Juicio en junio para los 4 únicos acusados del caso PGOU tras denegar la Audiencia la nulidad
La cúpula de la concejalía de Urbanismo en el año 2003 vuelve al banquillo tras 11 años de instrucción después de que el pasado mes de octubre se declararán prescritos los delitos para otros 10 encausados
García de Coca, izquierda, junto a su abogado y el resto de letrados y acusados durante l a vista celebrada en octubre.-J. M. LOSTAU
Los cuatro únicos acusados que seguían como tales por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, del año 2003 volverán al banquillo de la Audiencia Provincial en junio -el 12 es la fecha más probable- tras ver rechazada la nulidad de actuaciones solicitada por sus defensas. Los cuatro, el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, el exjefe del servicio de Urbanismo de la época, Modesto Mezquita, y el exjefe de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, eran los únicos que estaban pendientes de la decisión de la Audiencia, después de que el pasado mes de octubre la Sección IV de lo Penal declarara prescritos los delitos que se les imputaban a los otros diez encausados, prescripción confirmada luego por el Supremo.
Los 10 que se cayeron del caso después de 10 años de instrucción eran los presuntos beneficiarios de
la manipulación de planos y mapas del PGOU para aumentar la edificabilidad de algunos terrenos y cambiar el uso de otros y así obtener mayores rendimientos.
No corrieron la misma suerte los representantes de la cúpula de Urbanismo de 2003. En su caso, los delitos que se les imputan, falsedad en documento oficial y prevaricación, por los que la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para cada uno de ellos además de diferentes periodos de inhabilitación, no habían prescrito, pero todos solicitaron la nulidad de las actuaciones al considerar que no se les remitió toda la información necesaria sobre el PGOUpara fundamentar sus defensas y, en consecuencia, alegaron que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Cinco meses después de la suspensión de aquella primera vista, los acusados fueron convocados ayer a la Audiencia para comunicarles la decisión sobre las cuestiones previas planteadas por sus letrados. El presidente de la Sección IV de lo Penal, José Luis Ruiz Romero, pese a reconocer la existencia de algunas anomalías en el envío de información o el traslado tardío de algún informe policial rechazó que esta circunstancia haya provocado indefensión y, por tanto, sea motivo para anular el juicio.
«Se trata de irregularidades que no son invalidantes», apuntó el presidente de la sala, quien en el caso de la documentación aún no entregada a los defensores -12.000 folios y 1.800 planos- explicó que no estuvo a disposición de su tribunal hasta el 26 de septiembre de 2018, informa Europa Press.
El tribunal acordó también que las defensas de los acusados puedan consultar durante dos meses, hasta el día 27 de abril, todo el expediente que tienen a su disposición en secretaría, al tiempo que da de plazo a todas las partes, las acusaciones pública y popular, esta última ejercida por la Federación de Vecinos ‘Antonio Machado’, y las defensas, para que antes del día 18 de marzo presenten sus nuevos escritos de calificación y puedan «aquilatar pruebas pero no plantear nuevas», es decir, renunciar a aquellas que estimen pertinentes habida cuenta de que el banquillo ya no lo ocuparán catorce personas sino únicamente cuatro.
El letrado de la acusación particular, Carlos Castro, señaló que «lo importante es que se celebre el juicio ya» y recordó que ya va para 11 años el tiempo transcurrido desde que se denunciaron los hechos.