El juez manda a la cárcel al dueño de la funeraria El Salvador y a su hijo por la estafa de ataúdes
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid deja en libertad con cargos al resto de 13 detenidos / A todos los acusa de estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal
Agentes de la Policía investigan una posible estafa en tanatorios de Valladolid por cambios de los ataúdes antes de las incineraciones-ICAL
El juez que investiga el caso de la estafa de ataúdes de la funeraria El Salvador de la capital vallisoletana envía a la cárcel, comunicada y sin fianza, al dueño de la misma y a su hijo, para que el que fija una fianza de 800.000 euros.
Mientras, el Juzgado de Instrucción nº 6 de Valladolid acuerda la libertad provisional de 13 detenidos en la operación por presuntas prácticas irregulares en la empresa funeraria El Salvador. A todos ellos se les acusa de los delitos continuados de falsedad y estafa, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.
Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.
El juzgado investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían.
Las diligencias tienen su origen en 2017. En el marco de esta investigación, el pasado jueves la Policía Nacional practicó por orden judicial siete entradas y registros en domicilios particulares y empresas de la capital y de la localidad de Santovenia de Pisuerga.
Tras dichos registros, el Juzgado acordó levantar el secreto en la pieza principal. Se mantiene secreta una pieza separada.
Dentro de la operación se están investigando hechos producidos desde 1995 a 2015 y se esperan nuevas detenciones y más registros al estar en la fase inicial de la investigación. Tampoco se descarta que tras el estudio de los cerca de ocho metros cúbicos de documentación incautada se pueda ampliar el periodo de análisis.