rodríguez, su mujer Ana de la Fuente, Fernando Redondo y Gerardo Rico al estimar que pudieron incurrir en los delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida y falsedad.

Se trata del caso central de su actuación presuntamente irregular al frente de la OPA (1990-2016) por aprovecharse de los cuantiosos fondos europeos consignados para cursos de formación y que acabaron en beneficio propio y de otros miembros del staff de Asaja Valladolid. Un caso que trascendió a la opinión pública por el despilfarro de las tarjetas black de Asaja en restaurantes, clubes, adquisición de inmuebles, amortización de préstamos o compras de ropa de lujo.