Morchón justifica el millón en casa: «Era para mis hijos el día de mañana»

El dueño de Grupo El Salvador, Ignacio Morchón Alonso, negó en la declaración judicial previa a su ingreso en prisión que alguien de su familia o plantilla hubiese realizado cambios de ataúdes, ya que solo atribuyó esta acusación a la fantasía del ex trabajador Justo M.G. que trató de extorsionarle, y restó trascendencia a que la Policía encontrase 982.000 euros en billetes de 20 en su domicilio.

«¿Cómo no iba a saber que estaba esa cantidad?», inició su justificación. «Ese dinero lo tenía para dárselo a mis hijos el día de mañana», explicó el empresario de 74 años en la declaración que realizó el sábado 2 de febrero, 48 horas después de su detención.

El empresario de Torrelobatón achacó en todo momento la puesta en marcha de la ‘Operación Ignis’ a la venganza de Justo M.G. por no haber accedido a su extorsión. Este ex empleado se jubiló a principios de 2015 con 65 años de edad después de dos décadas en el cementerio de Santovenia. Inicialmente en labores de recepción de visitantes y control de sepulturas. Posteriormente, como encargado del servicio de incineración de cadáveres.

Según Morchón, los embates del empleado ocurrieron antes incluso de su fecha de jubilación, cuando a la desesperada, inició un envío de misivas amenazantes. «Antes de esas cartas, en el cementerio, ya me amenazó (diciendo) que ganaba muy poco sueldo antes de jubilarse, que por qué no le subía la nómina. Y yo le contesté: ¿Y eso por qué? ¿Por qué voy a tener que darte un dinero, si he pagado tus sueldos. Has venido a mi casa, has trabajado, te he pagado y se acabó», declaró Morchón reproduciendo las palabras que dirigió al ex trabajador.

Pero éste no se arredró. «Si no es por ahí, ya te lo sacaré por algún sitio», porfió Justo M.G., según declaró el dueño de la funeraria en su comparecencia judicial a la que tuvo acceso Antena 3. Y lo hizo. Bajo la amenaza de que lo denunciaría en Fiscalía, le pidió una «gran cantidad». Pero Morchón no pasó por el aro y, harto de los chantajes, a través de su Ignacio, denunció el 2 de agosto de 2017 en Comisaría el chantaje y las cartas amenazantes.

La declaración de Morchón antes de ser enviado a prisión sin fianza, se centró también en negar los cambios de ataúd. Y lo explicó insistiendo en que nadie ayudó a Justo M.G. y en que las familias están, en la mayoría de casos, siempre en contacto con los féretros hasta el horno.

«¿Lo hizo en solitario? ¿Si nadie le ayuda, cómo va a sacar él solo el cadáver de una caja para meterlo en otra? Lo que digo es que si alguien le ayudó, que lo demuestre. Yo no puedo llevar un muerto sin la autorización de la familia. ¿Cómo lo voy a hacer si tengo a la familia hasta última hora, hasta que se mete en el horno, que lo tengo conmigo?», clamó Morchón.

El empresario añadió el argumento de una nula ganancia si hubiese realizado estas prácticas. «No merece la pena. Un ataúd me cuesta ahora 100 euros, ¿Para qué quiero luego el ataúd?Esos ataúdes se quemaban. ¡Casualmente el negocio nuestro está en vender ataúdes!», insistió Morchón.

Apelación de Laura

El dueño del Grupo El Salvador, permanece un mes después de las detenciones en el centro penitenciario de Valladolid. Con él está su hijo Ignacio, de 47 años, director gerente de la sociedad Parque El Salvador SL. Este último cumple prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros, pero, según manifestó su abogado, Guillermo Ruiz, no está dispuesto a hacer este depósito mientras su progenitor esté en prisión, ya que quiere permanecer a su lado.

La tercera encarcelada es Laura, de 33 años. Inicialmente la juez le impuso una fianza de 800.000 euros para recobrar la libertad. Posteriormente fue rebajada a 400.000 euros, pero su abogado no está de acuerdo. Hace tres días presentó ante la juez de Instrucción 6 que investiga el caso un recurso de reforma y, subsidiario de apelación, para que sea puesta en libertad sin pago de fianza alguna.

El letrado Ruiz Blay expone que no está acreditado que conociera la supuesta trama de cambios de féretros, ya que «ni los autos anteriores ni la instrucción de más de un año de duración recogen indicio incriminatorio alguno», recuerda.

Inquiere también el abogado que su actividad en el tanatorio era «echar una mano como hace todo hijo que ayuda en el negocio familiar», tal como expusieron trabajadores del grupo que la conocen por ser «la hija del jefe», porque «en verano hacia la sustitución en recepción» y «a veces el cierre de caja de cafetería». El tercer argumento es que, a su juicio, la juez está «monetizando» la libertad de Laura, que ni tiene bienes, ni presenta riesgo de fuga, sin olvidar que, en su caso, no pesa la «gravedad» de un delito.