Un testigo afirma que el ERENle obligó a vender 4 parques eólicos
Asegura que llegó a Castilla y León huyendo de las comisiones de Cataluña y se topó con lo mismo
Imagen de un parqe eólico en Soria.-ICAL
El empresario catalán José María Campos, quien fuera administrador de la empresa Augusta Wind, denunció ayer ante el juez que instruye el caso de la ‘trama eólica’, en el que se investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones de euros a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, que desde el Ente Regional de la Energía (EREN), organismo dependiente de la Junta, le intentaron marcar las pautas de cómo debía desarrollar sus inversiones en el sector eólico.
Campos, que ayer declaró como testigo en los juzgados de la calle Angustias, aseguró en declaraciones a la Agencia Ical que en una reunión mantenida en León con el entonces «número dos» del EREN, Rafael Ayuste Cupido, éste le indicó que para que saliera adelante alguna de las 27 solicitudes de parques eólicos que había presentado en distintos puntos de Castilla y León, debería vender a EYRA los cuatro parques que intentaba poner en marcha en la provincia de Burgos –dos en Las Loras, uno en Páramos y otro en Arroyal–, que eran los que tenían la tramitación más adelantada.
Anuncia su personación
El testigo, que confirmó que se personará en el caso como perjudicado, también explicó que su empresa contaba con socios inversores para hacer frente al coste de las instalaciones, así como con el asesoramiento de la empresa alemana Nordex, grupo especializado en la fabricación de aerogeneradores, por lo que no necesitaba buscar ningún socio nuevo para desarrollar el negocio, informa Ical.
En este sentido, explicó que incluso Nordex se planteó la construcción de una planta de fabricación de aerogeneradores en Palencia, e incluso llegó a adquirir unos terrenos, aunque todo el proyecto se canceló después de que «comunicara a los directivos de Nordex las directrices que me trataban de imponer desde el EREN», aseveró.
El empresario también indicó que a principios de la década de los 2000 y ante el pago de comisiones a los que intentó someterle la Generalitat para desarrollar parques eólicos, decidió trasladarse a Castilla y León, aunque al final, y tras la reunión con el responsable del EREN, decidió salir del negocio a pesar de la millonaria inversión que había realizado durante la tramitación burocrática de los parques.
En la jornada de ayer también declararon como testigos Luis Maria de la Maza, responsable de Gamesa; Dionisio Fernández, consejero delegado de EDP Renováveis, así como dos funcionarios de la Junta. Las declaraciones continuarán la próxima semana con el testimonio de funcionarios de la Junta en la provincia de León.
La instrucción del caso ha pasado de manos de la jueza Verónica María Marcos, que arrancó con las investigaciones, al juez Javier de Blas García, titular del juzgado de Instrucción numero 4.
la denuncia se repite
Lo expuesto ayer por José María Campos coincide con lo que manifestó el empresario berciano Miguel F. Álvarez de Toledo, de Ingeniería Yedra 10, que en la Consejería de Economía le forzaron a vender sus participaciones en una mercantil a una empresa de la trama eólica, fijada por Delgado, muy por debajo de su valor.
El empresario aseguró que las «maniobras» del ex viceconsejero y ex secretario general de Economía, Rafael Delgado, con la autorización de licencias de parques eólicos le supusieron un quebranto de más de quince millones de euros.
Los argumentos de este particular agraviado se sustentan en un memorándum, en un estudio técnico y en un listado de empresas «obligadas a vender» y otro de eléctricas compradoras.
Esta denuncia sirvió para que la Audiencia de Valladolid, el pasado mes de diciembre, aceptase por primera vez que un empresario se presente como acusación particular en la causa, que instruye el juzgado de Instrucción 4. Este juzgado rechazó previamente esta petición que, la institución provincial admitió en respuesta a un recurso de apelación.
La argumentación de la Audiencia Provincial fue clara y en su auto de aceptación del recurso de la sociedad para ser parte en la causa señala que a la luz de los hechos indiciarios existen «elementos suficientes», incluso con el carácter provisional propio de la fase de instrucción, que permiten considerar a Ingeniería Yedra 10 «como parte perjudicada por las maniobras y presuntos actos delictivos de los querellados, que son objeto de la presente investigación».
Tal y como recoge el escrito judicial, Ingeniería Yedra 10, que era socio minoritario de la mercantil Ider, tuvo que vender todas sus participaciones en ésta última por un precio de 860.144 euros, pactándose que adicionalmente la compradora satisfaría una cantidad de 1,4 millones de weuros como ajuste al alza del precio de la compraventa.