Las pruebas indican que la estafa de los ataúdes se prolongó 20 años y son miles los afectados

El ‘cambiazo’ de los ataúdes caros por otros más baratos antes de la incineración para revender luego los primeros era una práctica sistemática en los crematorios del Camino del Cementerio y de Santovenia de Pisuerga, ambos del Grupo El Salvador, que podría remontarse a 1995 y haberse prolongado hasta 2015: durante veinte años.

Esta es la línea de investigación que sigue la Policía y que ayer desvelaron la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el jefe superior de Policía de Castilla y León, Jorge Zurita, en una comparecencia ante la prensa de lo más concurrido . ¿Por qué se establece el año 1995 como punto de partida? «Hay documentos y pruebas», aseguró Zurita, sin especificar más, aunque no descartó que empezara antes. Será, en todo caso, unas de las cuestiones por aclarar tras la operación policial del jueves.

En consonancia con tan largo periodo de tiempo con esta actividad fraudulenta, los afectados serían miles y el volumen de la estafa ascendería a varios millones de euros. ¿Cuántos miles y cuántos millones? El número de afectados y el importe son otras dos de las incógnitas por despejar, si es que se puede llegar a precisar en cuántas incineraciones se produjo el cambio de féretro o si fue en todas, en la compleja investigación que hay por delante.

Conscientes de la alarma social provocada a raíz de destaparse la presunta estafa, la delegada y el comisario comparecieron para evitar las especulaciones que siempre suscita un asunto tan sensible para los ciudadanos y avanzar algunos datos, no muchos, que plantear nuevos interrogantes.

Aunque muy cautos ambos ante un proceso de análisis que se avecina largo, de meses, hasta desentrañar toda la documentación, incluidos los libros de registro de la empresa, y los 8 ordenadores incautados en la operación del jueves, la Policía parece contar con pruebas que apuntalan la comisión del delito de estafa continuada y la existencia de una estructura criminal organizada en el Grupo El Salvador para lucrarse con esta práctica. Falta por saber, y ésta es otro de los misterios por desvelar, el reparto de papeles en esta estructura. La delegada del Gobierno elogió el trabajo de la Policía y de la Agencia Tributaria, cuya delegada en Castilla y León, Georgina de la Lastra, asistió también a la comparecencia, para «desenmascarar» a los presuntos autores de una estafa «que toca la fibra sensible de los ciudadanos porque la misma se producía en momentos en que las personas son más vulnerables pues están dando el último adiós a sus seres queridos».

Fueron 76 los funcionarios que participaron en la operación ‘Ignis’, entre agentes del Cuerpo Nacional de Policía y personal de la Unidad de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6, para llevar a cabo los siete registros practicados de forma simultánea tanto en las dependencias de la empresa como en domicilios particulares.

A las nuevas revelaciones se sumó ayer una nueva detención, la de un trabajador que el jueves no se encontraba en Valladolid, con lo que son ya 15 los presuntos implicados, todos ellos pendientes de pasar hoy a disposición judicial.

Barcones aclaró que entre los 15 detenidos, 13 hombres y dos mujeres , se encuentran los propietarios del Grupo El Salvador y trabajadores de la empresa. Un tercio son directivos del grupo y el resto empleados, según la proporción que estableció el jefe superior de Policía. Fue en el domicilio del máximo responsable de la empresa donde la Policía se incautó de 961.785 euros en metálico.

La delegada del Gobierno confirmó que el hilo del que empezaron a tirar nace del proceso judicial entablado en 2017 entre el Grupo El Salvador y uno de sus empleados, que habría intentado extorsionar a la empresa a cambio de no revelar ciertas prácticas irregulares, todo indica que en alusión a los cambios de féretro. Según explicó la empresa en un comunicado emitido el mismo día de practicarse los registros, el empleado resultó condenado por extorsión y en la sentencia se exoneró al Grupo El Salvador de cualquier práctica irregular.

Pero el caso no se cerró y el juzgado prosiguió con la investigación hasta culminar con la intervención policial del pasado jueves. De hecho, el jefe superior de Policía de Castilla y León precisó que la operación Ignis forma parte de una de las piezas separadas abiertas por el juzgado, pero matizó que «hay varias (piezas separadas)» y advirtió de que «queda por delante una tarea minuciosa y prolongada en el tiempo que llevará meses».

Sobre el ‘modus operandi’ de los implicados en esta presunta estafa, fue la delegada del Gobierno la que explicó que la actuación más «probable» consistía en «proceder al cambio de féretro antes de la incineración» para sustituirlo por otro de menos valor y confirmó también que esta práctica se realizaba también «con las coronas y los adornos florales».

Añadió que este proceder se circunscribiría en principio a los crematorios del tanatorio que se encuentra en el Camino del Cementerio y al que el grupo tiene en Santovenia de Pisuerga, si bien también se investigará si en algunas de las dependencias funerarias que tiene El Salvador en la provincia se ha producido alguna irregularidad.

La empresa se constituyó en 1985, diez años antes de que empezarán las presuntas prácticas delictivas que son objeto de investigación ahora, y cuenta con otros cuatro tanatorios en la provincia: en Medina de Rioseco,Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, este último inaugurado el pasado año. La operación policial de ayer se limitó, sin embargo, a las dos sociedades mercantiles que tiene el Grupo El Salvador en la capital vallisoletana.

También desde 2015 se encarga de la gestión pública de tanatorio de Montemayor de Pililla. Su política de expansión llevó a este grupo a presentar un proyecto de tanatorio para Olmedo, pero el ayuntamiento de este municipio no concede, por ahora, licencias para este tipo de instalaciones.

Con una plantilla de 70 personas, en la portada de su web se explica que el objetivo es abarcar todo el proceso de defunción, desde la prestación del servicio funerario hasta la gestión en su propio cementerio, en Santovenia, o facilitando la concesión administrativa en otros cementerios públicos.

A pesar de la investigación abierta y de la detención de la cúpula del grupo funerario, la delegada del Gobierno en Castilla y León anunció que no se clausurarán los tanatorios y la empresa podrá seguir operando dado que se trata de un servicio importante.

De hecho, en el caso de cerrarse los tanatorios del Grupo El Salvador -el mayor es el del Camino del Cementerio y cuenta con 15 salas- es posible que se produjera un colapso en el sector de las pompas fúnebres de la capital.