Dimite la tesorera por ‘discrepancias legales y morales’ con la presidenta de hostelería de Valladolid

La polémica gestión en torno a la negociación del convenio colectivo ha llevado a la implosión de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (Apeh):dos miembros de su junta directiva acaban de dimitir, una de ellas lanzando graves acusaciones contra su presidenta, María José Hernández.

Se trata de la tesorera, Ana Hernántes, que renuncia a formar parte de la junta directiva tras «observar más de una irregularidad» desde junio de 2017, que es cuando tomó las riendas la actual presidenta. En su carta de dimisión, –un correo electrónico fechado el 5 de noviembre y al que ha tenido acceso este periódico– la hasta ahora responsable de las cuentas de la asociación alega «discrepancias morales y legales» con las personas «que dicen representar y presidir dicha asociación».

En su escrito argumenta que durante el último año y medio la junta directiva «se ha vuelto, cuanto menos, secretista y de dudoso carácter legal». «Se informa de lo que se quiere a quien se quiere», asevera al denunciar falta de transparencia con los miembros de la agrupación. Llega, incluso, a acusar al equipo directivo de hacer «un uso indebido de los estatutos y del poder que le otorgan [...] los asociados».

En este contexto, se desmarca de la postura oficial emitida desde la patronal hostelera. «No me hago responsable de los comunicados que esta Asociación está dando a la prensa», apostilla. Según ha «podido observar», se están atribuyendo «afirmaciones» a los socios y a la junta directiva, poniendo en su boca cuestiones que «ni si quiera se han hablado en las reuniones». «No se les está informando de nada real», asegura al lamentar que tampoco se haya convocado una asamblea de socios «urgente» para explicar de primera mano la evolución de los acontecimientos en torno a la negociación del convenio colectivo, cuyo acuerdo encalló el pasado mes de marzo y que desde entonces mantiene enfrentada a la Apeh, por un lado, con los sindicatos y la Asociación de Hoteles, por otro.

El último episodio del culebrón gira en torno al acta de constitución de la mesa negociadora, un papel necesario para que la Oficina de la Inspección de Trabajo registre el convenio colectivo. Comisiones Obreras y la UGT acusan a la asociación de hostelería de mantener ‘secuestrado’ ese documento para ‘torpedear’ la entrada en vigor del acuerdo laboral, llamado a actualizar los salarios de los 10.000 trabajadores del sector en la provincia.

Por otro lado, la propuesta de la Apeh pasa por firmar un nuevo acta donde se especifique la representatividad de cada parte. Pero las centrales sindicales ven en esta postura una estrategia para anular las negociaciones desarrolladas hasta ahora y enterrar un acuerdo que contempla subidas salariales del 3,4%, el doble de lo que planteaba la patronal hostelera.

En este contexto, los sindicatos han decidido llevar el convenio a Trabajo aportando una fotografía del acta en liza, con la esperanza de que sea admitido por parte de los inspectores para proceder al registro del nuevo marco laboral.

Ésta es la última acción de los sindicatos después de que la Apeh se negara a entregar el acta en el Serla el día 2 de noviembre, tal y como había acordado la junta directiva en una reunión celebrada dos días antes, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones. Esa semana fue cuando cayeron las gotas que colmaron el vaso.

Según explica Hernántes en su carta de dimisión, los representantes de la asociación tomaron una decisión «que va en contra» de la decisión adoptada el 31 de octubre en una junta urgente. «Por lo tanto, no me hago responsable ni civilmente ni económicamente ni legalmente de nada de lo que haya podido pasar o pase desde el cierre de dicha reunión», advierte en su escrito la tesorera saliente.

La otra ‘guinda’ para la dimisionaria fue que la «hicieran firmar» un supuesto «papel de confidencialidad» en ese encuentro del 31 de octubre. «No me hago responsable de mi firma en dicho papel», advierte al cuestionar unos cauces «seguramente ilegales» para rubricar un documento que los asistentes no pudieron siquiera leer porque se entregó sin previo aviso, «a última hora» en el momento de la salida de la reunión, «con prisas y urgencias».

La dimisionaria Ana Hernántes, que llevaba un lustro implicada en la asociación (ya ejercía de vocal en la anterior directiva del expresidente Jaime Fernández) formaba parte de la mesa negociadora del convenio desde su constitución.

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería rechazaron ayer hacer declaraciones sobre las dimisiones ni explicar cómo se va a proceder para sustituir a ambos cargos. «Es una cuestión interna», sostienen al responder que esas decisiones «se tomarán cuando se reúna la junta», aunque de momento no «está prevista» ninguna reunión.

Tampoco ha querido dar detalles José Fuentes, el otro de los catorce vocales que ha formulado su dimisión del equipo directivo, según las fuentes consultadas por este periódico.

El convenio colectivo, tal y como quedó redactado en el preacuerdo, contempla unos incrementos en las nóminas que deberán aplicarse en todo caso con carácter retroactivo, porque el nuevo marco salarial debería regir desde el pasado 1 de enero. Por ejemplo, los camareros y cocineros (la categoría más abundante del sector, que concentra el 75% de los empleos) pasarían de la horquilla 939-1.114 euros de la actualidad a los 1.171-1.210 euros brutos mensuales que alcanzarían en 2022.

Incrementos más abultados estipula para las camareras de piso de los hoteles, cuya nómina ronda ahora los 909-1.028 euros brutos y pasarían a ingresar 1.158 euros en la mensualidad en cinco años. Esta categoría es la que gozaría de la mayor subida, situándose ligeramente por encima de los ayudantes de camarero y de cocina.