Diario de Valladolid

SALAMANCA

El expolio del Archivo que no cesa

Gobierno y Generalitat, de nuevo con Carmen Calvo en el Ejecutivo, negocian el envío «ilegal» de 43.000 legajos sin haber devuelto los 400.000 que Cataluña mantiene «indebidamente» en su poder

-ALBERTO CUÉLLAR

-ALBERTO CUÉLLAR

Publicado por
Mar Peláez

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Los ‘papeles de Salamanca’ vuelven, al parecer, a convertirse en moneda de cambio político. La reunión mantenida esta misma semana entre el ministro de Cultura, José Guirao, y la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Laura Borrás, sirvió para ‘descongelar’ las relaciones entre ambas administraciones y abrir la puerta a la salida de otros 43.000 documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca con destino a Cataluña.

Y es que tras ese encuentro se anunció que el próximo mes de noviembre se reunirá la Comisión Mixta de la Memoria Histórica –órgano creado en la Ley de 2005 y en el que están representadas sólo el Gobierno y la Generalitat– para resolver los temas pendientes en torno a los ‘papeles de Salamanca’. Ya adelantó el ministro que la reunión se mantendrá bajo la premisa de que «no será problemático de resolver» y que se trata «más bien de un tema técnico, que en algún momento se atascó por cuestiones políticas».

La posibilidad de que se produzca un nuevo «expolio» de documentos, pactado entre el Gobierno central y la Generalitat, ha soliviantado al presidente de la Asociación ‘Salvar el Archivo’, Policarpo Sánchez. «El envío es ilegal», sostiene, mientras advierte al ministro de que si pacta la salida «cometerá un delito» si se «pliega a un nuevo intento de extorsión por intereses partidistas» a cambio «de apoyos para aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez».

Frente a esto, exige al Gobierno que «lejos de entregar a Cataluña nuevos documentos de forma ilegal, reclame a la Generalitat el cumplimiento de la Ley y de las sentencias y que devuelva los 400.000 documentos que se expoliaron», desde aquella primera salida en 2006, y que mantiene Cataluña indebidamente en su poder sin pertenecerle». Para ello, ‘Salvar el Archivo registrará en el Ministerio de Cultura esa petición formal el próximo 7 u 8 de noviembre, después de que el Gobierno desoyera una solicitud similar realizada en junio de este año.

De producirse este «nuevo saqueo», Policarpo Sánchez anuncia que su organización emprenderá acciones judiciales por la vía civil, para así recuperar los documentos, y acudirá «por la vía penal» contra el propio ministro de Cultura por «aprovecharse de su cargo para entregar a la Generalitat lo que nunca ha sido suyo». «Eso se llama prevaricación», apunta Sánchez.

Y es que tiene claro que «se estaría entregando, hurtando, desviando o desvalijando material con el conocimiento y constancia de que se incumple la Ley y las sentencias judiciales, dictando resoluciones a sabiendas de su injusticia e ilegalidad». De forma previa, ‘Salvar el Archivo’ pedirá el próximo miércoles por escrito al Ministerio una «relación detallada de cada documento». Ese detalle permitiría a la asociación, «si al final se comente la temeridad de enviarlos», acudir al juzgado para pedir medidas cautelares que paralizaran la salida.

Sánchez confía en que el ministro, antes de adoptar cualquier medida, «consulte con sus servicios jurídicos», ya que está convencido de que «ellos le advertirán de que ordenar el envío de documentos supondría la comisión de un delito».

Por de pronto, el ministro deberá comparecer en el Senado para dar explicaciones «sobre los documentos que pretende trasladar del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña», una vez que ayer la senadora de foro Asturias Rosa Domínguez de la Posada registrara ayer en la Cámara Alta la petición de comparecencia de Guirao.

No será el único movimiento que realice la senadora asturiana. Como presidenta de honor de la asociación ‘Salvar el Archivo, registrará la próxima semana una pregunta dirigida directamente al ministro y una moción pidiendo, al mismo tiempo, la devolución de los documentos que «se encuentran indebidamente en Cataluña» y que no se plantee «ninguna salida nueva de papeles».

Sánchez confía en que, de la ronda de contactos que iniciará la asociación la próxima semana con distintos partidos políticos para hacer un frente común «en defensa de la legalidad», Ciudadanos se sume a Foro Asturias y «al Partido Popular».

«PUERTA DE SOL CATALANA»

Para el portavoz de esta asociación que defiende el Archivo, «si no han salido esos 43.000 documentos es porque la ley lo impedía. Si salen ahora es porque hay otros intereses que no es la ley». Y es que se muestra convencido de que «la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez» le llevará a «conceder a los partidos nacionalistas todo lo que quieran; si hace falta convierten la Puerta de Sol encatalana».

A su juicio, la historia se repite: «Zapatero necesitó en su momento los votos de Esquerra para gobernar y pactó la salida de papeles del Archivo de Salamanca. Ahora Pedro Sánchez necesita el apoyo de los partidos separatistas catalanes para gobernar y aprobar los presupuestos, y accederá a lo que le pidan». Entonces era ministra de Cultura la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Policarpo Sánchez insiste en que el envío es «ilegal» porque se trata en su mayoría de documentos que «no tienen propietario, no tienen heredero». «Sus dueños eran organizaciones ya desaparecidas y, por tanto, esos documentos siguen siendo propiedad del Estado, no de la Generalitat», en base a la sentencia del Constitucional.

A esto Cataluña añade la petición de unos papeles referentes al orden público y seguridad ocurridas en aquella Comunidad, «lo que actualmente sería el Ministerio del Interior». Son papeles que, en palabras de Sánchez, tampoco le corresponden «porque la Generalitat no tenía en ese momento transferidas las competencias». «Esa es una documentación del Estado antes y ahora», afirma, al tiempo que recuerda que tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy «entendieron que nunca se podía entregar esa documentación porque nunca fue suya».

El tercer bloque de papeles requeridos ahora por la Generalitat se refiere a documentación municipal. Para Sánchez, no cumple la ley, ya que ésta sólo permitía la salida de documentos de la Generalitat, «no de los ayuntamientos». Pese a todo, Sánchez asegura tener plena confianza en el Estado de derecho, en la justicia. «Creo firmemente que no saldrá ningún papel más del archivo, y que devolverán los 400.000 que tienen de forma ilegal. No pararé hasta conseguirlo».

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