Trabajo tumba el convenio hostelero
Rechaza su inscripción al no poder identificar una firma de las actas ni acreditar la representatividad de las partes / Tras un año de reuniones, condena a patronales y sindicatos a empezar de cero la negociación del marco laboral
Representantes sindicales se concentran a las puertas del Concurso Provincial de Pinchos, el 7 de noviembre.-ICAL
La Oficina Territorial de Trabajo (OTT) de Valladolid no inscribirá en el registro el convenio del sector hostelero que los sindicatos y la Asociación de Hoteles pretendían sacar adelante pese al desacuerdo de la Asociación Provincial de Hostelería, la Apeh. En una resolución fechada este jueves, la autoridad laboral rechaza la publicación del documento, una decisión insólita porque lo habitual es que proceda con normalidad a la inscripción en el registro. Suele ser un mero trámite.
Las razones de Trabajo para echar para atrás el documento son dos. La primera, la imposibilidad de haber podido identificar una de las firmas contenida en la polémica acta de constitución de la mesa negociadora. La segunda, que no ha recibido datos que acrediten la representatividad de las partes para sentarse a negociar las subidas salariales de los trabajadores.
La subsanación de ambas deficiencias había sido solicitada por la Oficina de Trabajo a la mesa negociadora en un requerimiento comunicado el 26 de noviembre. Los destinatarios disponían de diez días hábiles para facilitar esa información. El plazo venció este martes, 11 de diciembre, sin que se enviara esa documentación.
Ante este ‘silencio’, la Oficina de Trabajo no ha tardado ni dos días en redactar su respuesta. El jueves por la tarde los sindicatos recibieron la nueva resolución, que pone fin a un año de encuentros y encontronazos entre la patronal hostelera y los representantes de los trabajadores y de los grandes hoteles.
Aunque en su último requerimiento Trabajo advertía de que trasladaría el conflicto al Juzgado de lo Social en caso de que las dudas sobre la firma y la representatividad no se «despejaran en sentido positivo», finalmente no ha cumplido esa amenaza. La autoridad laboral se ha servido de esa ‘no respuesta’ para zafarse de la ‘patata caliente’, dando carpetazo a un espinoso asunto con cruce de intereses y presiones a favor o en contra de la publicación del convenio.
El ugetista Héctor Yágüez Martín, destinatario de las comunicaciones de la OTT al ser este representante sindical quien registró la solicitud de registro del convenio, argumentaba esta semana que no habían contestado porque los servicios jurídicos de los sindicatos estaban escrutando el requerimiento. Aun consciente de que el plazo para responder había expirado, su intención era convocar «pronto» a la mesa negociadora para recabar los datos de representatividad de las partes y remitirlos a la autoridad laboral, aseguró confiando erroneamente en la «flexibilidad» de la Oficina de Trabajo con los plazos establecidos.
La ágil respuesta de la OTT ha cambiado el escenario. Y el desaguisado no encamina sus pasos hacia los juzgados. Al menos no de momento. Ya sabemos que no será la autoridad laboral quien lo traslade de oficio. Otra cosa es que los sindicatos o la asociación de hoteles decidan tarde o temprano emprender esa vía. Eso está por ver.
Antes de llegar a eso, el primer paso sería interponer contra la resolución de Trabajo un recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Secretaría General de la Consejería de Empleo que encabeza Manuel González Rojo.
Si, por el contrario, las partes prescinden de la vía judicial, el escenario que se plantearía sería empezar de cero las negociaciones dando por enterrado el último año de contactos para redactar un convenio que sustituya al anterior, caducado desde el 31 de diciembre de 2017. Es decir, cuando se aprueben las subidas salariales –sean las que sean– serán de aplicación desde el 1 de enero de este año, lo que obligará a las empresas a pagar los retrasos salariales acumulados desde entonces.
En los fundamentos de derecho de la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, la Oficina Territorial de trabajo precisa que es su potestad requerir la subsanación de errores en la solicitud de depósito de un convenio cuando perciba que «no reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente». Y apostilla que así lo solicitó, primero el 27 de septiembre, tras comprobar que –entre otras deficiencias– faltaba una firma en el primer acta, al contener sólo tres rúbricas siendo cuatro la partes sentadas a la mesa.
Entonces, los sindicatos sí atendieron el requerimiento de la autoridad laboral y presentaron de nuevo aquel documento, esta vez firmado por las cuatro partes. Pero ya no se trataba del original –que, según las centrales, no obraba en su poder y acusaban a la Apeh de tenerlo ‘secuestrado’– sino de una fotografía del acta primigenia.
Tras examinar esa documentación, Trabajo reclamó que se identificara con nombre y apellidos al autor de ese cuarto ‘garabato’. Es sabido por las partes que esa firma corresponde a la entonces tesorera de la asociación hostelera, Ana Hernantes (dimitió meses más tarde, en noviembre, en el marco de la batalla interna desatada en el seno de la Apeh) que en enero rubricó el documento como representante de la patronal de la hostelería vallisoletana. Pero nadie se lo ha comunicado formalmente a la OTT porque ese requerimiento quedó sin contestar.
Tampoco las partes han esclarecido si son competentes para sentarse a negociar un convenio general que sería de aplicación obligatoria para todas las empresas del sector en la provincia, ya que no se han enviado sus respectivos porcentajes de representatividad. Al requerir esta información, la Oficina de Trabajo buscaba verificar, según consta en el escrito, si la patronal cumplía con los mínimos que establece el Estatuto de los Trabajadores. En concreto, estipula que están legitimados para negociar un convenio sectorial las asociaciones que cuenten con el 10% de los empresarios (siempre y cuando den trabajo al mismo porcentaje de profesionales) o que ocupen al 15% de los empleados afectados.
Al no ver atendidas sus demandas de información, la OTTemite su resolución tras entender que el plazo para subsanar las deficiencias «ha transcurrido ampliamente».
En su resolución, acuerda textualmente «tener por desistida a la comisión negociadora del convenio del sector de hostelería de la provincia de Valladolid, de su solicitud de inscripción, depósito y publicación del citado convenio en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo», según consta en el documento firmado por la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid.