Blanco afirma que no leyó las cartas y Sánchez se declara «un profano» en materia económica

El exconcejal de Hacienda Alfredo Blanco reconoció que no se leía la documentación previa que se les enviaba antes de la celebración del consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, incluidas las comfort letter, que además de ser «muy voluminosa» ya estaba «avalada», también por «la persona que representaba al Ayuntamiento», en alusión al asesor ferroviario del alcalde, Carlos Baró.

«Votamos a favor porque todas las votaciones pasaron por unanimidad» dijo y añadió que «cuando se llevaban los asuntos al orden del día ya iban hablados y estaban acordados». Su testimonio también estuvo en la línea de lo que declaró en el juzgado. Entonces dijo que los asuntos ya llegaban «cocinados» al consejo de administración, expresión que consideró poco afortunada si bien insistió: «Sabíamos que íbamos a votar a favor, a votar que sí».

Como en el caso del exalcalde, Blanco sostuvo también que pese a ser el responsable de los asuntos económicos como concejal de Hacienda tampoco él sabía lo que era una comfort letter ni nadie les explicó «jamás» para qué servía.

Ante la extrañeza de la fiscal por el hecho de que el responsable de las finanzas municipales no se planteará «qué era eso», Blanco dijo que «por curiosidad» le preguntó a la directora del área por la trascendencia del documento, pero ésta le respondió que dado que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad era una entidad independiente del Ayuntamiento no les correspondía adoptar «ninguna iniciativa». Negó que la comfort letter sea un aval «porque el Ayuntamiento no puede avalar a sociedades mercantiles» ajenas al consistorio.

Blanco se mostró tajante al señalar que mientras él estuvo al frente de la concejalía de Hacienda la firma de las cartas de conformidad «no generó ni un euro ( de perjuicio) al Ayuntamiento y ahora tampoco y es imposible que lo pueda generar». Según su argumentación, Valladolid Alta Velocidad es una sociedad mercantil independiente, ajena al Ayuntamiento y por lo tanto su actividad no puede computar como déficit ni como endeudamiento para las arcas municipales. De hecho, el letrado de Blanco planteó como cuestión previa antes de comenzar las declaraciones la retirada del Ayuntamiento como acusación particular por considerar que no es parte perjudicada.

Tras una breve deliberación, la cuestión fue desestimada por el presidente del tribunal, Feliciano Trebolle. El tercero en declarar ayer, el exconcejal de Urbanismo y Planeamiento Manuel Sánchez, dijo que desconocía la existencia de las tres comfort letter y que nunca habló con León de la Riva de estos documentos. «Yo era un profano en los temas económicos», dijo y añadió que cuando asistía como consejero a los consejos de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad daba por hecho «que todo estaba bien hecho». Añadió que «jamás» intervino en el consejo para hablar de asuntos económicos y su responsabilidad se limitaba al planeamiento y las infraestructuras. «Lo demás lo desconocía», remató.

Tanto para Sánchez como para Blanco, la Fiscalía solicita una condena de 24 años de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.