El Plan de choque de las cláusulas suelo amplía a cuatro el número de jueces

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha metido la quinta marcha en su plan de choque para agilizar las demandas de cláusulas suelo en Valladolid y creado, tan solo en el plazo de un mes, dos plazas de juez de refuerzo que se sumana a las dos existentes en el Juzgado de Primera Instancia 4, de forma que ahora ya son cuatro los jueces que se dedican a estos asuntos.

Valladolid acumula en la actualidad más de 5.000 demandas de cláusulas suelo presentadas y sigue recibiendo una media de 300 al mes, lo que estaba provocando una demora de dos años hasta una sentencia. El nuevo equipo tiene la misión encomendada de reducir esos tiempos y para ello se ha implementado otra novedad: gran parte de los juicios se celebran desde fechas recientes en las salas de lo Civil del edificio de la Audiencia Provincial, aunque las salas de Nicolás Salmerón mantienen otra cuota de vistas para estos asuntos.

Las dos últimas jueces incorporadas son de las llamadas de Adscripción Territorial (JAT), sin un destino fijo en un juzgado, y que se adscriben a órganos según las necesidades más perentorias que detecte la Sala de Gobierno del TSJ. Una de ellas tomó posesión a finales de diciembre y la última el pasado 11 de enero.

«Acaban de incorporarse y es obvio que no se van a ver los resultados no son llamativos a corto plazo, pero sí se notará en el plazo de seis meses, porque es lo que buscamos. Se requiere un tiempo para ver una evolución positiva», afirmó el presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, muy satisfecho por los refuerzos.

Trebolle explicó que el mayor interés es «agilizar» el señalamiento de los juicios y las «resoluciones que se adopten». «Tomamos esta medida viendo que existían 5.000 demandas en un órgano con un solo juez, y hemos conseguido un refuerzo de otros tres», resaltó.

«Cuando acaben su función de dar salida al gran número de demandas de cláusulas suelo, irán a otro destino», concluyó el presidente de la Audiencia.

La primera decisión de choque del Ministerio fue la creación del Juzgado de Primera Instancia 4 Bis en junio de 2017 para especializarse en la ‘avalancha’ de cláusulas suelo. A fecha de 31 de diciembre de 2017, el Juzgado 4 Bis casi muere aplastado bajo la pirámide de expedientes generados en el semestre: 3.200 demandas. Ya a primeros de noviembre de 2017, eran 2.151 asuntos ingresados, más de la cuarta parte de toda la Comunidad, con 64 vistas celebradas y 92 sentencias (el 4,3% sobre los casos ingresados).

ALUVIÓN DE DEMANDAS

Este desaforado aluvión de reclamaciones contra las envenenadas y subliminales cláusulas abusivas de los bancos, llevó al Ministerio a dar una vuelta de tuerca más para tramitar las demandas.

Así, decidió que, desde el 1 de enero de 2018 el Juzgado 4 Bis, se centrase en dar salida únicamente a las 3.200 demandas de cláusulas suelo ingresadas y que, desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia 4 se dedicase a tramitar las que entraran. Es decir, sobre el papel, dos juzgados volcados en las cláusulas suelo.

Pero el refuerzo no funcionó plenamente en 2018, porque la entrada de asuntos siguió disparada, con 2.022 demandas más hasta el 31 de julio, lo que hacía un total de 5.222 asuntos con un ritmo de resoluciones muy por debajo de lo normal.

El sector de Justicia de CCOO criticó ya en verano pasado que los remedios aplicados en Valladolid fueron «insuficientes», ya que entendía que no se podía hablar de dos juzgados específicos, sino de uno sin personal propio consolidado (4 Bis)y otro, completo de plantilla, pero que debía simultanear las ‘cláusulas suelo’ con otros casos que ya arrastraba antes de asumir nueva especialidad y que estaban pendientes de juicio y sentencia.

Por fortuna, sus protestas –apoyadas por el juez decano y el Defensor del Pueblo–, se escucharon y el 19 de diciembre de 2018 la Comisión Permanente del CGPJ aprobó la renovación del plan de especialización que afecta a 55 juzgados de primera instancia de toda España, entre ellos, nueve de Castilla y León, para que gestionen de forma exclusiva y según los casos también excluyente, los asuntos que se refieren a cláusulas abusivas.