Suspendido el juicio del ‘caso PGOU’ hasta que se resuelva si los delitos han prescrito y se han vulnerado los derechos de los acusados

El tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid decidió hoy suspender temporalmente la vista oral del juicio del llamado ‘caso PGOU’, que investiga presuntas manipulaciones de la cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre 2002 y 2007 en favor de determinado empresarios, hasta resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que coincidieron en argumentar la prescripción de los delitos y en la vulneración del derecho a la defensa por no disponer de la documentación completa de toda la causa y por irregularidades en la instrucción.

La tesis de la defensa, al menos en lo referente a la traslado completo de la causa, fue compartida por el Ministerio Fiscal, que también solicitó al tribunal que devolviera la causa al juez instructor hasta que se hiciera llegar a todos los abogados de los acusados toda la documentación que acompaña al proceso, informa Ical.

No obstante, desde la Fiscalía se rechazó el sobreseimiento del caso por prescripción de delitos, y se planteó que debe ser el tribunal el que lo decida a la hora de dictar sentencia y no al inicio del juicio oral. Además, explicó que se trata de un caso complejo en el que los delitos mantienen relación unos con otros.

Al mismo tiempo, rechazó que sus actuaciones hubieran generado algún tipo de indefensión a los acusados y reconoció que las dilaciones indebidas del proceso será un aspecto que el tribunal deberá tener en cuenta a la hora de dictar la sentencia, pero nunca convertirse en un motivo para anular el caso.

Al igual que ayer en la sesión inicial de la vista oral, los abogados de los acusados criticaron la instrucción del caso y algunos letrados llegaron a calificarla de “cascada de despropósitos procesales”. Uno de los más contundentes fue Juan Manuel García-Gallardo, abogado de José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, que reclamó al tribunal que antes de iniciarse el juicio oral comprobara si todas las partes había tenido traslado completo de la causa, ya que de confirmarse la entrega parcial, el proceso no tendría ninguna validez. “Las acusaciones disponen de documentos fundamentales que nosotros no tenemos”, sentenció.

Por su parte, el abogado de la Federación de Vecinos Antonio Machado, aunque reconoció la existencia de posibles irregularidades durante el proceso de instrucción, aseguró que ninguna mermó el derecho a la defensa, y recalcó que la documentación que se solicita por parte de los letrados de los acusados no influye para nada, además de reprocharles que tardaran 22 meses en formular sus escritos de defensa.

A su vez rechazó la prescripción y argumentó que como se trata de un caso en el que hay delitos en concurso, se debe tomar el de falsedad para fijar el plazo y sus efectos. En este sentido, apuntó que hasta el año 2008 se estuvieron concediendo licencias amparadas en la manipulación que se hizo del PGOU.

Penas

La Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

En cuanto a los empresarios, la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel Marqués de la Ensenada.

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que a los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

Por su parte, la acusación particular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, mientras que también acusa al sacerdote Lino Collazo, entonces responsable de la Fundación Emilio Álvarez.