«Si se declara insolvente pediremos la responsabilidad civil de la Junta»
El letrado de la acusación recuerda que Julia dejó de pagar el seguro en febrero de 2014 y operó hasta agosto de ese año
El principal defensor de los afectados anunció ayer que abrirán un procedimiento administrativo contra la Junta de Castilla y León como responsable subsidiaria de las indemnizaciones, si la condenada, como temen, se declara insolvente. Su argumento es que la Consejería de Cultura y Turismo dejó actuar a Julia María varios meses de 2014, cuando no contaba ni con licencia de actividad ni con seguro.
Alejandrino Francisco puntualizó que ésta es solo una vía contemplada después de agotar la posibilidad de que la condenada pague las indemnizaciones con su patrimonio. «Primero hay que realizar una averiguación patrimonial, y ver el estado de las cargas de los bienes, pero nos da la impresión que va a buscar la insolvencia», indicó.
El letrado aseguró que el pesimismo tiene base, ya que «desde el principio no ha asumido los hechos, no ha aportado cantidades para la devolución y no ha tenido intención de reparar a las víctimas», recordó.
«Estamos estudiando poder desviar la responsabilidad civil subsidiaria a la Junta con un procedimiento administrativo. Muchos de los afectados son de economías precarias y nos preocupa recuperar ese importe», indicó. Y para argumentarlo recordará que la aseguradora Catalana de Occidente inició el 12 de febrero de 2014 el proceso de anulación de la póliza de Julia María después de que ésta no hubiese abonado la prima. Y en paralelo, la Dirección de Turismo inició un proceso para retirarle la licencia, pero la acusada siguió operando y cogiendo depósitos hasta agosto de 2014.
Tal iniciativa puede que no llegue a buen puerto, ya que la Audiencia Provincial desestimó en 2017 la pretensión de que la Junta fuera condenada como responsable civil subsidiaria en el capítulo indemnizatorio, tal y como planteó un acusador particular, tras recordar que las apropiaciones de dinero se produjeron después de que le fuera revocada a Vibolid la licencia como agencia de viajes por parte de la Dirección General de Turismo.
La Audiencia rechazó la medida al recordar que la Junta no era parte en el procedimiento y fuese denegada la apertura de juicio oral frente a ella por auto del Juzgado de Instrucción en 2016.