La Fiscalía investiga un brote de legionella en el Clínico de Valladolid y subcontrataciones de médicos sin MIR en Zamora
El Defensor del Paciente denunció los hechos ante la Fiscalía Superior de Castilla y León, que a su vez los notificó a los organismos judiciales homólogos en ambas capitales al ser de su competencia
-PABLO REQUEJO / PHOTOGENIC
La Fiscalía ha procedido la apertura de diligencias de investigación sobre la aparición de un brote de legionella en el Hospital Clínico de Valladolid y la realización de subcontrataciones de médicos sin MIR en la provincia de Zamora. En ese sentido, la actuación judicial se lleva a cabo por si los hechos denunciados por la Asociación El Defensor del Paciente fueran constitutivos en el primer caso de un delito contra las salud pública y de intrusismo en el segundo, informa Ical.
Las dos denuncias fueron efectuadas ante la Fiscalía Superior de Castilla y León, que indicó que procede la remisión de las denuncias presentadas a las Fiscalías Provinciales de Valladolid y Zamora, por ser a las que corresponde su conocimiento. "La competencia para la actividad investigadora del Ministerio Fiscal viene determinada por la competencia de los órganos jurisdiccionales ante los que está legitimado para actuar", explicó el organismo judicial.
La asociación denunciante remitió a la Fiscalía un primer escrito pidiendo intervención ante la noticia de la aparición de un brote de legionella en el Hospital Clínico de Valladolid. Su objetivo se centra en conocer si se habían tomado medidas para informar a Medicina Preventiva y a la Sanidad de Castilla y León, en particular en Valladolid, "e igualmente la depuración de las responsabilidades de quienes están provocado esa situación, por acción u omisión, que entendían constitutiva de delito contra la salud pública".
Además, desde el Defensor del Paciente se remitió un segundo eescrito a esta Fiscalía pidiendo intervención urgente ante la noticia de posibles subcontrataciones de médicos sin el MIR en la provincia de Zamora. En este sentido precisó que "puede haber pacientes en peligro, ya que no tienen el conocimiento ni la preparación para atender a pacientes y lo que es aún peor, se incumple la ley y los que aceptan este contrato están ejerciendo de forma ilegal", lo que, a juicio de la asociación, podría constituir delito de intrusismo.